«Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme»; «Le dejamos el culo como un bebedero de patos»; «Si traigo a una tía a tu casa, ¿te animarías a trío?»; «Cuando vaya bien borracha y cachonda es el momento de picar a la puerta»; «Le fallan los dientes, pero es follable» o «Le hacemos doble penetración, yo lo grabo todo».
Son algunos de los muchos mensajes difundidos en el grupo de WhatsApp llamado K-Team Manada –conocidos como ‘la manada’ de Castelldefels, del que cinco miembros están procesados por agresión sexual, revelación de secretos y pertenencia a «grupo criminal para cometer delitos contra la indemnidad sexual», tal como considera la Fiscalía. Se trata de una de las primeras veces que se reclama a un juzgado aplicar una condena por esta tipología delictiva en casos de violación.
La Fiscalía pide penas que van de 28 a 53 años de cárcel para los acusados, que cometieron los delitos en domicilios que el principal acusado, para quien se pide una pena más alta, tenía en Castelldefels.
«Clima de sometimiento»
El escrito fiscal, adelantado por La Vanguardia, señala que «los cinco procesados, puestos en común y previo acuerdo entre sí, siendo totalmente conocedores de las limitaciones que supuso el covid y aprovechándose de ellas, durante los meses de marzo a mayo de 2021 contactaron a través de redes sociales con jóvenes que, por cualquier circunstancia médica o personal, tenían baja su autoestima para, una vez ganada su confianza, proponerles encuentros con ellos».
El Ministerio Público remarca que las víctimas acudieron de forma voluntaria a estas fiestas, aunque desconocían «el carácter grupal y sexual de las mismas». Sin embargo, destacan que los cinco procesados iban «con el conocimiento y la voluntad de atentar contra la indemnidad sexual de las jóvenes, creando en dicha vivienda un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso a anular la capacidad de reacción de las perjudicadas».
Alcohol y medicación
Además, destaca que los acusados supuestamente sabían que las víctimas tomaban medicación, por lo que les suministraban alcohol para abusar de ellas en grupo. En sus declaraciones, las mujeres afirmaron que habían acudido a las citas para mantener relaciones sexuales con alguno de los procesados, pero no para participar en sesiones grupales de sexo ni por supuesto ser sometidas a prácticas sexuales no consentidas.
Según la fiscal, los cinco procesados integraban, junto con otros individuos, el grupo de WhatsApp para presuntamente «seleccionar a las jóvenes que querían llevar a la vivienda de uno de ellos». En este canal «se mofaban de lo que pretendían hacer con ellas», según la fiscalía, que ejemplifica este extremo con los numerosos mensajes encontrados en el chat y SMS que compartían los acusados.
Agresiones sucesivas y sin preservativo
En este sentido, la acusación pública remarca que los procesados abusaron de una de las víctimas que tomaba medicación por su enfermedad y que había consumido mucho alcohol y se encontraba en «un estado de total embriaguez«. En ese estado, la desnudaron entre todos y la llevaron a una habitación donde varios acusados la «penetraron sucesivamente vía anal, vaginal y bucal» sin usar preservativo.
Otro de los acusados se quedó mirando. La fiscal destaca que la mujer sufrió «pánico» por estar con cinco hombres «en una habitación de tan reducido tamaño» y «vio anulada su capacidad de reacción, al tiempo que escuchaba, por parte de los procesados, expresiones tales como ‘no veas como aguanta para como está, estás siendo una campeona'».
Daños físicos y morales
Otras dos víctimas también fueron emborrachadas y forzadas en grupo. Una de ellas incluso fue agredida con una botella de cerveza. Otra de las víctimas fue grabada mientras practicaba sexo con dos de los acusados en un hostal y las imágenes se difundieron sin su consentimiento en el grupo de WhatsApp. De ahí que, además de las penas de cárcel, la Fiscalía también solicite indemnizaciones de entre 50.000 y los 89.000 euros para las perjudicadas por daños morales y físicos. La acusación pública también pide que se extremen las medidas para proteger sus identidades.
Los cinco acusados permanecen en prisión provisional desde el 21 de diciembre de 2022. El juicio se podría celebrar en la Audiencia de Barcelona el próximo año.
