Las comunidades autónomas gobernadas por el PP -14 en total contando a Ceuta y Melilla- asistirán a la reunión con el Ministerio de Vivienda mañana en un clima de enfrentamiento. Los gobiernos autonómicos reprochan las advertencias de la ministra Isabel Rodríguez -que califican como “amenazas”– hace días cuando aseguró que pensaba retirar la financiación del Estado en aquellos territorios que no cumplan con la Ley de Vivienda aprobada hace más de año y medio. La ministra se refirió a esas comunidades como “insumisas” por no poner en marcha la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres.
La vivienda se ha convertido ya en un nuevo frente político entre Gobierno y oposición y si en este encuentro no se aproximan posturas, podría terminar incluso en los tribunales. Los consejeros del PP expondrán ese malestar uno a uno en la reunión. En Génova consideran “especialmente grave” que la ministra hablara de vincular los fondos del Estado a las políticas que el PSOE quiere que se apliquen.
En el PP se revuelven contra el Ministerio y recalcan que es la ley la que deja en manos de las comunidades la aplicación de esas medidas. Y recuerdan que otras autonomías gobernadas por el PSOE -como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra- tampoco lo han hecho. Según explican en la dirección nacional, las autonomías del PP exigirán a la ministra dar marcha atrás en la acusación de “estar incumpliendo la ley”, ya que todas ellas, esgrimen, están operando dentro de las competencias autonómicas con el margen de actuación que prevé la propia norma.
Además, en el primer partido de la oposición critican que Isabel Rodríguez actúe con “falta de humildad” teniendo en cuenta que la Ley del Suelo -retirada por el Ejecutivo por falta de apoyos antes del verano- necesita el consenso del PP para salir adelante.
Primero, porque los socios gubernamentales se oponen a gran parte del redactado. Y, segundo, porque el poder autonómico y municipal reside en gran medida en las siglas populares que, son al final, las que deben poner en práctica el articulado de la futura ley.
En la cúpula conservadora aseguran que el propio Ministerio contacta a menudo con comunidades y ayuntamientos, consciente de que son los primeros interesados en desbloquear una parte normativa sin la cual no pueden ponerse en marcha. La Ley de Suelo del Gobierno (que parte, en realidad, de una norma del último mandato de Mariano Rajoy) pretendía también evitar que la creación de nuevos barrios sean paralizados en los trámites burocráticos por defectos de forma.
Es una de las grandes reivindicaciones de la patronal, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que lleva mucho tiempo exigiendo esa certidumbre en los plazos a la hora de tramitar urbanísticamente suelo. Y uno de los grandes puntos comunes entre los dos partidos. Pero el PP se negó a apoyar hace meses la norma porque el Ministerio no incluía sus principales demandas. Entonces quedó en papel mojado el que pudo llegar a ser el primer gran acuerdo de PP y PSOE. “Se ha pasado de frenada. Y en Vivienda el acuerdo pasa por nosotros también”, resumen en la cúpula conservadora.
La tensión ha subido mucho y en el PP irán al choque para exigir a la ministra dar marcha atrás. Los puentes no están rotos, también reconocen en la dirección, pero en este momento todo está congelado.
El plan del PP ve la luz
En paralelo, las comunidades del PP también van a llegar a esta reunión con el anuncio de un plan de vivienda integral. Génova decidió adelantar la presentación de su propuesta a este miércoles -lo desgranará Paloma Martín- en la sede nacional, precisamente, para mostrar una alternativa a la del Gobierno y que las autonomías se muevan en ese marco durante el diálogo que se abra.
En realidad el plan tiene muchas propuestas recicladas de los programas electorales y del primer plan que hace meses ya presentó el PP. Ahora han decidido aglutinarlo todo como una nueva propuesta legislativa que necesitará modificar cuatro textos normativos y que tendrá otras medidas aparte en distintas leyes.
Una especie de paquete y plan de choque que actúa por varios frentes: bonificaciones fiscales para caseros que pongan viviendas en alquiler, ayudas concretas para jóvenes que incluirá la exención progresiva del IRPF durante cuatro años, una ley anti okupación y muchas políticas para favorecer la construcción de viviendas.
