Bolivia atraviesa una crisis ambiental sin precedentes en Bolivia con al menos siete millones de hectáreas devoradas por incendios forestales provocados durante cuatro meses en medio de negligencias del Gobierno. Las llamas alcanza al Movimiento al Socialismo (MAS) aunque por razones que no son climáticas: el partido oficial que ha quedado atrapado en medio de la disputa flamígera entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, el líder histórico de esa fuerza y que en 2020 impulso de la llegada al Palacio Quemado de quien había sido su ministro de Economía.
Morales, quien gobernó 13 años, quiere ser otra vez presidente y reivindicarse tras su derrocamiento en noviembre de 2019. Arce aspira a lo mismo. Entre ambos hubo elogios y muestras de afecto, luego diferencias expresadas con amabilidad y más tarde una ruptura que no parece tener vuelta atrás. Morales acaba de asegurar que la «persecución política» en su contra ha excedido peligrosamente la pelea por el control por el MAS y otros resortes del Estado a partir de la apertura de una causa por la presunta comisión de los delitos de estupro, trata y tráfico de personas. La orden de captura quedó momentáneamente en el aire, pero es considerada por el exmandatario como una muestra de venganza tras la multitudinaria manifestación de días atrás que ocupó La Paz para reclamar el derecho de Morales a competir en los comicios de 2026. Miles de campesinos y simpatizantes de «el Evo» recorrieron hasta 187 kilómetros para exigir la habilitación judicial de su candidatura.
Para Morales, Arce se ha convertido en un gobernante «autocrático» que utilizar el aparato judicial para proscribirlo. Sus abogados aseguraron que el dirigente cocalero no tiene en estos momentos «la más mínima garantía de que sus derechos sean respetados».
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, había decretado el miércoles la aprehensión de Morales y luego fue destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Gutiérrez denunció que fue apartada de su cargo por negarse a interrumpir el proceso que había iniciado y que, dijo, involucra a una supuesta víctima de 15 años al momento de cometerse el supuesto delito. Estando en el Gobierno, Evo fue a su vez denunciado como padre de un hijo no reconocido que, finalmente, se mostró inexistente. Los efectos de esa acusación en los medios no estuvieron disociados de la derrota en un plebiscito. Ahora, sus abogados dicen que la nueva embestida solo se basa en rumores infundados extraídos de las redes sociales. «¿Otro caso (Gabriela) Zapata? «, se preguntó el diario ´El Deber`, de la región de Santa Cruz, recordando a la joven que en 2016 aseguraba ser la madre del hijo de Morales y contar con el certificado de nacimiento. Todo fue una farsa.
Lanchipa desmintió haber paralizado las investigaciones. «En ningún momento se dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado». Sostuvo además la orden de aprehensión en contra de Morales se frenó por un recurso que presentaron sus abogados.
Arce pidió que la investigación se tramite en reserva y se incorpore al ministerio de Justicia en el proceso. «No puede ser que se politice un tema tan delicado, un tema que afecta inclusive la conciencia de todas las bolivianas y bolivianos. La niñez es el mayor tesoro que tenemos y vamos a proteger a la niñez, hemos presentado normas a la Asamblea que no se han tratado lamentablemente».
Otras denuncias
No es la primera vez que el expresidente es acusado por los mismos delitos. En agosto de 2020, durante la presidencia provisional de Jeanine Áñez, fruto del golpe en su contra, la hizo el entonces viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar. Se habló de una adolescente que había tenido una relación con Morales en 2015. Melgar después exhumó la historia de Cindy V., y dijo que la joven, de 15 años, había quedado embarazada. «La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma». Nada pudo probarse. La reactivación de una denuncia similar en un Gobierno del MAS que controla los resortes de los tribunales da la pauta a los analistas de la dimensión del choque entre los «arcistas» y «evistas».
Inquietud regional
La crisis interna del MAS es observada con preocupación por Brasil, Colombia y México. El llamado Grupo de Puebla, que integra a sectores de la izquierda latinoamericana, consideró que Arce ha lanzado una «guerra jurídica» contra Morales. «Sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos». En el mensaje se hace un llamado «a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Morales». El Grupo de Puebla le pidió a Arce que «no permita» que su Gobierno o los tribunales «participen en esta operación» de daño de la reputación de un ciudadano. «Estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales».
El exmandatario agradeció el respaldo. «Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos, que nunca me abandonaron. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación», insistió Morales. «Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán! «
