El PSOE ha dado un plazo de cinco días al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos para que remita toda la documentación que crea conveniente para defenderse del expediente de expulsión cautelar que le abrió la dirección de la formación el pasado mes de febrero, después de los diferentes escándalos protagonizados por el político.
Así lo ha avanzado El Mundo, que ha indicado que el PSOE le ha trasladado a Ábalos que dispone de cinco días para hacerles llegar la documentación que guste para acreditar su defensa. Sin embargo, las fuentes señalan que la resolución del expediente llevará tiempo y que por delante hay un tedioso proceso lejano a la inmediatez. Quedan varios pasos por delante: primero, Ábalos debe entregar sus herramientas de defensa, después, la dirección socialista tiene que elaborar un informe cuando las reciba, el cual, además, podrá ser recurrido ante la Comisión de Ética y Garantías. Una vez se superen estos trámites, podrá resolverse el embrollo.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo Ábalos ya presentó alegaciones al expediente de expulsión que el partido le había abierto días antes, sosteniendo que no habían respetado el plazo de 24 horas que le dieron para que entregase su acta de diputado antes de iniciar acciones contra él. En el mismo sentido, el pasado 13 de septiembre reclamó por escrito su readmisión al considerar que su expediente se encontraba paralizado y había caducado, reclamando que el instructor ni siquiera había dado su perspectiva sobre si admitiría las pruebas presentadas, y tampoco se le habían trasladado los cargos que se le atribuyen. El actual diputado del Grupo Mixto, donde se encuentra tras haber sido expulsado del Grupo Parlamentario Socialista al negarse a entregar su acta de parlamentario, considera que el expediente está caducado, y por tanto debe decretarse la caducidad del mismo y se le deben devolver todos sus derechos como afiliado socialista.
Las razones para abogar por la readmisión
El exdiputado sostiene que su expediente ha estado «absolutamente paralizado» durante seis meses, generando además un «perjuicio» a sus «derechos políticos». En una carta remitida el pasado mes de septiembre, Ábalos argumenta que el 1 de marzo, en «plazo estatutariamente previsto», procedió a proponer «la práctica de una serie de pruebas». No obstante, según señala, desde esa fecha no se ha registrado acción alguna desde el órgano sancionador, sin que ni siquiera se haya pronunciado el instructor sobre la admisión o inadmisión de la «prueba solicitada». «Ni que decir tiene que a fecha de hoy no se ha emitido pliego de cargo alguno frente a este afiliado», abunda.
«Si bien es cierto que ni los estatutos ni en el reglamento que los desarrolla se establece un plazo determinado para periodo de prueba a cargo del instructor, así como periodo máximo para la resolución, dicha omisión en caso alguno puede amparar a la organización para mantener sine die un expediente abierto con suspensión cautelar que perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado», argumenta el político, amparándose en esta laguna legal y mencionando expresamente la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece un máximo de seis meses.
Así las cosas, Ábalos explica que su situación «supera con creces el plazo común para resolver el expediente» sin que le conste que se haya solicitado suspensión del mismo, sino que se trate de un «supuesto de inactividad absoluta de la organización ab initio». Dicho lo cual, estima que ha de declararse «la caducidad del expediente, lo que dejaría automáticamente sin efecto la suspensión cautelar de militancia». Ahora, el PSOE le da cinco días para que se defienda como considere ante su expediente de expulsión.
