El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha realizado un nuevo nombramiento ignorando la opinión mayoritaria del Consejo Fiscal, eligiendo como jefe de la Sala Penal del Supremo a Fernando Prieto, quien ocupaba una de las posiciones más bajas en el escalafón.
Prieto no contó con el apoyo de la mayoría de los vocales del pleno. Según ha relevado El Debate, Prieto habría indicado que sería «excesivo» que García Ortiz dimitiera si el Tribunal Supremo decidiera investigarlo formalmente por un delito de revelación de secretos, como solicitó el TSJM antes del verano.
