El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue manteniendo la imputación de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la causa que puede concluir con una imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por revelar datos del pacto con la Fiscalía que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pretendía alcanzar para evitar un juicio por fraude a Hacienda.
La investigación sobre este asunto supuso también inicialmente la imputación fiscal que negociaba directamente con la defensa del empresario Alberto González Amador, Julián Salto, si bien el instructor de esta causa en el Tribunal Superior, Francisco Goyena, le exoneró el pasadi 15 de julio tras concluir que el fiscal general podría estar implicado y remitir el asunto al Supremo, competente por al ostentar García Ortiz la condición de aforado. La Abogacía del Estado pidió entonces que se levantara también la acusación que pesa sobre Rodríguez, aunque este extremo se descarta en espera de aclarar si su participación pudo conllevar un «concierto o no con el fiscal general del Estado».
Así se señala en un auto, al que ha tenido acceso este diario, que el magistrado Goyena dictó a mediados del pasado mes de septiembre, en el que se defiende el mantenimiento de la investigación a Rodríguez «sin perjuicio el superior criterio que pueda pronunciarse si la Sala II del Tribunal Supremo» acepta la exposición motivada que afecta al fiscal general. «No compartimos la alegada ausencia inane de participación de la recurrente en los hechos denunciados», agrega el instructor del caso en el Tribunal Superior.
El auto recuerda que los propios servicios jurídicos del Estado ponen de relieve la «actuación directa inicial» de Rodríguez en relación con la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso, al solicitar explicaciones al fiscal del caso, Julián Salto, cuando un medio de comunicación publicó una información sobre la existencia de las negociaciones. En dicha publicación se decía que había sido el fiscal quien ofreció el pacto al empresario, lo que constituía una información falsa que fue desmentida en una nota de prensa que incluyó datos concretos de la oferta de González Amador que son investigados como posible revelación de secretos.
«Interviene ordenando al fiscal Salto la remisión urgente- recordemos el episodio de estar en un partido de fútbol- de las diligencias de investigación llevadas a cabo, con el fin de remitirlas a la Fiscalía General del Estado a fin de elaborar una nota informativa», dice el auto. Si bien el Tribunal Superior reconoce que no es cierto que Rodríguez participó en la redacción material de la nota, el juez Goyena insiste en que «no puede calificarse de inocua su participación en ello, aportando los datos con los que se confeccionó y conformando su correcto reflejo en la nota informativa».
Deber de «lealtad institucional»
En este punto, el instructor señala que Rodríguez «bien pudo adoptar la misma posición, sino estaba de acuerdo -lo que por cierto no ha manifestado- que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid», Almudena Lastra, que incluso evitó que la nota llevara el membrete de su departamento. «No solo no lo hizo -añade el auto- sino que, como manifestó al final de su declaración, admitía que era la responsable de la difusión de la nota, 3amparándose en un deber de lealtad institucional».
Por ello, el juez concluye que el alcance de la actitud de Rodríguez, incluido el concierto o no con García Ortiz, requiere su «contraste con lo que pueda manifestar el fiscal general» en el caso de que sea llamado a declarar ante el Tribunal Supremo. «Ello nos lleva a mantener la condición de investigada de la recurrente«, concluye el Tribunal Superior.
