El Gobierno de Canarias afrontará las infracciones a la Ley de Costas y la subida del nivel del mar por el cambio climático con la elaboración de un censo de los núcleos costeros, «casa por casa», para determinar cuáles se pueden salvar con una interpretación cariñosa de la normativa del Estado y cuántas viviendas u hoteles se deben derribar por los continuados incumplimientos en el dominio marítimo-terrestre y zonas de servidumbre.
Antonio Acosta, director general de Costas del Ejecutivo autonómico anunció estas actuaciones antes de la reunión que ha mantenido este martes con representantes del Cabildo de Gran Canaria y de los 14 ayuntamientos costeros de la Isla, un encuentro de carácter técnico para informarles del trabajo que realiza ese departamento tras asumir la Comunidad Autónoma las competencias en el litoral, especialmente los procedimientos de autorización o concesión administrativa.
Como principales litigios en Gran Canaria se citaron los deslindes de la costa norte, en especial los del litoral de Arucas y Moya afectados por el Plan del Litoral del Norte (PTP-15) y el de Salinetas, en Telde. Sobre este último, Acosta dijo que al igual que en el de Yaiza en Lanzarote hay un conflicto competencial con el Ministerio de Transición Ecológica.
Antonio Acosta e Inés Miranda, al fondo, en la reunión sobre las competencias de Costas / LP/DLP
«Estamos en un contencioso porque entendemos que una parte de ese deslinde es una agresión a las competencias del propio Gobierno de Canarias y contra los intereses de diferentes personas, son vecinos de esos municipios que estaban en unas condiciones y que rodando una linea de costa los colocas en una posición legal muy complicada para poder desarrollar su vida habitual, como puede ser una vivienda, o su negocio, como puede ser un hotel», afirmó.
Dominio público
En declaraciones previas al inicio de la jornada, Acosta sostuvo que «no todas las casas están en la misma situación», pues unas están en dominio público, otras en zona de servidumbre y algunas viviendas solo con una esquina o con unos pocos metros dentro de la zona prohibida.
«Como todo, hay gente que no ha cumplido, que estando en dominio público han seguido construyendo y, lógicamente, hay edificaciones dentro de esos propios núcleos o desarrollos de la costa que habrá que eliminar porque no han cumplido con la ley», apuntó Acosta. Sin embargo, subrayó que hay determinadas situaciones en los núcleos costeros de las islas, los que tienen una historia y un patrimonio, que «son parte de la vida de Canarias y entendemos que hay mirarlo con cariño».
El director general aclaró que desde el Gobierno de Canarias no se está planteando un incumplimiento de la Ley de Costas, sino que se interprete de diferente manera». «No vamos a defender nunca algo que se haga en el litoral sabiendo que está en dominio público, que no se intente legalizar, sino que directamente que sigan construyendo; ahí hay que derribar», puntualizó.
Respecto al cambio climático, resaltó que hay dos partes. La primera se está abordando desde la Consejería de Transición Ecológica, con un estudio de las subidas de mareas y su efecto en las costas. «Y nosotros comentó Acosta- estamos trabajando en la ley de costas canarias y analizaremos esa situación, pero ya está claro que como territorios insulares debemos ser vistos de manera distinta a la Península». Al respecto, añadió que «hay especialistas y muchos ingenieros que plantean que afrontar el cambio climático, si queremos seguir viviendo, no pasa exclusivamente por la demolición de la primera línea de costa, porque eso provocará que la segunda línea se convierta en la primera».
«A lo mejor tenemos que hacer el planteamiento de la protección del litoral y qué medios utilizamos para conjugar el desarrollo del propio litoral y su conservación; Canarias en eso puede ser un ejemplo y así se lo he trasladado a la directora general de Costas del Estado, pues nosotros queremos ser un ejemplo de planificación y desarrollo en toda España», comentó.
Litoral del Norte
La consejera de Política Territorial del Cabildo, Inés Miranda, que encabezó la representación de las instituciones grancanarias en la reunión, consideró que los litigios por las viviendas en los barrios costeros de Arucas, Moya y Santa María de Guía se podrán resolver a través del Plan del Litoral del Norte.
Tras recordar que ese deslinde fue realizado en su momento por el Estado y que se ha creado una comisión con los afectados por la Ley de Costas al asumir Canarias esas competencias, Miranda opinó que elPTP-15 «no es un problema» para esas viviendas costeras desde Bañaderos a San Felipe.
«Todo lo contrario, es una oportunidad para poder reubicarse en una zona de seguridad, dentro de su propio municipio, que es lo que hemos propiciado desde el Cabildo a los tres municipios afectados», aseguró la consejera, quien insistió en quie el PTP-15 «es una oportunidad y si las competencias residen en Canarias se podrá encontrar la solución satisfactoria que los municipios están demandando».
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