El Tribunal Constitucional retrasará su respuesta a la ley de amnistía ante la avalancha de recusaciones de sus magistrados que ha recibido: 54, el mayor número de su historia, según ha informado la corte de garantías. El primer incidente para cuestionar la imparcialidad de uno de los miembros del pleno, la del presidente, Cándido Conde-Pumpido, se verá en el pleno de la semana pasada y no participarán en el debate ni él ni ninguno de los otros dos magistrados recusados, Laura Díez Bueso y José María Macías.
La constitución del pleno solo por ocho magistrados fue acordada por el propio Conde-Pumpido y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con la intención de apaciguar el tribunal, al aceptar una de las reclamaciones del sector conservador cuando se extendió la abstención de Juan Carlos Campo a todos los asuntos de la amnistía.
Los conservadores votaron en contra de esa resolución, que fue aprobada por seis votos frente a cinco, porque el ponente era el propio Conde-Pumpido y consideraban que debía haberse apartado al estar recusado. No obstante, la solución encontrada con ánimo de rebajar la tensión que se vive en el tribunal tampoco convence a Macías que en el voto en el que se oponía a esa decisión ya adelantaba que todas las recusaciones debían resolverse al mismo tiempo, porque de una en una y dejarse la suya para el final él sería el único que no participaría en ninguna deliberación.
De las 54 recusaciones presentadas 27 se dirigen contra el presidente, Laura Díez y Juan Carlos Campo, aunque las de este han decaído al haberse abstenido él mismo del debate, lo que fue ratificado por sus compañeros a partir de una ponencia del conservador Ricardo Enríquez en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
Las otras 27 recusaciones se dirigen contra José María Macías por parte de la fiscalía y de la Abogacía del Estado tanto en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y las comunidades que gobiernas más de la de Casilla-La Mancha y en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia catalán.
Mientras se tramitan los incidentes de recusación el procedimiento en cuestión queda paralizado hasta determinar si el magistrado de cuya imparcialidad o apariencia de imparcialidad se duda participa o no en las deliberaciones.
Con la decisión del presidente del TC, el pleno de la próxima semana lo formarán la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que dirigirá los debates y tendrá voto de calidad en caso de empate, ylos magistrados Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano y César Tolosa.
