En menos de un año como diputada, la representante de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 1969), ha votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez y en contra de la ley de amnistía. Su partido rechaza el discurso de PP y Vox sobre los menores migrantes no acompañados, pero comparte con los populares el Gobierno de las islas.
«No somos ni de unos ni de otros, ni socios ni muletas de nadie», recuerda a EL ESPAÑOL en esta entrevista. En momentos de crisis migratoria con cifras de récord, Valido reclama una mayor implicación del Gobierno central y denuncia la falta de recursos y planificación para abordar un drama que desborda las capacidades locales. «Esto no es solo un problema de Canarias, es un problema del Estado», insiste.
Las capacidades del Gobierno insular, dicen desde el archipiélago, están más que duplicadas desde principios de septiembre «sin que nadie levante la voz». «Tienen otras prioridades», asegura la diputada, y no le importa ir a uno u otro lado. Con una mano señala la inacción de Pedro Sánchez mientras, con la otra, critica que el PP tumbase la reforma de la Ley de Extranjería. Nadie queda libre.
¿Existe una solución al drama migratorio?
Es complicado mientras África esté como está. Mientras no haya una acción clara en esos países que permita que la cooperación y los millones que se dan a esos Gobiernos lleguen a la gente de las calles, a las familias, y tengan una mínima garantía de salud, de alimento… van a seguir marchándose. Hablamos de gente que huye de guerras, de menores que huyen de ser obligados a participar en guerrillas. Si el que se llama «primer mundo» no actúa con decisión para que las personas de esos países tengan una oportunidad en su tierra, esto no lo va parar nadie.
¿Se están ofreciendo condiciones dignas de acogida?
Estamos haciendo todo lo posible en un momento de absoluta saturación de centros. No paramos de abrirlos. Ya hay más de 80 en Canarias, pero todo tiene un tope. Estamos ya rozando los 6000 menores. Llevamos meses, por no decir años, diciendo, advirtiendo, que Canarias no podía responder sola a esta tragedia humanitaria, que son los menores que están emigrando solos y que están llegando a nuestras costas jugándose la vida. No se ha hecho nada. Se ha esperado a que los centros estén como están y porque el Gobierno de Canarias se ha plantado, pidiendo soluciones.
En los últimos meses hemos escuchado a otros partidos hablar de «deportaciones masivas».
Creo que ese término no debería ser utilizado por nadie que tenga una mínima humanidad. Estamos hablando de personas: cada persona tiene una historia y las personas tienen derechos. Si partimos de ahí, ya no tiene ningún sentido seguir hablando de una devolución masiva de personas. Es un absoluto disparate y, en mi opinión, es inhumano.
A partir de ahí está clarísimo que hay que tener mecanismos de acogida, de recepción y de atención inmediata, que hay que responder a los derechos humanos y al derecho de asilo. Y eso no se está haciendo. El Estado no está asumiendo su responsabilidad y se escuda en que son competencias del Gobierno de Canarias.
Pero es que, quitando el asilo, son competencias del Gobierno de Canarias, no del Estado.
Lo que no puede ser es que llevemos años atendiendo esta tragedia en solitario, peleándonos hasta para que nos ingresen un euro (que todavía este año no se ha ingresado) y que estemos ahora sufriendo por sostener por nuestra cuenta a casi 6.000 menores. Para lo único que hemos visto diligencia y rapidez por parte del Estado es para llevar al Gobierno de Canarias al Constitucional, y sólo por exigirle al Estado que haga sus tareas.
Quiero recordar que si hoy estamos hablando de una reforma de la Ley de Extranjería es porque Coalición Canaria lo puso negro sobre blanco en el acuerdo de investidura que firmó con Pedro Sánchez. Porque si no, a lo mejor no teníamos ni eso y seguían ignorándolo.
¿Hay alguna comunidad autónoma que se haya ofrecido a echarles una mano?
A lo largo del tiempo sé que ha habido ofrecimientos diversos. No te puedo concretar porque eso te lo tendría que decir el Gobierno canario, que es el que mantiene los contactos. Sí te sé decir que algunas se han interesado más, otras se han interesado menos y algunas no se han interesado nada.
La expresión «solidaridad entre comunidades» se está escuchando mucho últimamente por otros temas, sobre todo en lo relativo a la financiación autonómica, pero parece que ese mismo discurso desaparece cuando el tema es acoger a menores no acompañados.
Sí, lamentablemente a todos les preocupa mucho la financiación, el dinero, y es lógico. Y se habla de solidaridad territorial. Pero cuando hablamos de la atención a los menores que llegan en cayuco al Estado español… [hace una pausa] Porque no es que vengan a Canarias, vienen a Europa, vienen a España. Ahí ya la solidaridad que llevamos años pidiendo y esperando no se da.
Es precisamente por eso por lo que estamos estableciendo una vía obligatoria y legislativa, porque no ha habido solidaridad. Por eso estamos pendientes de elegir una fórmula: cómo va a ser esa derivación, qué número de menores debería coger cada uno, cuáles son los parámetros por los que se va a hacer esa distribución y pactar la financiación. Y en eso tienen que trabajar los dos grandes partidos para ponerse de acuerdo.
