La Fiscalía reconoce que en la atención a los menores migrantes que llegan a Canarias en situación irregular existen algunas «disfunciones», que se deben corregir con inmediatez. Además, aclara que para vigilar que se cumpla la legalidad están los fiscales.
Pero, en general, el Ministerio Público considera que la asistencia a estos adolescentes y niños en el Archipiélago es buena en la inmensa mayoría de los centros de acogida.
Así lo explicaron este miércoles la coordinadora de sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, y la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez-Frigola, en una comparecencia ante los medios de comunicación.
Martínez-Frigola aseguró que el Gobierno autonómico ha contratado a 39 nuevos trabajadores para atender las necesidades administrativas y de diverso ámbito de los menores migrantes llegados desde la costa noroccidental africana. Entre esos nuevos empleados públicos figurarán, por ejemplo, trabajadores sociales.
En opinión de la fiscal superior de Canarias, la labor de dichos profesionales en la asistencia a los niños y adolescentes resultará «clave», en la medida en que se ocuparán de realizar trámites burocráticos relacionados, por ejemplo, con la protección internacional (asilo).
