Montalbán y Robles cargaron contra los indultos hace 10 años

La hemeroteca es a veces puñetera y más cuando las cosas quedan escritas. Que se lo digan al exministro de Justicia Juan Carlos Campo que esta semana ha sido apartado de todos los procedimientos que tienen que ver con la amnistía porque en los informes de los indultos que se concedieron a los líderes del procés en 2021 dejó por escrito que amnistiar no era posible conforme a la Constitución española. Ahora, claro, su visión ya es sabida por lo que considera el Tribunal (y él mismo) que no puede participar en el debate de los recursos contra la ley, que requiere no sólo ser objetivo, sino parecerlo. Se da la circunstancia de que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles, también tenían la peor de las opiniones sobre los indultos hace una década.

«Si hay algo arbitrario es indultar a una persona que ha sido juzgada con todas las garantías y que ha sido entrada culpable», firmaron ambas juristas junto a Félix Azón, magistrado del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña y que fue director de la Guardia Civil cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018. El artículo fue publicado el 8 de abril de 2013 en ‘El Periódico’ cuando ambos tres eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se tituló «¿Qué está haciendo, señor ministro?» y hablaba sobre las reformas que entonces iba a acometer el responsable de la cartera de Justicia con el PP, Alberto Ruiz Gallardón.

A juicio de los tres, Gallardón había emprendido unos cambios que iban a suponer un retroceso en los derechos de la ciudadanía y un ataque a la separación de poderes. «Atravesamos una de las etapas más delicadas desde 1978. A la crisis económica dramática, se suma otra social de confianza por los casos de corrupción que se descubren e investigan los juzgados», decían.

Se referían a algunos asuntos que todavía una década después siguen siendo el centro del debate en la carrera judicial como la dificultad de acceso para ser jueces; la menguada plantilla de togas, muy por debajo del ratio europeo por habitantes; o la posibilidad de sustraer competencias al CGPJ.

Pero, además, dedicaron un apartado a los indultos. Gallardón acababa de indultar a Ramón Ríos Salgado, condenado a 13 años de prisión por conducir durante cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y provocar la muerte de un joven y su novia en 2003. La polémica medida de gracia concedida al kamikaze fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo. «En vez de reformar y adaptar al siglo XXI la figura del indulto, aspira a introducir en el Código Penal figuras de dmás dudosa constitucionalidad como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad», escribieron Robles, Montalbán y Azón.

«El reciente indulto del kamikaze, condenado por sucesivos tribunales, colmó la paciencia de los ciudadanos. El indulto es una herencia en ese ancien régime que evoca, nostálgico, este ministro», rubricaron.

El Constitucional, ahogado por las recusaciones

En junio de 2021 el Gobierno acordó indultar a los nueve miembros del procés que habían sido condenados en firme por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tres años más tarde, el Ejecutivo fue un paso más allá e introdujo la primera amnistía desde que en 1978 se aprobara la Carta Magna. Las dudas ahora sobre si esta es o no constitucional debe resolverlas el actual Tribunal Constitucional en cuya vicepresidencia está precisamente Montalbán.

Pero antes de entrar al fondo del asunto de todas las dudas que han planteado jueces, comunidades autónomas y el Partido Popular, los magistrados deben decidir quién conforma ese pleno. Y no está siendo una tarea fácil. Campo había pedido apartarse voluntariamente y la totalidad de sus compañeros lo veían con buenos ojos, aunque los conservadores se han descolgado esta semana, no porque no estuvieran de acuerdo con que el exministro deba abstenerse sino por las formas en las que se ha tramitado.

Las curvas comenzarán a partir de ahora. Como contó este medio, los conservadores consideran que los recusados –el presidente Cándido Conde-Pumpido, la magistrada Laura Díez y el recién incorporado José María Macías— no deben formar parte de las deliberaciones iniciales en las que hay que decidir sobre la recusación. Los tres a la vez deben quedarse al margen y los demás decidir sobre esto. En cambio, los progresistas entienden que cada cual sólo debe faltar a la deliberación de su propia recusación, pero no a las demás. El debate está servido.