Tras amagar durante cinco días con dimitir por la investigación judicial a su esposa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan de regeneración democrática que, meses más tarde, concretó en 31 medidas de mayor control sobre los cargos públicos y límites a la publicidad institucional a los medios. Entre las iniciativas se incluyen varias que afectan a los medios de comunicación, como un registro de cabeceras y una comisión para detectar y sancionar la difusión de noticias falsas. El PP y Vox han llegado a acusar al Gobierno de aplicar la censura sobre los periodistas incómodos con el pretexto de frenar las ‘fake news’. Pero la posibilidad de imponer sanciones a las personas o los medios que publiquen bulos cuenta con un amplio apoyo entre los españoles.

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