El reloj se ha puesto en marcha en RTVE para encontrar al miembro del tribunal que filtró el examen de oposición. La corporación suspendió in extremis la convocatoria e interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, y su presidenta interina, Concepción Cascajosa, se comprometió a abrir una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y buscar al responsable. Una investigación de la que, sin embargo, no se conoce el alcance exacto. La pugna entre los sindicatos también sobrevuela este asunto, puesto que CCOO, USO y CGT son partidarios de poner en marcha las pesquisas internas de manera inmediata, mientras UGT y SI defienden que no puede iniciarse hasta que concluya la investigación policial que está en marcha.
Este mismo martes la presidenta interina convocó una reunión para explicar lo sucedido al Consejo de Administración, junto a la dirección de Recursos Humanos, la dirección corporativa y la asesoría jurídica. En ella, Cascajosa prometió la apertura de una investigación y la depuración de responsabilidades y se planteó la apertura de un expediente informativo por parte de RRHH, que debería recabar información y, en caso de encontrar al responsable, abrir un expediente sancionador, aunque se dejó entrever que los resultados de la investigación interna no verían la luz hasta que hubiera una resolución policial.
Pero el cómo y quién lleva a cabo la investigación interna también generan suspicacias, y hay quien teme que la cúpula desconfía de la investigación, de sus plazos, y apuntan a que se quiere «echar tierra al asunto» y «tapar» a los responsables, después de que los miembros más señalados hayan sido los dos delegados en el tribunal por parte de UGT, el sindicato mayoritario de la corporación que, apuntan, tienen presencia en la dirección. UGT ha denunciado en las últimas horas el «acoso» sufrido y ha advertido de que emprenderá acciones legales contra «medios y sindicatos» que lancen «insinuaciones» sobre este asunto.
«No van a descubrir quién ha sido, no es fácil y quienes estén encargados tendrán muchas presiones», denuncian algunas voces bien situadas. A nadie se le pasa por alto el apoyo que UGT brindó a la presidenta interina, la socialista Cascajosa, hace apenas dos semanas, cuando caducó su mandato inicial de seis meses y una mayoría de consejeros intentó destituirla.
La posición ante una investigación cambia en función de los sindicatos; mientras en CCOO, USO y CGT exigen acciones inmediatas para «recabar información y ponerla en manos de la Policía», desde UGT y Sindicato Independiente (SI) se apoyan en la legislación de la corporación para asegurar que la investigación interna es «incompatible» con la investigación policial y que no pueden darse pasos hasta que ésta concluya .
El resultado visible es que la corporación exhibe una posición contundente -este mismo lanzó un comunicado para anunciar el inicio de una «exhaustiva investigación interna»-, lo cierto es que no en diferentes reuniones la dirección ha trasladado que esta investigación interna está «a expensas» de las pesquisas de la Policía Nacional, dependiente del ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. Unas tesis más parecidas a las que expone el sindicato mayoritario.
El examen
Los sindicatos también muestran diferencias en otros puntos, y CCOO, CGT y USO han reclamado la expulsión de los opositores que hubieran tenido acceso al examen filtrado y no lo hubieran denunciado, una reivindicación compartida también por un sector de los aspirantes. En el caso de CCOO, también pide el despido disciplinario de los trabajadores interinos que se presentasen para lograr la plaza fija y hubieran tenido conocimiento de la filtración sin haber levantado las alarmas.
Los sindicatos sí han mostrado unidad a la hora de pedir a la dirección la publicación del examen suspendido el pasado domingo para garantizar igualdad entre aspirantes y evitar que los que recibieron las filtraciones puedan tener alguna ventaja. Una publicación que los opositores llevan días reclamando sin éxito. Desde RTVE se ha rechazado la petición a los distintos sindicatos, bajo el argumento de que son objeto de «investigación policial».
En USO denuncian la «opacidad» de RTVE en torno a lo sucedido y piden «pruebas» para no tener que hacer un «acto de fe». Han reclamado la denuncia policial, de la que han tenido conocimiento a través de los medios, los nombres de los denunciantes, y quién levantó la voz de alarma. Desde CGT también piden que la investigación interna «llegue hasta el final» para colaborar con la Policía Nacional.
Prescripción de delitos
En la reunión de la cúpula de RTVE el martes, algunos asistentes expresaron su inquietud por el hecho de que la investigación se dilatara y pudieran prescribir los hechos, que según el reglamento intento ‘caducan’ a los 60 días en caso de infracciones muy graves, como sería el caso.
Aquí se enmarcan faltas como la «deslealtad», la «participación en delitos» que afecten a la «normalidad de RTVE» o el «quebrantamiento del secreto profesional», con expresa mención a la «vulneración del secreto exigible sobre pruebas y deliberaciones relativas a los tribunales constituidos para la realización de pruebas selectivas». Este tipo de infracciones muy graves pueden acarrear el despido.
Ante las dudas sobre la prescripción de estas infracciones y la posible impunidad de los responsables, desde RRHH se trasladó un mensaje tranquilidad, asegurando que, una vez interpuesta la denuncia policial, se suspendían los plazos internos hasta que hubiera una resolución policial.