Precisamente esos parámetros son los que plantea la reforma de la Ley de Extranjería, pero el PP la tumbó en el Congreso. A veces me cuesta entender su relación con ellos, porque gobiernan con ellos en las islas pero en el Congreso suelen votar con el PSOE. ¿Cómo se conjugan estas dos realidades?
Con que nosotros no defendemos ni a uno ni a otro. Somos absolutamente libres de votar lo que creemos que es importante para la ciudadanía. Más allá de lo que tenemos firmado en el acuerdo de investidura, nadie nos puede exigir ningún apoyo de ningún tipo.
Nosotros entendemos que se tiene que dar una negociación y un acercamiento entre ambos para que se pueda producir esta reforma. Hace escasamente una semana se nos dijo que esta negociación se iba a iniciar, que se iban a sentar a discutir. Al presidente Fernando Clavijo se le ha encargado públicamente que consiguiera el apoyo del Partido Popular, y después de eso el Partido Popular ha puesto sobre la mesa unas condiciones.
¡Pongámonos a negociar! Ya estamos tardando. Los días pasan y en una semana han llegado más de 400 menores.
No parece que se estén dando mucha prisa.
Lo deseable sería que se pusieran fechas ya a esos encuentros para negociar, porque los días están pasando e, insisto, cada día los canarios recibimos cayucos y recibimos personas. Ni el partido en el Gobierno ni el partido que aspira a gobernar se pueden permitir dar largas a este tema y no estar a la altura de las circunstancias. Da la sensación a veces de que las prioridades políticas no tienen nada que ver con las necesidades de las personas.
¿Cómo se ejercita el reparto por comunidades? ¿Bajo qué reglas?
Hay varios parámetros que el propio Gobierno canario ha propuesto y están sobre la mesa para que sea la Conferencia Sectorial, que es en la que están sentadas las comunidades, determine lo que crea más justo. Podemos hablar de PIB, podemos hablar de población, podemos hablar de número de población infantil, de capacidad de recursos para atender a menores… también hay que ver el registro de menores inmigrantes no acompañados que han llegado y el que hay ya en otras comunidades.
El presidente Sánchez se comprometió a dar 50 millones de euros para Canarias mientras esto sigue parado, pero ustedes dicen que llevan gastados ya 150 millones en lo que va de año. Eso es algo que se puede resolver mañana.
Pues ahí lo tienes, a la vista está. Y las declaraciones del Gobierno canario son muy contundentes. Esta semana todavía no se había recibido un solo euro. No parece que sea una preocupación y una prioridad… porque estamos en octubre ya, ¿no? Parece que tiempo se ha tenido de sobra, y llevamos muchos meses denunciando esta situación.
La sensación que tenemos en Canarias es la de que, desde luego, esto no es ninguna prioridad para el Gobierno ni para la mayoría de los partidos que están presentes en el Congreso, porque el debate se repite cada semana y nadie parece entender que este es el mayor y primer reto que tiene el Estado en este momento.
¿Se utiliza políticamente?
Desde luego. Se habla, se habla, se habla… pero no se hace. No se hace nada. Y mientras tanto llegamos al punto de dejar que en Canarias colapse la red de atención, que los centros estén sobreocupados.
Ya la legislatura pasada, con la mitad de los menores que tenemos hoy, el Gobierno entonces presidido por el señor Ángel Víctor Torres llegó a amenazar con devolver las competencias. Hace ya demasiado tiempo que los canarios venimos conviviendo con esta tragedia migratoria sin que el Gobierno del Estado se la tome en serio y actúe como tiene que actuar.
¿Creen que están dejando pasar este problema porque lo ven como un asunto sólo de Canarias?
Da la sensación de que no entienden que es un problema del Gobierno de España y que debe resolverlo. Hace pocos días, el presidente Sánchez habló de las prioridades de su Gobierno y esta situación no estaba entre ellas. Es evidente que siguen sin asumir la responsabilidad que les corresponde en cuanto a lo que ocurre en sus fronteras.
Una de esas prioridades son los Presupuestos Generales del Estado. ¿Están negociando?
Hasta hace un mes estaba prevista una reunión sobre los presupuestos, cuando veíamos más cerca una negociación para la reforma de la Ley de Extranjería. Ahora hay incertidumbre sobre cómo quedará la senda de estabilidad y el impacto en la negociación presupuestaria, especialmente con el acuerdo con Esquerra.
De momento seguimos a la espera de ser convocados para negociar los Presupuestos que el Gobierno dice que va a traer. Es clave que el acuerdo de investidura se cumpla, porque nosotros cumplimos siempre; ahora es importante que en ese proyecto estén perfectamente dibujadas todas las partidas que la agenda canaria necesita.
Estamos esperando conocer la situación de la financiación de Canarias y que se establezca una mesa de trabajo para la reforma de la Ley, donde se dedique el tiempo necesario para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular.
¿Esa es la prioridad ahora mismo?
