El PP ha continuado este miércoles desgranando las propuestas de vivienda que incluirá en una nueva ley. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, ha defendido rebajar el umbral de vulnerabilidad de un inquilino de los 1.800 euros que marca ahora la norma a los 1.050 euros. En opinión de los conservadores, ese límite esta haciendo que muchos dueños de pisos no quieran arrendar sus pisos a los jóvenes que cobran menos de 1.800 porque temen que, en caso de impago, puedan acogerse a una situación de vulnerabilidad y no ser desahuciados.
La ley por el derecho a la vivienda de 2023 modificó, a través de una disposición final, la ley de enjuiciamiento civil, para que en juicios de desahucio el juez pudiera situar el umbral de vulnerabilidad del arrendatario, con carácter general, en rentas de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Para Martín, el Gobierno de Pedro Sánchez ha «desprotegido a los propietarios, que lo que hacen es retirar sus viviendas de alquiler por miedo a que sean ocupadas o inquiokupadas, para no tener que pelear durante meses y años en los tribunales para recuperar su vivienda». Eso, ha continuado, explica «el descenso de los pisos de alquiler». La vicesecretaria ha dicho que en España hay 80.000 pisos ocupados en estos momentos y cada año se producen 25.000 «inquiokupaciones», un problema que ha calificado de «crónico».
«Intervenir el mercado es devastador»
En la presentación del plan de vivienda, la vicesecretaria del PP ha insistido en cargar contra el Gobierno por “incumplir sistemáticamente sus promesas electorales”, sobre todo, ha insistido, en la construcción de las nuevas viviendas prometidas. Pero también la filosofía de los conservadores es la crítica continua a lo que considera “una intervención del mercado que tiene efectos devastadores”, con el foco puesto en todo momento en la declaración de zonas tensionadas que está prevista en la ley de vivienda en vigor, y que obliga a topar el precio de los alquileres.
Martín considera que las medidas del Ejecutivo “han blindado a los inquiokupas” y “desprecia” a los propietarios dejando “un mercado completamente roto” porque reduce la oferta mientras que los precios siguen subiendo.
El PP todavía no ha entregado el documento con todas las medidas pero insiste en tener una alternativa al Gobierno que, en su opinión, “son medidas fracasadas en cuanto se han aplicado”. Además, los populares recuerdan que la ley del suelo -que el Ejecutivo terminó retirando- no tenía el apoyo de muchos de sus socios, incluidos los independentistas. “Los nacionalistas solo sacan tajada para ellos”, ha afirmado Martín, llegando a asegurar que “con el cupo separatista podrían levantarse 100.000 viviendas”.
