Dijo Emiliano García-Page que no había acudido este viernes al palacio de la Moncloa, a reunirse con el presidente del Gobierno, para «sorprender». Porque su posición sobre la financiación singular de Cataluña es conocida. Contraria. Radicalmente contraria. Y se la expuso tal cual al jefe del Ejecutivo en su reunión «cordial» y «fructífera» de casi dos horas, con la advertencia de que el documento pactado entre PSC y ERC no puede servir de «base» para la negociación del nuevo modelo de financiación. Que ese no vale. De ningún modo. Que ese texto puede servir para la «gobernabilidad» de Cataluña, pero no para construir un sistema que ha de ser negociado multilateralmente.

Este 4 de octubre era el tercer viernes de reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. E, indudablemente, toda la expectación se situaba en este despacho con el jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, de su mismo partido político, porque venía precedido de incontables choques entre ambos, sobre todo a cuenta de la política territorial y de las alianzas del Gobierno con los nacionalistas e independentistas. Y ese fue, como se esperaba, el corazón de la conversación de ambos. No llegaron a un punto de consenso, el barón autonómico no salió «ni más ni menos tranquilo» de la cita, Sánchez sí le aseguró lo que ya se sabía: que habrá más recursos para todas las comunidades y que no se alumbrará un sistema solo para Cataluña, sino para todas las autonomías.

Page fue duro en sus planteamientos, no edulcoró su discrepancia profunda con el pacto de PSC y ERC —el documento describe «un concierto económico, pueden escribirlo en arameo, pero es un concierto como la copa de un pino»—, no aminoró las críticas. Pero sí se contuvo en las formas, no sonó tan áspero como en otras ocasiones. Él mismo aseguró que la cita fue «muy cordial y respetuosa», que será «difícil» que le encuentren en un «conflicto institucional» o en una «falta de respeto», porque no es de esos. Algunos esperaban que fuera a la Moncloa «con una bomba lapa», ironizó, pero no ocurrió. Desde el lado del Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que volvió a actuar como portavoz de estas reuniones, apuntó que Sánchez encajó bien las críticas, porque la posición del presidente de Castilla-La Mancha no es, obviamente, «desconocida», y que discrepan con normalidad. Al final, ilustró, acabaron «dándose un abrazo».

El eje de la entrevista en la Moncloa, la de más larga duración de entre las nueve ya realizadas, fue la financiación autonómica, como reseñó el propio Page. El barón regional expuso sus argumentos de siempre, los que ha venido manifestando en público y en privado en estas semanas, su posición «clara».

Primero, que «la riqueza de España es de todos, es nacional. Castilla-La Mancha se opondrá siempre a que la riqueza, en vez de pasar a analizarla y distribuirla entre todos, se empiece a dividir o computar por territorios. Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, la riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos», subrayó Page durante su comparecencia posterior ante los medios. Para el presidente de Castilla-La Mancha, «nunca la unidad de España ha estado tan identificada con la igualdad, nunca la igualdad ha encontrado mejor garantía que la unidad», por lo que no cabe «trocear» una economía que es «interdependiente» en 17 unidades, como no caben «17 políticas fiscales o 17 mercados».

Dos, que quienes pagan los impuestos son los ciudadanos y las empresas, no los territorios y, como dicta «un principio enraizado en la izquierda», deben «pagar más los que más tienen, y no a cambio de que los más pagan tengan más servicios». Page combatió la idea de que el pacto de ERC y PSC consagra la «solidaridad interterritorial», porque de lo que hay que hablar es de «justa redistribución de la riqueza», conforme a los principios de progresividad y cohesión.

Tres, que el modelo que se negocie sea «multilateral», discutido «entre todos», que no haya «regímenes especiales», más allá de los que ya existen —Euskadi y Navarra—. Por eso subrayó en varias ocasiones que la negociación del modelo no puede «tener como base» el documento firmado el PSC y ERC y que hizo president a Illa, no es válido «ni siquiera como documento de estudio». Es un texto que supone «dar vuelta por completo al modelo constitucional y federal» y «contraviene los principios más fundamentales de la equidad y la igualdad». Espera que el debate sobre la financiación singular de Cataluña «no llegue» a suscitarse en el Congreso. Porque de ese documento PSC «se desprende un cupo y es inadmisible»: «Se miran en el cupo vasco, básicamente. Creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre».

La propuesta que hace Page es que se llegue a cuadrar el círculo, la aprobación de un nuevo sistema que reemplace al vigente —caducado desde 2014—, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que preside el Ministerio de Hacienda y que reúne a todos los consejeros autonómicos del ramo. Pero dado que en él ya el Gobierno central parte con la mitad de los votos, y bastaría con que una autonomía respaldase su propuesta —»seguro que es fácil pensar de qué autonomía estoy hablando», deslizó, para referirse a Cataluña—, él cree que lo lógico es hablar antes para buscar un amplio consenso.

Es decir, que Gobierno y comunidades dialoguen «con tranquilidad y discreción», también que ningún presidente autonómico se comporte como «sucursal» de su respectivo partido. Y, una vez que el acuerdo esté maduro, llevarlo al Consejo de Política Fiscal. Page no se opone a que el debate sobre la financiación se aborde en la Conferencia de Presidentes, que en principio se celebrará en diciembre en Cantabria. Eso es lo que quiere el PP, y puede hacer que esta cuestión se introduzca en el orden del día. «Si una mayoría pide que se hable allí de financiación, se hablará», recordó.

Además, Castilla-La Mancha cree que hace falta una «ley de armonización», porque no tiene sentido que haya «17 regímenes fiscales distintos». El presidente regional cree, y aquí coincide con el Gobierno, en que hay que «evitar el dumping fiscal», también la dinámica de que una comunidad «pida por un lado y regale por otro». Entiende asimismo que si se quiere cerrar un nuevo modelo de financiación habrá que «liquidar» el anterior (el hoy vigente) compensando a las cuatro comunidades que están objetivamente infrafinanciadas, que son Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Page defendió que su posición sobre el cupo catalán es «muy mayoritaria y muy transversal», y «sería la misma» si en lugar de plantearlo el PSC y ERC lo hubiera hecho la Comunidad de Madrid, la más rica de España. De haber sido ese el caso, dijo, «toda la izquierda hubiera salido en tromba» para rechazarlo, aduciendo que se rompe la «igualdad» en España. El barón socialista se afanó en combatir ideológicamente, desde posiciones socialdemócratas, el acuerdo de su partido con los independentistas catalanes.

(Noticia en ampliación)

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