Las acusaciones de “falsificación de los datos” de reciclaje persiguen a Ecoembes desde hace años y la fecha en la que se conocerá si estas son ciertas se acerca. El 31 de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inmerso en un proceso de relevo por la marcha de Teresa Ribera a Bruselas, deberá revelar si los objetivos de recogida separada para 2023, fijados en un 70% la Ley de Residuos, se cumplieron. De no ser así, como apunta el último estudio realizado por la consultora británica Enomia, España cambiará su forma de reciclar para siempre.
Así lo exige Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que establece que, en el caso de no cumplirse los objetivos, se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno. El conocido como SDDR, que asumirán 19 países europeos de cara a 2025, consiste en el cobro de un pequeño sobrecoste al consumidor que es reembolsado al devolver el envase (botella de plástico de hasta tres litros y sus tapones), que a su vez vuelve a la cadena de producción.
En la antesala de un cambio que supondría un antes y un después en el reciclaje español, las acusaciones por «falsear datos» relativos al reciclaje y la recogida separada de plásticos de un solo uso han vuelto de la mano de Greenpeace y un gran número de organizaciones internacionales. Desde la ONG denuncian «falta de transparencia en los resultados de la gestión de los residuos de envases y la inexistencia» y acusan a Ecoembes de «disfrutar de un monopolio» de datos «inconsistentes» que no se corresponden con la realidad. En consonancia, exigen la aplicación de los SDDR.
En contraposición, la empresa de gestión de resiudios es contraria a la aplicación de este tipo de sistemas, pero la directiva europea sobre plásticos de un solo uso (directiva europea 2019/904) obliga a España a realizar los cálculos tal y como establece la Decisión de Ejecución 2021/1752, remitir toda la información a la Comisión Europea, donde Ribera ocupa ahora el cargo de Transición y Competencia, y cumplir con los objetivos establecidos para los Veintisiete. El Ministerio deberá auditar los datos del gigante del reciclaje español, que asegura estar cumpliendo los objetivos, pese a que diferentes investigaciones apuntan lo contrario.
Los objetivos establecidos por la directiva europea están fijados para 2025 (77% de recogida Botellas para bebidas de hasta tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y tapones) y 2029 (90%). A su vez, España cuenta con revisiones también en 2023 (70%) y 2027 (85%), fechas en las que de no cumplirse los objetivos se procedería a la aplicación obligatoria de SDDR para conseguir llegar a los plazos europeos. La decisión oficial sobre los relativos a 2023 llega en poco más de un mes, el 31 de octubre.
¿Ecoembes miente?
El informe realizado por la Eunomia, impulsado por entidades nacionales e internacionales, apunta que de todas las botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros que se ponen en el mercado en España solo el 36% se recogieron de manera separada en 2021, muy lejos del 71% que defiende Ecoembes y con el que habría cumplido los objetivos de 2023 con dos años de antelación. Una auditoría del Govern Balear ya señalaba al organismo en 2020, asegurando que solo reciclaba el 25%, pese a que aseguraban llegar al 65%.
Diversas investigaciones, estudios y auditorías apuntan que Ecoembes falsea los datos y lo hace gracias al monopolio que tiene sobre estos en el país. Unas acusaciones que han llegado hasta Europa de la mano de Greenpeace, que ha presentado dos denuncias. La Comisión Europea ya expedientó a España en 2020 y, de no cumplir de nuevo los objetivos y no incorporar sistemas y recomendaciones en materia de RSU (residuos sólidos urbanos), RAEE (aparatos eléctricos y electrónicos) y recogida separada de plásticos, el país podría enfrentarse a sanciones coercitivas en forma de multas millonarias.
La última queja presentada por Greenpeace también podría prosperar, ya que, como han revelado fuentes de la organización a ElPlural.com, el Ejecutivo europeo ha aceptado a trámite la denuncia y la organización ecologista ha presentado una ampliación del procedimiento de infracción. No obstante, el damnificado si Europa certifica que no se han cumplido los objetivos y se han falseado los datos no será Ecoembes, sino España. “Bruselas no le va a pedir cuentas a Ecoembes”, traslada a este periódico Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. ElPlural se ha puesto en contacto con Ecoembes, pero a la conclusión de este artículo no había recibido respuesta.
Responsabilidad del Gobierno
El Gobierno deberá pronunciarse dentro de poco y desde las organizaciones reclaman que se actúe. “Ecoembes miente porque le va el interés económico en ello, pero que las administraciones admitan esto no puede ser”, lamenta Barea, que asegura que es muy complicado para la dirección general de residuos competir con un “equipo tan reducido” contra “el poder y los millones” del magnate de reciclaje. Asimismo, desde Greenpeace apuntan a un estudio realizado por una entidad pública hace ya tres años que ya llamaba a asumir los SDDR.
Lo señalaba TRAGSATEC en 2021 en su estudio de viabilidad de la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España. “Con la implantación de ambos SDDR (con y sin vidrio y brik), se cumpliría con la recogida separada neta de botellas de bebida de plástico del 90 % fijado para 2029 establecido en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2019/904, mientras que el actual sistema de gestión de envases para bebidas no cumple con el objetivo de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso para el 2025 del 77% establecido por la misma Directiva”, recogen las conclusiones. ElPlural se ha puesto en contacto con el Ministerio, pero a la conclusión de este artículo no había recibido respuesta.
