«Un pueblo sin educación jamás será un pueblo libre». «No recortes nuestro futuro». «Defender la educación pública es un hecho político, sacarle financiamiento, también». Miles y miles de argentinos salieron otra vez a las calles para rechazar la decisión del presidente Javier Milei de vetar una ley que garantiza mayores recursos a las casas de estudios superiores. La ultraderecha sostiene que los pobres no acuden a las universidades y financian a los sectores medios y altos. Por lo tanto, la ley que aprobó el pasado 13 de septiembre el Parlamento, y establece actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades en medio de una inflación interanual del 236.7 %, no puede entrar en vigencia. Milei dijo por la noche que la movilización tuvo un carácter «golpista» y pidió a la sociedad que «no se deje engañar». En las próximas horas, los legisladores tienen la palabra y se sabrá si desafían al anarcocapitalista con el eco todavía en el aire de una protesta que tuvo fuerte impacto tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las principales ciudades del país. La movilización convocó a un millón de personas en todo el territorio, según sus organizadores. La cifra, rechazada por las autoridades, contrasta fuertemente con el primer acto de La Libertad Avanza (oficialismo) como partido nacional, el pasado sábado. Milei habló ante unas cinco mil personas en un anfiteatro capitalino.
Pero el Gobierno no mide su aceptación por lo que sucede en el espacio público. Le interesa más aquello que ocurre en las redes sociales, donde propagó otra vez cifras falsas, asegurando que los profesores universitarios viven en el mejor de los mundos. Federico Sturzenegger, el ministro encargado de las privatizaciones y la desregulación total de la economía, calificó a la manifestación de «partidaria» y «política» por haber contado con una adhesión heterogénea, desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus rivales de la derecha moderada y la centroderecha. También estuvieron presentes dirigentes sindicales, sociales y los pensionados, que semanas atrás fueron apaleados por la policía cuando reclamaron mejoras para mitigar el empobrecimiento.
«El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó a 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%», dijo el ministro. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, lo refutó de inmediato: «eso es lisa y llanamente una mentira. Sturzenegger debe estar contando parte de la política salarial del año anterior que se pagó este año». «La enorme marcha demuestra el descontento con los salarios. Hemos tenido un aumento del 60% sobre una inflación de 130%. Hoy muchos docentes están debajo de la línea de pobreza, algo que no sucedía desde hace más de 20 años», dijo Carlos De Feo, secretario General de uno de los sindicatos que los agrupa.
«Adoctrinamiento»
Milei tiene una aversión especial por las universidades. Las considera centros de «adoctrinamiento» y por eso, dicen en la oposición, intenta ahogarlas. A pesar de un claro deterioro de su imagen ante la sociedad por los efectos del ajuste y una pobreza que ha escalado al 53%, unos 11 puntos más que al momento de asumir, el pasado 10 de diciembre, el presidente está dispuesto a impedir que la ley aprobada en el Congreso se convierta en una realidad y una derrota política. Acaba de pagar un alto costo al vetar el aumento de 15 euros a cada pensionado y, dijo el mandatario, está dispuesto a volver a transitar el camino del rechazo.
La multitud que ha rodeado el Parlamento ha enviado un claro mensaje. La dirigente estudiantil Piera Fernández De Piccoli leyó un documento en nombre todos los participantes de la protesta en la que se le exige a los diputados y senadores que defiendan la norma original. «No queremos que nos arrebaten nuestros sueños, el futuro no les pertenece», dijo al Gobierno. «La comunidad estudiantil defenderá la Universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación y el país que la sociedad toda anhela. El presidente tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio, salvar al sistema. ¡Promulgue la ley de financiamiento universitario!». De Piccoli recordó a su vez que la ultraderecha no ha tenido «vocación de diálogo» y desde la primera y multitudinaria manifestación del pasado 23 de abril «la situación es más crítica» por lo que es evidente que existe «una intención de asfixiar el sistema».
