Las relaciones entre el Consell y el Gobierno de España, más allá del conflicto político permanente que marca el momento actual, va a tener un otoño caliente en torno a dos escenarios: la Ley de Concordia y la de Libertad Educativa, sobre las que el Ejecutivo ha puesto el foco por su presunta inconstitucionalidad. Memoria y lengua. Son dos temas de peso, de importante contenido ideológico, esenciales en la configuración de identidades. Pero no suponen una excepción en las relaciones entre ambas administraciones desde el inicio de la democracia y el despliegue del estado autonómico.
Según datos del Ministerio de Político Territorial, desde 1980 el Tribunal Constitucional ha sentenciado en 43 ocasiones respecto al contenido normativo en cuestiones en las que han discrepado el Estado y la Generalitat, la mayoría, 26, en los últimos 14 años. Es el resultado de 54 impugnaciones, con 11 desistimentos. Y responden a diferentes situaciones: no siempre es el Ejecutivo central el que reclama negociar por una invasión competencial, ni solo ocurre cuando no coincide el mismo partido en ambas administraciones.
En realidad, un vistazo al histórico de conflictos deja situaciones de todo tipo. El Gobierno de España, entonces con Mariano Rajoy, recibió al Botànic con un recurso de inconstitucionalidad contra su tercer decreto, en 2015: era el que regulaba el acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, que fue anulado finalmente en 2017 por el TC.
En 2016, llegaron a su vez diferentes sentencias sobre leyes que se habían promulgado años atrás: las del derecho civil valenciano. En la reforma del Estatut de 2006, con Francisco Camps, se recuperó la capacidad de legislar en materia de derecho civil para avanzar en el autogobierno, se dictaron tres leyes relacionadas con la familia —régimen económico matrimonial cona separación de bienes; custodia compartida de los hijos y uniones de hecho—, que durante ocho años se aplicaron a cerca de 300.000 valencianos en esos años.
El Gobierno no reconoce esa competencia. De hecho, todavía no se ha conseguido que el Congreso aborde la reforma constitucional preceptiva para que la Generalitat pueda volver a legislar en materia de derecho civil, un privilegio del que sí disponen otras autonomías.
También durante el Botànic, otros choques con el Ejecutivo giraron en torno a la ley Senadores de la Generalitat o la ley de Función Social de la Vivienda, de la que el tribunal anuló una parte de su articulado. Los conflictos continuaron con Pedro Sánchez en la Moncloa, con un recurso de inconstitucionalidad a la ley valenciana de Mancomunidades, del que desistió, y otro a una modificación de puertos.
El gran tema valenciano de la última década, la infrafinanciación, también está detrás de alguno de los recursos. En 2016, recién aterrizado el Consell de Puig y asediado por la escasez de recursos, el Consell recurrió contra la ley de Presupuestos del Estado, por el Fondo de Suficiencia Global que obligaba a la Generalitat a un pago a Madrid de más de 1.300 millones. Tardó 45 días en rechazar el recurso.
Mención especial para el Consell de Francisco Camps, muy activo en su confrontacion judicial contra el Gobierno de Zapatero. En materia hídrica, por ejemplo, llevó al Constitucional el Plan Hidrológico Nacional de 2005, por derogar el trasvase del Ebro; así como órdenes menores sobre Formación Profesional, o subvenciones a formación de empleados públicos. El conflicto, con todo, fue de ida y vuelta. Zapatero recurrió al menos cuatro leyes sobre caza, función publica, archivos y presupuestos.
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