«He visto a mi hijo muy mal y no quiero que vuelva a sufrir el mismo acoso en clase porque nos ha costado muchas sesiones de terapia psicológica». Estas son las palabras de desesperación de María Ángeles García, una madre de la localidad valenciana de Guadassuar que, tras muchos meses de pelea y sufrimiento, ha decidido no llevar a su hijo de 12 años a clase tras ver como la Conselleria de Educación no le ofrece otra alternativa más allá de regresar al mismo centro del que lo sacó al considerar que era víctima bullying.
El calvario para esta familia comenzó el pasado 2021, cuando Pablo (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima), que cursaba 5 º de Primaria , empezó a recibir insultos y amenazas por parte de sus compañeros de un centro concertado de Guadassuar. «Salía llorando de clase porque no sólo sufría el acoso en el centro, sino también fuera de él. Lo pasaba fatal cada vez que tenía que ir a clase«, lamenta la madre, quien añade que «al principio crees que son tonterías de niños, pero la situación iba a más». Ante esta situación, la progenitora decidió que terminara el curso, ya que no había plazas disponibles en el colegio público de la localidad.
Tras terminar la educación primaria, los expertos le diagnosticaron autismo en grado 1 al menor. «En el colegio de Guadasssuar ya insistí para que le hiciesen una valoración, ya que había indicios, pero no lo hicieron», denuncia. Este diagnóstico coincidió con el inicio de la etapa de Secundaria en un instituto de Albalat de la Ribera, en el cual se reunían niños y niñas procedentes de varios centros de distintas poblaciones de la comarca. Sin embargo, la situación no mejoró para Pablo, quien volvió a sufrir acoso e, incluso, recibió amenazas de muerte, lo cual desencadenó en una serie de denuncias a la Guardia Civil a las que ha podido tener acceso Levante-EMV.
«La situación era insostenible no sólo por lo que sufría, sino porque tengo dos hijas más y estaba todo el día haciendo viajes», explica María Ángeles. Por ello, la familia decidió regresar a Guadassuar para volver a solicitar plaza en el centro público. Durante el período ordinario, Pablo se quedó el primero en la lista de espera para poder acceder al instituto, por lo que la madre decidió acudir a la comisión de estudios para que se valorara el caso y, así, poder obtener la plaza. Sin embargo, la respuesta del tribunal fue que no existía ninguna vacante y, por lo tanto, debía regresar al centro en el que, como relata la madre, había sido víctima de bullying. «La sorpresa fue que entre los miembros de la comisión se encontraba la directora del centro concertado. Me indicó que allí no había pasado nada y, por lo tanto, no había ningún protocolo abierto», recalca esta madre desesperada, quien reitera que «no se abrió un protocolo, pero el colegio era sabedor de lo que pasaba».
Cabe remarcar que este diario ha intentado ponerse en contacto con la Conselleria de Educación para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.
Un mes sin ir a clase
A lo largo de todo este mes de septiembre, durante el cual el menor no ha podido acudir a clase a pesar de que debería estar cursando 2º de ESO, María Ángeles ha insistido a Educación para que, en sus palabras, «comprendan la situación y habiliten la plaza en el instituto público, pero la respuesta es que lo matricule de nuevo en el centro concertado». Ella lo tiene claro: «Prefiero que pierda un curso académico que retroceda un año en cuanto a salud mental».
A pesar de la insistencia, y según indica la afectada, Educación señala que el menor debe acudir al centro, ya que está sufriendo absentismo escolar y, por tanto, «me abrirán expediente en Servicios Sociales por abandono del menor». Actualmente, esta madre busca algunos métodos para que Pablo siga aprendiendo. «Él se siente fatal. Lleva varios días llorando, sin comer y con ataques de pánico y ansiedad porque no quiere volver», lamenta María Ángeles, quien espera que Educación le ofrezca pronto una solución.
