El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ultima su decisión de enviar al Tribunal Supremo la denuncia que presentó el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez contra el ahora eurodiputado Luis Pérez Fernández, -más conocido como Alvise Pérez-, por publicar en su canal de Telegram chats telefónicos que, según el que fuera número dos del Ministerio del Interior, contenían «secretos oficiales».
En una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, Sexmero da cuenta a la Fiscalía de Madrid y a las demás partes personadas, entre ellos el denunciado, de que el denunciante ya ha designado un abogado para seguir el caso en el juzgado madrileño. Las fuentes jurídicas consultadas confirman a este periódico que en este caso «procede remitirlo al Tribunal Supremo«, órgano judicial en el que está aforado el líder de la agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF), con la que obtuvo un total de tres eurodiputados, uno de ellos el propio Alvise Pérez.
Alvise se declara culpable de cobrar dinero sin facturas y anima a la insumisión fiscal / EPE
La denuncia de Martínez fue presentada inicialmente en el juzgado de Manuel García Castellón, quien investigó el caso Villarejo en la Audiencia Nacional, y que previamente había retirado del sumario los mensajes. Martínez solicitaba que se eliminaran sus mensajes, muchos de ellos de contenido estrictamente privado. El que fuera número dos del exministro del PP Jorge Fernández Díaz defendía que estos mensajes no tenían nada que ver con lo investigado en el caso Kitchen, y que en sentido contrario afectaban tanto a «secretos oficiales» como a su intimidad.
También aspectos íntimos
Argumentaba, en este sentido, que las conversaciones contenían «aspectos privados, íntimos y reservados», como por ejemplo su salud, la confesión religiosa y su estado económico, etc. Completaba que buena parte de las conversaciones accesibles desde ‘cloud’ estarían amparadas por la legislación relativa a secretos oficiales, estimando que se trataría de cuestiones reservadas, dimanantes de su etapa como secretario de Estado de Seguridad, «por lo que se trataría de materias especialmente sensibles«
Horas después de esta petición, García Castellón accedió a la solicitud de Martínez con el fin de «garantizar los derechos fundamentales e intereses públicos». Este magistrado consideraba que el contenido de estos chats de Whatsapp podía comprometer «la seguridad nacional».
Y tras analizar el contenido de la denuncia de Francisco Martínez, García Castellón decidió inhibirse ante la justicia ordinaria de Madrid. Este eurodiputado difundió el 10 de julio de 2023 «diferentes conversaciones de whatsapp procedentes del teléfono móvil de Martínez, mantenidas en el tiempo en el que éste ocupaba la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior -entre 2013 y 2016-«. En concreto, eran conversaciones por escrito con sus interlocutores, entre los que se encontraban autoridades como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; y policías, como los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño; e incluso periodistas. La decisión afectaba a un total de 23 chats privados.
Campaña electoral
Esta decisión del juez Sexmero se conoce apenas unos días después de que se hiciera público que la Fiscalía del Tribunal Supremo va a investigar a Alvise Pérez tras a denuncia que ha presentado el promotor del chiringuito financiero CryptoSpain, Álvaro Romillo Castillo. Este empresario ha asegurado que entregó en metálico 100.000 euros a este eurodiputado en plena campaña de las elecciones europeas. En un vídeo difundido por el propio parlamentario en su canal de Telegram este ha reconocido que cobró esos fondos «en efectivo y sin factura».
Asimismo, la Audiencia de Sevilla ha visto indicios de delito en la publicación que hizo Alvise Pérez de una fotografía de una hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El eurodiputado publicó en su canal de Telegram esa imagen robada de la cuenta de Instagram de la hija de Sánchez, difundiendo su rostro sin su permiso. La Sección VII de la Audiencia ordenó al juzgado de instrucción 1 de Sevilla, que inicialmente había archivado el caso tras una denuncia de la Fiscalía, que abra una investigación para comprobar si hubo un posible delito de revelación de secretos en la actuación del líder del partido ‘Se Acabó la Fiesta’.