Sí, sin duda. La emergencia es tal que la situación en los centros de Canarias es extrema. No es que sea algo urgente, es que es algo que debería haberse resuelto ya. Era para ayer.
Esto les ha generado fricciones con el Gobierno, pero hasta hace poco se les veía bastante de la mano. Sólo me vienen a la mente dos votaciones importantes [la amnistía y el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela] en las que se hayan desmarcado.
Tenemos un acuerdo firmado de investidura que recoge lo que recoge. Y lo que dice es que apoyaremos la transposición de normas europeas y los presupuestos, siempre y cuando cumplan con lo comprometido en la agenda canaria. En otros temas, somos libres de votar lo que consideremos necesario.
Hemos apoyado muchas cosas que creemos importantes para la ciudadanía, siendo responsables y leales. No somos ni el socio ni la muleta ni del PP ni del PSOE. Ni de unos ni de otros. Cumplimos lo firmado, pero si ellos no lo cumplen, reconsideraremos el acuerdo.
Hay otros que pegan giros de última hora.
Respeto que cualquier formación política, si cree que su acuerdo no se cumple, cambie su voto. Ese derecho lo tenemos todos, incluida Coalición Canaria.
¿Y los que no tienen partido? ¿Qué tal se lleva con José Luis Ábalos, que está en su grupo?
Es una relación cordial y educada. No coincidimos mucho, ni siquiera trabajamos en el mismo edificio. Sólo le veo en el Pleno, en su escaño, y no hablamos mucho. Pero la relación es la que debe ser, cordial.
¿Esa cordialidad se mantiene con todos los diputados?
Mi experiencia personal es que tengo una relación cordial con todo el mundo. Los momentos de tensión en el Pleno, que a veces parecen un campo de fútbol, deben ser corregidos por los partidos. La Cámara no merece gritos ni insultos. Esto daña a la democracia y a la política, no es real y hace que parezca que no hacemos otra cosa más que insultarnos y pelearnos.
El teatro es una cosa, pero no me negará que la acción legislativa está bastante paralizada.
Hay muchas leyes sobre la mesa y se están trabajando en enmiendas y ponencias en comisiones. Ese trabajo no se ve. El problema es que, cuando llega el momento de votar, no se dan las mayorías necesarias, y las cosas se retrasan. El trabajo se está haciendo, aunque no siempre sea visible, y otra cosa distinta es que no haya ninguna mayoría clara.
¿Pero está la cosa como para una moción de censura?
No, porque no se ve una alternativa clara. La relación entre Vox y el Partido Popular es muy mala; en los debates del Pleno dedican más tiempo a pelearse entre ellos que a hacer oposición al Gobierno. Además, son pocos los grupos que facilitarían una alternativa en la que Vox participe. No parece que haya números para eso en este momento.
Esta semana han plantado al PSOE y, con su voto, han dado carpetazo la comisión del caso Mascarillas. ¿Qué ha pasado?
Hemos decidido que en este momento hay una prioridad mucho mayor, que es la tragedia humanitaria que vive Canarias. Hasta que este tema no se aborde con la importancia que merece, no participaremos en otras cuestiones que consideramos no prioritarias.
Desde el PSOE podrían decir que están protegiendo al PP.
No tenemos que proteger a nadie. El PP tiene suficientes diputados y comunidades autónomas para defenderse solo. El PSOE tiene la fuerza del Gobierno y sus socios. Nosotros estamos para proteger los derechos de los canarios y hacer que nuestros problemas sean escuchados. La tragedia migratoria que vivimos no tiene comparación con ningún otro asunto.
¿Qué opinión le merece que el ministro Torres siga en su puesto, pese a que su antiguo gabinete está siendo investigado por el caso?
Habrá que esperar a que la investigación avance y ver si hay culpabilidad o no antes de sacar ningún tipo conclusiones. El ministro no está siendo investigado, y creo que las personas que no están siendo investigadas ni están imputadas tampoco pueden ser consideradas sospechosas. No saquemos conclusiones antes de tiempo.
¿Qué le parece que el presidente Sánchez haya mencionado a Canarias como ejemplo para defender la financiación singular de Cataluña?
Pues que no tiene nada que ver, porque el régimen económico y fiscal de Canarias es una ley en la que participaron todas las fuerzas políticas y que refleja derechos singulares reconocidos por la Constitución y las leyes europeas. Nosotros nunca hemos llegado a un acuerdo bilateral sin conocimiento de todos, nuestras singularidades están amparadas por la ley y la Constitución.
Y lo votó el Congreso.
Todos los partidos.
¿Qué consecuencias puede tener para el archipiélago una reforma de la financiación autonómica?
No lo sabemos, porque no está claro lo que se pretende. Conocemos un acuerdo que ni siquiera las dos partes firmantes explican igual… y lo que necesitamos saber qué decisiones se tomarán para conocer el impacto en las cuentas de Canarias. Escuchamos que «va a haber más dinero para todos», pero habrá que ver cuánto, en qué proporción crecen unos con respecto a otros, etc. Hay demasiados detalles desconocidos como para tomar una posición ahora mismo, pero espero que pronto las comunidades y los partidos podamos poner negro sobre blanco.