Política y economía están intrínsicamente unidas, pero en muchas ocasiones los discursos presentes en torno a ambos marcos no coinciden entre sí y la realidad que de ellos emana se contrapone. En España, la debacle de una ha solido llegar de la mano de la otra; sin embargo, nada está más lejos de suceder actualmente. El país atraviesa momentos de inestabilidad política, con un creciente conflicto que profundiza en sus trincheras. En el extremo opuesto, la economía, por lo menos la macro, avanza campante, como si no pudiese escuchar el ruido del Congreso de los Diputados.
Esta semana, con la certificación de que el Ejecutivo va a tener que sudar sangre para reunir los apoyos en cada votación y la publicación de múltiples datos económicos positivos, ha certificado la fractura entre ambas realidades. Desde el Gobierno se congratulan por la legislación aprobada desde 2018 y sus efectos en la macro, mientras la oposición prefiere evitar la figura del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en las sesiones de control, donde ni siquiera recibe preguntas e interpelaciones. Simultáneamente, organismos nacionales e internacionales erigen a España como la principal economía de la Unión Europea.
Crecimiento económico disparado
La economía española se ha consagrado como una de las economías más resilientes del momento. Después de sufrir una de las mayores caídas de la zona euro como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la recuperación de los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) tardó apenas dos años en llegar, una década menos que tras la anterior crisis financiera, y las políticas económicas expansivas parecían imponerse a la recesión y recortes defendidas por los conservadores y halcones europeos. Recuperados los niveles, la economía no ha frenado su crecimiento.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado hasta en tres ocasiones revisiones de calado del PIB que han incrementado su avance y su valor nominal. Bruselas apunta a España como la economía que más crecerá entre las grandes durante este año y los siguientes y el Banco de España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Economistas y una larga lista de organismos independientes ya sitúan el avance para este año cerca del 3%.
El Gobierno se ha visto obligado a rectificar su cuadro macroeconómico y, aunque más prudente que el resto de las instituciones, ya habla de un 2,7% para este año. Dato que supera en hasta un punto algunas previsiones que se realizaron tan solo unos meses atrás y que, a su vez, aleja a la eurozona de la temida recesión técnica. A este le seguirían un 2,4% en 2025 y un 2,2% en 2026, que se suman a los más de seis puntos de los dos años posteriores a la pandemia (6,2% y 6,7%) y el 2,7% el de 2023.
Inflación a la baja, empleo al alza
La evolución de los precios también ha sido doblegada después de años de gran sometimiento, sobre todo en materia energética y alimentaria. Si bien la cesta de la compra no baja, ha dejado de subir, y la luz es ya más barata que en años anteriores. La inflación ha cerrado septiembre con una caía de ocho décimas que se lleva el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 1,5%, el más bajo de los últimos tres años y medios.
Desde marzo de 2021 no se veían valores así y esto ha sido gracias al descenso de los precios de los carburantes, los alimentos y la electricidad, según desgrana el INE. Con todo, España se ubica por debajo del objetivo del 2% exigido por el Banco Central Europeo (BCE). Todo ello, además, sin entrar en un efecto espiral que, según el supervisor único, podría llegar de la mano de una subida salarial desmedida. Esto no ha sucedido y, si bien los salarios españoles siguen bajos, crecen en estos momentos por encima de la evolución de precios.
Concretamente, la evolución de la remuneración media por asalariado será del 4% este año, 3,1% el siguiente y 2,6% a dos años vista; mientras que la inflación cerraría con un 2,9% medio este curso, un 3,1% en 2025 y un 1,8% en 2026. Esto genera una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores y de los hogares, que ya han recuperado los niveles prepandemia.
Muchos de ellos, aproximadamente tres millones, han visto esto posible gracias a las múltiples subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 700 euros cortos al mes a los 1.134 euros actuales (1.323 en 12 pagas), un ascenso del 54%. Y las empresas, lejos de quebrar, marcan beneficios históricos, llevándose el Ibex 35 por encima de los 12.000 puntos por primera vez desde 2009, hace 15 años.
Así todo, la Seguridad Social mantiene la cifra de afilados más alta de la historia y persigue la barrera de los 21,5 millones de ocupados. Se han sumado millones de puestos de trabajo en los últimos años y las previsiones apunta a un incremento anual de 500.000 que se lleva la cifra total a los 22 millones el próximo año. En sentido en contrario, el paro continúa cayendo y se mantiene en los 2,5 millones y un 11,5%. Las estimaciones apuntan a que caerá al 11,2% este año, 10,3% el siguiente y por debajo de la barrera del 10% a cierre de 2026.
Gasto público, compatible con el recorte de la deuda
Más allá de los millones de trabajadores, el otro gran colectivo español, los pensionistas, atraviesan su momento más dulce después de que la reforma aprobada a finales de 2021 aprobase la revalorización anual conforme al IPC. El gasto ha alcanzado la cifra récord de 12.855,2 millones de euros y, a la par, la hucha de las pensiones, vaciada antaño, la contiene más de 7.000 millones, con la previsión de que se alcance los 9.000 millones este año y los 25.000 millones al finalizar la legislatura.
Este mayor gasto en esta y otras muchas partidas está siendo “equilibrado”, según el Gobierno, lo que explica que se esté reduciendo la deuda y el déficit público y la deuda externa. La ratio de deuda pública sobre PIB habría alcanzado ya, en el año 2023, el objetivo que se había previsto para 2024 de llegar al 105%, adelantándose así un ejercicio y manteniendo la senda. Asimismo, Bruselas ha librado por primera vez a España de la lista negra de países con un déficit excesivo, a la espera de un cierre del 3% este año, 2,5% el siguiente, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027.
El comportamiento de buen deudor y el aumento de las inversiones se ha llevado la Posición de Inversión Internacional (PII) de España, que enfrenta las deudas que el país tiene con el exterior y viceversa, ha registrado los niveles más bajos desde 2003. Hacía más de veinte años que la relación entre activos financieros extranjeros en manos de españoles y pasivos españoles en manos de extranjeros no bajaba del 50% y el hito se ha conseguido este segundo trimestre, con un dato del 48,1%.
La capacidad de financiación de la economía española era, a cierre de junio, de 61.400 millones (4,1% del PIB), superior a los 41.600 millones de un año antes (2,9 % del PIB) y colocando al país como prestamista durante este periodo. De esta manera se continúa reduciendo el peso relativo de los 2,51 billones de euros de deuda externa bruta, que representa un 167,1% del PIB, frente al 169,6% del trimestre pasado.