En agosto pasado, ElPlural se hacía eco de una noticia generada en Benalmádena. Se trataba de que este ayuntamiento malagueño gobernado por el PP, sea gastó 35.000 euros en una supuesta “supermáquina” para prevenir la legionella en los colegios y, curiosamente, a los tres meses, surgió un brote en un centro escolar. Este positivo en legionella seis meses antes en un colegio de la localidad, había creado alarma social y numerosos comentarios de preocupación en la localidad a través de las redes sociales.
Tampoco se sabía que el alcalde, tres meses antes de ese positivo, concretamente en octubre de 2023, había comprado a través de la empresa municipal Provise por un importe de 35.404,60 euros, una maquinaria cuya adquisición se justificaba especialmente en la prevención de la legionella y otras bacterias en los colegios e institutos de Benalmádena. De esta compra, el regidor popular, Juan Antonio Lara, no había informado a los vecinos.
Sin licitación pública y a dos empresas distintas
Al mismo tiempo llamó la atención que la compra de estas máquinas preventivas de la legionella se abonó a través de dos facturas a dos empresas distintas, emitidas el mismo día y por un importe idéntico de 17.702,30 euros, laminando y orillando así una licitación pública con la pertinente concurrencia de otras empresas del sector potencialmente interesadas en concursar.
La oposición socialista avisó en un pleno de la posibilidad de que las máquinas tuvieran algún tipo de incidencia ante el positivo en legionella registrado, meses después de que estuvieran a pleno rendimiento. Desde entonces el PSOE ha reiterado su preocupación por esta operación contractual y por la eficacia de la “supermáquina”.
Ahora, surge una sorpresa más. Los concejales del PSOE vienen reiteradamente solicitando al equipo de Gobierno un informe de los técnicos municipales para dilucidar la idoneidad de la maquinaria, conocer si funcionan o no correctamente y si se ciñen a las especificaciones de la contratación realizada en su día. Los socialistas recelan de la idoneidad de la compra y temen que se haya adquirido una maquinaria “sobredimensionada a las necesidades de los centros educativos y, por tanto, la ciudadanía haya pagado un precio más elevado del necesario”.
Ese elemento sorpresivo al que nos referíamos anteriormente, surgió en el pleno municipal del pasado 26 de septiembre cuando, ante la insistencia de los socialistas y de su portavoz, el ex alcalde Víctor Navas, el edil responsable de las Empresas Municipales hacía público que el Gobierno local había encargado una auditoría, con un contrato de 7.800 euros. Gasto que justificó el concejal para que el portavoz socialista “se quede tranquilo”. Es decir, un contrato criticado por su tramitación y cuestionado por la eficacia de la maquinaria comprada por valor de 35.404,60 euros, necesita ahora, un año después, ser verificado y extraer para ello de las arcas municipales, casi 8.000 euros. Inconcebible.
