En el mejor de los casos, es decir, si se cumple la previsión más baja, todavía llegarán a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras unas 15.000 personas más de aquí a final de año, entre ellas centenares de niños y chicos sin la compañía de ningún familiar. Un número que da una idea de la dimensión que ha adquirido la crisis migratoria, sin precedentes, que atraviesa el Archipiélago. Esa cifra de alrededor de 15.000 personas es la que se desprende de un informe de Frontex -la agencia europea de fronteras y costas- adelantado ayer por El País.
Un análisis prospectivo que apunta una disminución en la llegada de migrantes en barcazas de entre un 35 y un 50% en lo que queda de 2024 -en comparación con los números del mismo período de 2023- y que contradice así los informes del Ministerio del Interior, que son en los que el Ejecutivo canario fundamenta su previsión de que serán más de 50.000 las personas que habrán alcanzado las Islas al cabo del año.
No extraña así que el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, afirmase ayer que aun tras todo lo vivido hasta la fecha, la crisis migratoria apenas está «empezando». El jefe del Ejecutivo regional, que ayer participó en el Foro La Toja celebrado en la ciudad gallega de Pontevedra -intervino en la mesa autonómica junto a la presidenta de Baleares, Margarita Prohens, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda-, insistió una vez más en la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga la suficiente «altura de miras» para paliar el «drama humanitario» al que día sí y día también asisten los isleños.
Es justo en estas fechas cuando las aguas que rodean el Archipiélago entran en su fase de mayor calma, así que no resulta difícil deducir, después de que miles de personas hayan puesto en riesgo sus vidas en los períodos en que el mar ha estado más embravecido, que la llegada de barcazas continuará en las siguientes semanas y meses al menos en cifras similares. «No consideramos que haya terminado [la crisis], sino todo lo contrario», precisó Clavijo.
Clavijo: «Un Estado no puede mirar hacia otro lado y estar como un mero espectador»
Entre septiembre y diciembre de 2023 llegaron a las Islas unas 22.000 personas a bordo de pateras y cayucos, de modo que ni aun cuando se cumpliesen esas previsiones de Frontex que apuntan que la inmigración podría descender entre un 35 y un 50% en el mismo período de este año -lo que significaría, tal como puntualizó el presidente canario, que «faltarían por llegar en torno a 14.000 o 15.000 personas»-, podría siquiera intuirse el final de la crisis. «No veo motivo ni de optimismo ni de tranquilidad con un fenómeno que sabemos que es estructural y que va a continuar en el tiempo», ahondó el nacionalista.
Al hilo de lo anterior, Clavijo insistió una vez más en que este es un asunto que el Gobierno de Sánchez «tendrá que abordar de una manera u otra», porque Canarias «no se puede mover de donde está» y la situación en el avispero del Sahel y en gran parte de África «va a empeorar» en los próximos años. Y esto dará a su vez lugar, subrayó el presidente isleño, a que haya cada vez más gente que trate de huir hacia Europa «intentando salir del horror, de la miseria y del hambre», informó Efe.
«Creo que los mimbres con los que hemos trabajado todos estos meses pueden facilitar ese acuerdo», añadió Clavijo, quien, además, avanzó que no va a cejar en su empeño -«yo voy a seguir insistiendo»- en sentarse a negociar con el Gobierno, porque «no podemos continuar así». El presidente de Canarias añadió también que la inmigración no es un problema territorial, económico o político, sino un «drama humanitario» ante el que un Estado «no puede mirar hacia otro lado y estar como un mero espectador, aislándose de lo que ocurre en Canarias». Y así se lo trasladará a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantendrán el próximo día 11, ya que «parece que no va con ellos» a pesar de las advertencias que han llegado de Bruselas y de toda la comunidad internacional.
Clavijo recordó que Canarias está soportando todo el coste económico de la crisis migratoria en solitario, unos 15 millones de euros cada mes, «en torno a unos 165 o 180 millones en total», por lo que instó al Gobierno a que «asuma su responsabilidad». Esto ha provocado que el Gobierno autonómico haya tenido que «retrasar algunos pagos y quitar dinero de otros sitios» para poder abordar esta situación, ya que, diez meses después, el Gobierno central «no ha tramitado ni el dinero que tienen», unos 50 millones al año que son «a todas luces insuficientes». «Cuando comparas y ves cómo actúa el Gobierno de España con otras comunidades autónomas en sus compromisos, te llenas de perplejidad», lamentó en referencia a Cataluña.
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