El Gobierno atempera la cocción de la Ley Mordaza que selló el jueves con EH Bildu. El acuerdo para derogar -casi una década después- el texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en 2015 contempla las cuatro reivindicaciones clásicas del bloque plurinacional, entre las que destaca la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de la policía. Una eliminación que en el acuerdo destacan como “progresiva” y que Moncloa se ha encargado de enfriar al asegurar que se trata de un proceso lento. Apuntan voces del Ejecutivo que no es un acuerdo que vaya a cristalizar de “hoy para mañana” y, al mismo tiempo, precisan que no se verá comprometido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las últimas tentativas para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana han caído en saco roto prácticamente por la misma razón. Y es que el PSOE no asumía los cuatro puntos calientes que reivindicaban sus socios parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. Ambas formaciones establecieron la supresión de las pelotas de gomas en el armamento disuasorio de la Policía como condición sine qua non para seguir negociando. En marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, el acuerdo se tambaleó ante la granítica postura de las partes. Nadie cedió y Mordaza quedó en la carpeta de asuntos pendientes.
Tras la reanudación de la legislatura, la reforma del articulado del PP se retomó y, tras casi un año de la reválida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Moncloa y EH Bildu por fin sellaban un acuerdo. Un pacto que desgranó la portavoz parlamentaria de los abertzales en el Congreso este jueves y que contempla la eliminación “progresiva” de las pelotas de goma. Anuncio vital para el curso de la legislatura y para dotar de realidad las innumerables promesas incumplidas durante esta última década.
Moncloa atempera el pacto
24 horas después del anuncio del acuerdo y de que los grupos firmantes (PSOE, ERC, PNV, Sumar, EH Bildu y BNG) hayan registrado este viernes la proposición de Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, desde el Gobierno han rebajado el suflé en el ámbito de las “balas de goma”. Bildu y los dos partidos que conforman el Ejecutivo sellaron la sustitución de este “material antidisturbios” de manera “progresiva”. He aquí donde Moncloa introduce el matiz.
Fuentes del Ejecutivo profundizan en este ámbito, habida cuenta de que requiere de un largo trámite. Estas mismas voces advierten de que no se puede esperar que este cambio se registre de la noche a la mañana. En el nuevo redactado queda reflejado el carácter “progresivo” del epígrafe destinado a las pelotas de goma, algo que incluso el jueves matizó la vicepresidenta primera del Ejecutivo. En este sentido, precisan que primero es necesario abordar estudios técnicos y jurídicos que “acrediten cuáles serían los materiales alternativos” a dicho material.
Advierten de que “llevará tiempo”, habida cuenta de que hay que incluir la redacción de la citada medida para que el texto sea tramitado y saber si existe consenso entre los grupos. Por tanto, diluyen el anuncio de los abertzales y avanzan que “no será de hoy para mañana”, además de apuntar que bajo ningún concepto se verá comprometido el “trabajo y eficacia” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Interior se revuelve
Otro de los pilares del acuerdo pasa por la erradicación de las devoluciones en caliente. Punto de fricción entre el ala socialista del Ejecutivo y los grupos soberanistas que parecía haberse salvado con este pacto. Sin embargo, apenas 24 horas después del anuncio y minutos ante del registro de la proposición, desde el Ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la legalidad de la aplicación de los rechazos en la frontera, aduciendo que cuentan con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como del Tribunal Constitucional.
Consideran que lo suscrito con Bildu lo único que hace es remitir la cuestión a la Ley de Extranjería para regular la figura de las devoluciones. Exponen que será esta norma y no Mordaza la que ponga o no coto los rechazos fronterizos. “Se le dará la redacción más adecuada tras un estudio detenido y riguroso que se llevará a cabo durante los seis meses posteriores a la aprobación” del texto de Seguridad Ciudadano.
Ilusión contenida
Al margen de las matizaciones de Moncloa, los grupos firmantes acogieron positivamente el acuerdo. ERC y Sumar celebraron el acuerdo y la desaparición de las “medidas más controvertidas”, reivindicación clásica de la formación, pero también de “diferentes organizaciones en defensa de los derechos humanos”. No obstante, advierten de que seguirán trabajando para “acabar definitivamente para acabar con esta ley” porque el pacto cosechado por sus socios no es si no un “punto de partida”. De hecho, republicanos, magentas, jeltzales y nacionalistas gallegos avanzaron que presentarán enmiendas durante la tramitación.
Reacciones, sin embargo, que contrastan con la cautela que asumen tanto Podemos como Junts. Los morados, que durante años han demandado la derogación del articulado, siembran la duda sobre su apoyo al movimiento de Moncloa y Bildu. Su portavoz orgánico, Pablo Fernández, verbalizó que el acuerdo no les suena del todo mal, pero lo consideran “insuficiente”. Su visto bueno está en el aire, pero lo que sí garantizan es que presentarán enmiendas, habida cuenta de que se trata de un papel “firmado por el PSOE”.
Otra de las notas disonantes la ha puesto Míriam Nogueras. La portavoz de Junts en la Carrera de San Jerónimo ha avanzado que su formación, como ocurre con cada iniciativa parlamentaria, no se adherirá a la reforma de Mordaza per se. De hecho, se acogen al mantra que ha guiado a los neoconvergentes durante toda esta legislatura: “Cada tema tiene su carpeta”. En otras palabras, se avanzará “votación a votación”. Por ello, reivindican su espíritu negociador y adelantan que presentarán sus propias enmiendas al articulado, alertando del peligro de un nuevo fracaso de una reforma que ha resistido durante casi una década a promesas e intentos de retocarla.
