Alicante en hogueras.
En la Comunitat Valenciana, y en algunos otros lugares, se cuenta con la tradición de purificarse con el fuego. Una tradición típica y vinculada a diversas festividades que suelen celebrarse en fechas próximas a los solsticios de invierno y verano, como las hogueras de San Juan en Alicante, y las fallas de Valencia a las puertas de la primavera, por lo que el otoño es la estación que se aleja del fuego y de este tipo de fiestas.
En un escenario distinto y no festivo, en el otoño de 2022 se produjo el acuerdo de la Universidad Miguel Hernández de recurrir en vía contenciosa la autorización por el Consell de la Generalitat Valenciana de implantar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante y dos años más tarde, a las puertas del otoño de 2024, el Consell de la Generalitat Valenciana se ha allanado a la demanda de la Universidad Miguel Hernández, prendiendo así una chispa cuyo devenir es todavía incierto pero próximo, porque presumiblemente en este otoño se dictará la sentencia correspondiente, considerando o no conforme a Derecho lo actuado, al menos en primera instancia.
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En la Comunitat Valenciana ningún Gobierno ha tomado la decisión de establecer un mapa de titulaciones. Ni cuando los títulos que se podían impartir eran los establecidos por el Estado, ni ahora cuando su contenido y denominación lo propone cada universidad para que se le autorice. Por ello, hay títulos que pretendidos por una universidad se autorizan o no, según las circunstancias y necesidades relevantes que deben ponderarse en cada caso y momento. En este contexto, que una universidad cuestione en Derecho lo que se le autoriza a otra, no sólo es extraño, sino que puede plantear dudas sobre si realmente concurre un interés legítimo que pueda conferirle legitimación procesal para ello. En cualquier caso, conviene advertir que cuando quien plantea un conflicto cosecha éxitos, pueden salir seguidores y no es difícil imaginar lo que podría suceder en el futuro porque, en definitiva, lo que está en juego es abrir las puertas para que cualquier universidad cuestione la nueva implantación de títulos en otras universidades, públicas y privadas, al ser autorizadas por la propia Generalitat.
No voy a reiterar la obviedad sobre la necesidad de personal médico en centros sanitarios y hospitalarios para prestar el servicio para el que se construyen y dotan; una situación que es evidente más allá de las insuficiencias manifestadas durante la pandemia; como asimismo es innegable el incremento de estudiantes en ciencias de la salud en las universidades privadas, respecto del de las públicas, y en Alicante, de momento, no hay una universidad privada que imparta el grado en Medicina.
El allanamiento a la demanda, excepcional en la actuación de las administraciones, podría justificarse si previamente se hubiera iniciado un procedimiento extraordinario de revisión de oficio por nulidad, o se hubiera declarado lesivo a los intereses públicos la autorización de la implantación del título, pero ahora, bien avanzado el proceso contencioso, supone un acto que toma partido en favor de la que no está directamente afectada por la autorización de implantación Un acto que incide en la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida, en la seguridad jurídica de los estudiantes que empezaron sus estudios y de la Universidad de Alicante, así como en las del resto de la Comunitat Valenciana.
Por el momento, el sentido común y el respeto a la tutela judicial efectiva, exigen serenidad, prudencia y confianza en este compás de espera otoñal hasta que se produzca la resolución judicial. Estos mismos criterios deben ser compatibles con el debate y la actuación ponderada y coordinada de la Generalitat y las Universidades (también en el plan de financiación), algo necesario ante la ausencia de un mapa de titulaciones. Sin filias ni fobias. Hoy son cinco las universidades públicas valencianas, no sólo una como ocurre en otras Comunidades Autónomas, en las que no hubo universidad hasta que se crearon tras la organización autonómica prevista en la Constitución de 1978, a la que tanto se debe y que, por lo que aquí es relevante, reconoce la autonomía a las universidades, algo que corre el riesgo de arder en esta hoguera de otoño.
