El Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.
La admisión a trámite de esta denuncia, avanzada por la SER, conlleva la apertura de diligencias sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023, utilizando un procedimiento de emergencia sin publicidad, ni control, ni concurrencia y basándose en una normativa derogada.
La Junta niega tajantemente las presuntas irregularidades y limita los reparos expresados por la Intervención a «salvedades» en los contratos. El Gobierno andaluz defiende además que «en ningún caso» existe un «desvío de fondo públicos». «Esos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, etc, que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que hoy tienen un problema de salud resuelto», zanjó el Ejecutivo del PP.
Las claves del caso
El PSOE ha ido poniendo el foco en varias líneas de los contratos de Salud conforme avanzaba sus investigaciones. Los socialistas tuvieron acceso a un total de 68 informes de auditorías en la propia sede del Servicio Andaluz de Salud. Pudieron revisar los informes y tomar notas, pero no hacer fotos ni tener copias de los documentos. Es “un ejercicio de transparencia sin precedentes”, defiende la Junta. Los grupos de la oposición en el Parlamento tienen derecho a tener acceso a este tipo de documentos públicos para hacer su labor de fiscalización al Gobierno, así queda recogido en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara.
El PSOE comenzó denunciando que, pese a que la pandemia había finalizado, el Servicio Andaluz de Salud continuó prorrogando los contratos por emergencia, sin concurso público. Eso eludía los controles y no daba lugar a la concurrencia competitiva. Apuntó a unos 300 millones de euros desde 2021 a 2023 desde los servicios centrales del SAS. El Gobierno andaluz defendió que eran contratos exprés para intentar reducir las listas de espera.
La Intervención General de la Junta ha alertado de numerosas irregularidades en esos contratos sanitarios efectuados durante la pandemia de Covid.
Los interventores de la Junta de Andalucía no han limitado sus reproches a los contratos de la pandemia. Tal como avanzó eldiario.es, los avisos se refieren también a los ejecutados en 2021. El «Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021» señala que se siguieran usando esos contratos de emergencia sin «justificación alguna» y remarca que deberían haberse hecho «con arreglo a la tramitación ordinaria». Alertan los interventores de un «mal uso o abuso» del sistema de contratación de emergencia. Ese tipo de contratos se extendió hasta junio de 2023, pese a que el marco legal habilitado para la pandemia se había derogado en 2021.
Estos contratos se mantuvieron en el tiempo y no fue hasta junio de 2023 cuando expiró la cuarta y última prórroga de este tipo de contrataciones. La Junta de Andalucía siempre ha defendido que «todos los contratos se han sometido a los controles de la legalidad», alegando que es el órgano que contrata, en este caso el SAS, el que fija la emergencia y negando con rotundidad que se incumpla la ley de contratos públicos. «Nosotros en su momento estábamos preocupados por salvar vidas», ha defendido hasta ahora el Gobierno de Moreno.
Los interventores señalan además, en la que es la última información revelada sobre este caso, que no sólo se abusó de la emergencia sino que además hay informes que alertan del «fraccionamiento irregular» de esos contratos, coincidiendo que hay “una gran cantidad de contratos menores que se licitan con las mismas empresas”. Esos documentos internos de los auditores hablan de un «uso abusivo» del «contrato menor en fraude de ley».
Además del abuso de la emergencia y del fraccionamiento dudoso de muchos contratos, el PSOE asegura que los informes de la Intervención alertan además de «prórrogas» indebidas de muchas adjudicaciones. Si se prolongan esos contratos, se impide que salgan a concurso y se vulnera la obligación de que concurran varias empresas para prestar el servicio o el suministro en condiciones de igualdad competitiva.
