Vox no quiere ceder ni un solo centímetro al PP ante la posibilidad de que, ante la inestabilidad de los socios de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda lanzarse hacia una nueva convocatoria de generales a principios del próximo año. La estrategia de los de Santiago Abascal pasa por exprimir al máximo el relato sobre la inmigración y beneficiarse de la coyuntura de crisis migratoria vigente y que apunta a caldearse en los próximos meses con un mayor número de llegadas. Publicaciones como las del CIS, en el que esta cuestión ya es primera preocupación social —aunque algunos expertos demoscópicos creen que el repentino aumento, desde el cuarto puesto, es por el proceder a la hora de realizar el cuestionario, que condiciona la respuesta—, animan a Vox a profundizar en esa cuestión. Sobre todo, al saber que el PP no termina de sentirse cómodo y que no puede rehuir las soluciones de Estado con el PSOE por su papel autonómico.
Pero en Bambú son conscientes de que banderas que permitieron su salto nacional en 2018, como el combate al procés y el movimiento independentista, no puede quedar al margen. Además, la incapacidad de influencia parlamentaria y en nichos judiciales como el Tribunal Constitucional, por solo contar con 33 escaños, obliga a reactivar la presencia en la calle para contar con visibilidad. Para intentar capitalizar el máximo de visibilidad social. Sobre todo cuando el PP, por ejemplo, ha recurrido ya a nivel nacional y desde las comunidades —también Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha— la amnistía. La postura de Vox es la de seguir reprochándoles no haber paralizado en el Senado la ley, aunque para ello se exigía saltarse el Reglamento y la legalidad. Sugiriendo colaboracionismo para que ahora la norma esté vigente. Algo que se añade a la comparación permanente de las políticas de populares y socialistas.
En un momento, además, en el que el PP pide a Génova movilizarse contra el cupo catalán de nuevo en la calle, algo a lo que Alberto Núñez Feijóo aún se resiste, El Independiente ha podido conocer que Abascal vislumbra una pronta salida a la calle para protestar contra todas las cesiones del Gobierno al independentismo. Aunque no será a titulo personal de Vox, sino nuevamente de la mano de la sociedad civil y de la figura del empresario y exdiputado Marcos de Quinto, y de su asociación Pie en Pared. Los de Abascal participaron ya en la de Societat Civil Catalana del 8 de octubre de 2023 y noche tras noche en las convocadas, alentadas, de diversos grupúsculos ultra, Frente Obrero o las juventudes de Revuelta. Indirectamente, a través de la Fundación DENAES, muy ligada a Vox, se movilizó el 29 de octubre.
Varias fuentes conocedoras esa intención recalcaban a este medio las intenciones de salir a principios de octubre a manifestarse a lo largo de esta semana. Para oponerse a la negociación de financiación singular con ERC y, al mismo tiempo, volver a condenar el perdón a los involucrados en el procés salvo a Carles Puigdemont, a quien el Supremo niega la amnistía por no contemplar el delito de malversación de caudales públicos. Vox espera a que todo esté atado para hacer oficial el anuncio. Probablemente llegará este lunes tras la reunión del Comité de Acción Política (CAP). En la tarde de este sábado, fuentes negociadoras con la Delegación del Gobierno han adelantado a este periódico que la fecha elegida es el 20 de octubre y se acudirá a Plaza de Castilla en Madrid a las doce de la mañana. La protesta la impulsan todas las que integran la Plataforma por la España Constitucional, en donde De Quinto es uno de los rostros más conocidos.
El manifiesto de convocatoria, al que ha tenido acceso El Independiente justifica la salida así: «No podemos permanecer impasibles ante la concesión a los nacionalistas del cupo (…) ni la aprobación de una amnistía inmoral e inconstitucional. Ni ante el ataque a la separación de poderes con incalificables presiones y agresiones al poder judicial desde el ejecutivo y el legislativo». Se menciona las causas judiciales que rodean al PSOE y al presidente del Gobierno. Y se critica al Ejecutivo, entre otros, la connivencia con el régimen de Maduro, al no reconocer la victoria de Edmundo González. Algo que sí ha hecho este fin de semana desde la ONU Sánchez junto a otras potencias europeas y occidentales finalmente. Se critica, además, la debilidad en la que estarían las instituciones y «los contrapesos» del Estado.
Desde las entidades se quejan del bloqueo que ha mantenido la Delegación del Gobierno
«Ha estado manteniendo diálogo con el resto de asociaciones», comentan fuentes próximas al ex representante de Ciudadanos. Dentro de esa plataforma se encuentran otras reconocidas como NEOS, del exministro popular Jaime Mayor Oreja, la entidad estudiantil catalana S’ha Acabat!, DENAES, Fundación Foro Libertad y Alternativa, de Alejo Vidal-Quadras, y la de Pie en Pared, De Quinto, Juan Carlos Girauta y Esperanza Aguirre. Perfiles afines por trayectoria en algunos casos al PP, pero que colindan ya más en los postulados de Vox en cuanto a unidad territorial y lucha contra los nacionalismos periféricos.
Dos solicitudes rechazadas
Según fuentes organizadoras, habría habido ya dos propuestas rechazadas por la Delegación del Gobierno. «Estábamos esperando confirmación, ya nos la habían reventado dos veces«, precisa una fuente vinculada a esa Plataforma por la España Constitucional. «Nos bloqueaban» justificándose en la existencia de «solicitudes alternativas que improvisan», argumenta, insinuando que las autoridades no quieren que se despliegue una nueva concentración en Cibeles, como en las ocasiones anteriores. Se precisa que las dos peticiones fueron en dos localizaciones distintas, y esta tercera finalmente se ha logrado que sea al norte de Madrid.
Vox espera sacar partido de nuevas movilizaciones. Un flanco que se une, además, al migratorio y a su insistencia en las causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente del Gobierno. Sobre todo, la investigación de Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios privados y tráfico de influencias. «Sánchez está apunto de caer», vendrían trasladando desde el partido a representantes de las entidades comentadas. Por otro lado, la intencionalidad es la de presionar al PP tras la salida de los gobiernos regionales para que, ante la dependencia de pactos externos, los populares acepten, nuevamente, posiciones más duras a nivel migratorio —algo que no se contempla— o amplias rebajas fiscales.
De momento, los pasos dados por el PP a nivel regional van en contra de ese consenso. En Castilla y León los populares han tumbado en pleno la ley de concordia preparada junto a Vox antes de la ruptura. En Extremadura no se ha llegado a tramitar. Por otro lado, en Baleares, la abstención del PP ha bloqueado la oficina de defensa del castellano pactada para la investidura de Marga Prohens. En las islas, además, se niega a implantar el ‘pin parental’ de Vox.
