Mientras el Gobierno trabaja en el que debe convertirse en el primer registro único de viviendas de uso turístico, una iniciativa que según las indicaciones de la Unión Europea deberá estar en marcha en 2026, el Congreso de los Diputados sigue debatiendo cómo combatir los problemas que generan los alojamientos ilegales. «Estamos ante una crisis de vivienda muy, muy grave, que afecta a muchos sectores de la población y, por lo tanto, resulta ilógico que se estén destinando alojamientos a fines turísticos fuera de cualquier control», constata Pepe Mercadal, diputado del grupo socialista, que ha promovido una proposición no de ley para tratar de atajar las malas prácticas en este ámbito. Una de las medidas previstas en la iniciativa parlamentaria será «la obligación de los propietarios de incluir en sus anuncios -especialmente en aquellos que se hagan en plataformas ‘online- el número de licencia de la actividad», indica el socialista menorquín.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que hay en España 351.389 viviendas turísticas, con un aumento anual del 1.502% este año 2024. El incremento ha sido significativo en comunidades como Andalucía, Canarias, Galicia o la Comunidad Valenciana. «Hay autonomías, como la mía, Baleares, donde este fenómeno ha disparado los precios de la vivienda hasta puntos insostenibles, lo que está castigando a la población que reside allí de manera habitual», afirma Mercadal, que recuerda que el problema afecta ya a prácticamente todas las regiones españolas.
Los socialistas piden que el Gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos colaboren en la puesta en marcha de campañas dirigidas al turismo interno para desincentivar esta práctica. Y que, a través de Turespaña, se realicen acciones de promoción que «contribuyan a la sostenibilidad del modelo turístico español y a la competitividad del sector, a través de la diversificación de destinos y de mercado».
Mercadal, que confía en que la propuesta salga adelante en la reunión que el próximo 19 de octubre tendrá la Comisión de Industria y Turismo del Congreso, recuerda que «el propio PP está comprometido en la lucha contra los pisos turísticos ilegales en las comunidades en las que gobierna». «De hecho, la petición de incluir el número de licencia del piso en los anuncios que se hagan en, por ejemplo, Airbnb, es una medida que ya está en vigor en Baleares«.
Pero es que además de contribuir a agravar el problema habitacional, estas prácticas están impactando muy negativamente en el sector turístico. «El modelo de vivienda clandestina que no cuenta con licencia no contribuye a un turismo responsable, de calidad y sostenible, además de suponer una competencia desleal, está generando tensiones en el mercado, problemas de convivencia entre turistas y residentes, y procesos de gentrificación en núcleos urbanos», declara el diputado. «Es una medida muy concreta, muy pequeña, pero que puede es que el problema de la vivienda en España es polifactorial y va a requerir de muchas soluciones de este tipo», argumenta.
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