La tragedia del camping Las Nieves de Biescas en agosto de 1996 que dejó 87 muertos y más de 180 heridos tras una fuerte tromba de agua que arrasó con todo, obligo a endurecer la normativa que regula estos campamentos turísticos. En la actualidad está prohibido instalar zonas de acampada en los cauces de ríos, ramblas y barrancos y, en general, en las zonas inundables.
La catástrofe del 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel en Bruselas, por una avalancha antes de comenzar de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, en la que fallecieron 39 aficionados, llevó a la FIFA a desplegar multitud de medidas de seguridad relacionadas con los accesos. Entre otras cosas, se prohibió por primera vez el consumo de alcohol dentro de los estadios o las zonas sin asientos.
La explosión de un camión cisterna con propileno frente a un camping de Los Alfaques en la provincia de Tarragona en julio de 1978, en el que murieron 215 personas, marcó un antes y un después en la legislación y las normativas de seguridad vial en el país.
El impacto social de los desastres con víctimas mortales suelen venir acompañados por investigaciones y análisis que desembocan en cambios (legislativos, administrativos o normativos) para que algo así no pueda volver a suceder.
En Murcia, la tragedia de los incendios en las discotecas Teatre y Fonda Milagros en la zona de ocio de Atalayas, que acabó con la vida de 13 personas, ha supuesto una revolución en el control público de los locales de ocio en el municipio.
Cabe recordar que en estos momentos la justicia está dirimiendo, a petición de los abogados de las familias de las víctimas, si el Ayuntamiento de Murcia debe ser investigado por su responsabilidad en los hechos, ya que con su inacción permitió que estos locales funcionaran sin licencia desde el año 2019, momento en el que el propietario de la nave realizó cambios sustanciales en su espacio interior: la división en dos para acomodar una nueva discoteca, Fonda, de la que ni siquiera el Consistorio tenía conocimiento de su existencia y que operaba sin plan de emergencias.
Atalayas, un punto de inflexión en el control de las discotecas / Juan Carlos Caval
A pesar de que en 2022 se lanzó una orden de cierre, no se ejecutó porque el Consistorio permitía generalmente proseguir con la actividad siempre y cuando se hubiera puesto en marcha un proceso de legalización, algo de lo que se aprovechaban los empresarios para eternizar el procedimiento mientras subsanaban (o no) las deficiencias detectadas. Es lo que hacían los administradores de Teatre y Fonda, a pesar de que ambos locales presentaba múltiples problemas en materia de seguridad (falta de salidas de emergencia, equipos eléctricos en mal estado, ausencia de escalera en Fonda, incumplimiento en los recorridos de evacuación en caso de emergencia). De todo esto tenía constancia el Consistorio gracias a un río de informes del servicio de Disciplina Urbanística, pero también de Policía Local o de los servicios de Protección Civil y Bomberos.
Para que esto no vuelva a ocurrir el Ayuntamiento ha redactado unos nuevo protocolos para mejorar y agilizar los procedimientos de legalización de actividades en funcionamiento. Por un lado, ahora se ha establecido que los servicios técnicos deben dar prioridad a estos informes de legalidad y que deben resolverlos en un plazo máximo de 15 días. Además, en estos informes se deberá distinguir «con total claridad» los casos en los que el incumplimiento de la normativa imposibilite la legalización de otros en los que sea subsanable, es decir, distinguir los problemas más graves relacionados con la seguridad de otros meramente administrativos.
Además, el nuevo protocolo recoge que en todos los casos deberá realizarse una visita de comprobación para «determinar que no existe daño o riesgo grave e inminente para la salud y la seguridad de las personas». Cuando se constaten incumplimientos graves se procederá inmediatamente a la denegación de la legalización, «sin necesidad de esperar a la emisión de otros informes», y al cierre cautelar.
A raíz de la tragedia de Atalayas, el Ayuntamiento inició una campaña de inspecciones sin precedentes y gracias al nuevo protocolo ha logrado finiquitar los proceso de legalización que estaban en marcha.
