Las grandes eléctricas activan la guerra legal contra la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la tasa que pagan sus centrales nucleares para cubrir los costes de su desmantelamiento y financiar la gestión de todos sus residuos radiactivos. Endesa e Iberdrola presentaron la semana pasada sendos recursos en el Tribunal Supremo para tumbar el real decreto que dio vía libre a la fortísima revisión al alza del recargo que asumen los reactores, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA varias fuentes al tanto del proceso legal.
Foro Nuclear, la patronal que agrupa a todos los grupos propietarios de las centrales (Endesa e Iberdrola con posiciones accionariales mayoritarias en las diferentes plantas y también Naturgy y EDP con participaciones menores), ha presentado también en el Alto Tribunal su propio escrito de recurso contra la medida.
El Gobierno aprobó el pasado junio de manera definitiva el incremento del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes de desmantelar todos los reactores, de construir siete almacenes nucleares por todo el país y también un gran cementerio nuclear donde se guardarán los residuos radiactivos para siempre. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado aún por la vicepresidenta Teresa Ribera a la espera de recalar en Bruselas como nueva ‘supercomisaria’ de la Comisión Europea, suavizó su propuesta inicial de subida ,dado que en un principio el incremento que preparaba era del 40%.
Las grandes eléctricas, propietarias de todas las centrales nucleares españolas, presionaron durante meses para intentar -sin éxito- frenar por completo la subida y han abierto de manera formal la batalla judicial en varios frentes para intentar revertirla. Foro Nuclear ya había presentado previamente dos recursos en el Tribunal Supremo -a los que se adhirieron a título particular las propias compañías eléctricas- contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) del Gobierno para construir siete cementerios nucleares y contra el carpetazo al proyecto de tener un solo almacén de basura nuclear en Villar de Cañas (Cuenca).
Una factura de 20.000 M por pagar
Y ahora las grandes eléctricas abren otro frente con un nuevo recurso en el Tribunal Supremo contra la propia subida de la tasa con la que financiarán el cierre de las centrales y la construcción de esos siete almacenes nucleares. En aplicación del principio de ‘quien contamina paga’, las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas.
Las centrales financian los costes milmillonarios (unos 20.200 millones hasta final de este siglo) y la estatal Enresa se encarga de centralizar las labores de tratamiento de los residuos y de desmontaje de las plantas. Cada una de las centrales nucleares seguirán pagando una tasa en función de la electricidad que producen cada año el fondo hasta que se produzcan los cierres de las plantas, programados para que vayan produciéndose de manera progresiva entre 2027 y 2035.
En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares venían abonando en torno a 450 o 460 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con más de 8.000 millones de euros acumulados. Tras la subida aprobada en junio, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza establecida por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta el entorno de los 600 millones de (unos 140 millones más que los abonos actuales cada año).
La patronal Foro Nuclear ha venido denunciando en los últimos meses que la subida de la tasa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas. La patronal achaca esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y, como las compañías no son responsables de esos desacuerdos, no quieren que se les repercuta.
Además, las eléctricas han esgrimido estos meses que el acuerdo alcanzado en 2019 con el Gobierno del calendario de cierre de todas las centrales nucleares (con clausuras escalonadas desde 2027 y hasta el apagón nuclear total de 2035) incluía un pacto para subir un máximo del 20% la tasa y que ya se ejecutó entonces. Ahora a esa subida se le suma el 30% adicional ahora aprobado. El Gobierno rechaza ese argumento, ve plenamente legal la nueva subida lanzada ahora y cree que tener plena potestad para fijar una nueva tasa para cubrir los costes de la gestión de los residuos que se calculen en cada momento.
Reforma fiscal total
Además de intentar frenar la subida de la denominada ‘tasa Enresa’, las grandes eléctricas presionan para conseguir una reforma total de los impuestos que pagan las centrales nucleares. Foro Nuclear reclama destinar la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa con el que se pagará el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos nucleares. Y también pide que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales.
En Gobierno de Mariano Rajoy creó ambos impuestos en 2012. Desde entonces, las centrales nucleares han pagado 3.100 millones de euros por el tributo por el combustible nuclear y los residuos y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear total previsto en España para 2035 con el cierre de la última de las centrales. Y Enresa ha abonado 148 millones por el almacenamiento de los residuos y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenos otros 1.277 millones más, que volverán a ser financiados por las centrales a través de la ‘tasa Enresa’. Las nucleares sostienen que si se utilizan estos ingresos para financiar el PGRR no sería necesaria la subida del 30% de la tasa que prepara el Ejecutivo.