El Consistorio permitía seguir con la actividad cuando estaba en marcha una legalización
Según fuentes municipales, durante el año 2023 se recibieron 81 solicitudes de legalización de las que se resolvieron 65 y en 2024 (hasta el 31 de agosto) se recibieron 38 y se resolvieron 43 (incluidas las del año anterior). Además, el año pasado se llevaron a cabo 11 procedimientos de suspensión inmediata de la actividad, de los cuales tres negocios siguen cerrados a día de hoy. En lo que va de año, se ha ordenado la suspensión de la actividad en 18 ocasiones, y cinco negocios (de alta concurrencia) continúan cerrados.
Estas suspensiones se producen cuando los inspectores determinan que las deficiencias de un local conllevan graves riesgos para la salud humana o para el medio ambiente. Tal y como ya informó La Opinión, una de las suspensiones cautelares más sonadas que se ordenaron este año fue la del histórico club Cordillera enSenda de los Garres.
Con respecto a los procedimientos sancionadores, según fuentes municipales, en 2023 se tramitaron 439, mientras que de enero a 31 de agosto de este año ya van 483, cuando todavía faltan por computar cuatro meses.
El desastre del incendio en la zona de Atalayas también ha derivado en un refuerzo del personal para el control de las licencias y en la creación del Servicio Técnico de Disciplina de Actividades e Instalaciones, en que trabajan tres ingenieros técnicos.Otros tres ingenieros se han destinado al servicio de Protección Civil.
A pesar de estos esfuerzos, todavía queda mucho trabajo por hacer. Desde el Grupo Socialista sostienen que la tragedia ha evidenciado «la debilidad» del Ayuntamiento en cuanto a medios personales y técnicos en los servicios implicados en la autorización y control de actividades. Además, explican que la normativa autonómica que se viene aplicando para la legalización de actividades es «excesivamente laxa, por su intención declarada de mantener a toda costa el funcionamiento de las actividades», por lo que resulta necesaria la redacción de una ordenanza que regule estos procesos. También consideran clave mejorar los procedimientos informáticos para evitar la fuga de información y la optimización de los canales de comunicación con la Policía Local y que se permita que sus boletines de denuncia entren directamente en el flujo de información de la tramitación electrónica de los expedientes.
365 días sin que se hayan depurado responsabilidades en el Consistorio
La comisión municipal sobre el incendio de la discoteca Teatre nació el pasado 23 de noviembre y está formada por miembros del equipo de Gobierno y del Grupo Socialista. Desde entonces sólo se ha reunido en dos ocasiones. La última sirvió para informar de los cambios en los protocolos para agilizar y dar seguridad en los procesos de legalización. Esta comisión nació envuelta en la polémica, porque tanto el Grupo Municipal de Vox, que no participa en ella, como los familiares de las víctimas, que se concentran este lunes en La Glorieta para denunciar «el abandono» de las administraciones, lamentan que no se haya depurado en su seno ninguna responsabilidad pública después de un año. Vox ha pedido en varias ocasiones la dimisión de los ediles de Urbanismo desde 2020, el socialista Andrés Guerrero y el popular AntonioNavarro Corchón.
Más de 3.800 actos procesales en la causa judicial y 6 imputados
La causa judicial de la tragedia de Atalayas abrió diligencias en los días posteriores al incendio para investigar 13 posibles delitos de homicidio imprudente. En este año que dura ya la fase de instrucción, el juzgado ha realizado más de 3.800 actos procesales y se han practicado 17 declaraciones testificales. También han pasado por el juzgado las seis personas que por el momento están siendo investigadas como posibles responsables: tres empresarios vinculados a Teatre, uno de Fonda Milagros, el DJ que organizaba la fiesta temática que se celebraba en la primera de las salas la noche del siniestro, y el propietario de la máquina de chispas que se utilizó durante esa fiesta, que pudo ser una de las causas «determinantes del incendio», segun los informes periciales. Los abogados de las familias han presentado varias querellas para incluir al Ayuntamiento como responsable subsidiario, aunque la jueza lo ha rechazado ya en varias ocasiones.
