El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene previsto aprobar de forma provisional este viernes en el pleno la evaluación ambiental para la reclasificación de 292.881 metros cuadrados de suelo rústico destinados a la construcción de 1.086 viviendas turísticas en el sector Lo Monte Playa.
Una nueva urbanización con capacidad para asumir 2.700 nuevos habitantes en un municipio que cuenca con algo más de 22.000 censados ahora. Estos terrenos están ubicados entre la vía parque de la N-332, la avenida de Federico García Lorca en Mil Palmeras al norte, la avenida de Levante al sur y el litoral.
Lo que tiene valor
La empresa promotora Santamar de la Vega justifica la reclasificación en que el suelo «no ha estado dedicado a la actividad agrícola en los últimos 30 años, tratándose de un simple erial sin valor agronómico alguno. Una bolsa (sic) de suelo rústico sin valores agrícolas ni ambientales a reseñar ni a preservar«, además de ser una zona «degradada» y que hay que «rellenar» porque se encuentra entre otras urbanizaciones consolidadas. Valor que sí tiene para comercializar más viviendas a unos cientos metros del mar y venderlas precisamente por sus atractivos ambientales y paisajísticos.
Ramblas y vaguadas
También asegura que no cuenta con afecciones de inundabilidad aunque el Plan contra Inundaciones de la Generalitat (Patricova) sí considera que existe riesgo geomorfológico por una rambla que atraviesa el sector -que aparece muy bien definida y aprovechada para ubicar los cultivos de secano en las imágenes áreas más antiguas de los años 50-.
La Confederación Hidrográfica del Segura y la Generalitat han validado el criterio de la mercantil. Sobre el terreno, como figura en las alegaciones de Amigos de Sierra Escalona, hay varias construcciones para encauzar el agua de escorrentía. En su última versión del plan la empresa admite que existe una «vaguada» que «invade» el sector -y no a la inversa- y desemboca en la rambla río Seco, al norte del sector, en la que ahora ubica la principal zona verde parque y los suelos dotacionales.
Mapa de las afecciones ambientales que figura en la alegación de ASE / Amigos de Sierra Escalona
La inversión en las obras de urbanización a realizar por Santamar, que cuenta con el 98% de la titularidad del suelo, se ha estima en 21,7 millones de euros y el desembolso al año para las arcas municipales para cubrir los servicios básicos de alumbrado, limpieza, y mantenimiento de zonas de verdes de 410.000 euros y los ingresos por IBI de 578.000 euros anuales, además del impuesto de construcciones y tasas iniciales por licencias. El estudio de recursos hídricos documento de evaluación ambiental asegura que se incorpora el visto bueno de la Mancomunidad de Canales del Taibilla a la demanda de agua. En la documentación de la exposición pública no figura. El consumo anual previsto de agua será de 130.000 metros cúbicos.
ALEGACIONES DE AMIGOS DE SIERRA ESCALONA
Los técnicos municipales han rechazado las alegaciones de Amigos de Sierra Escalona con el argumento que es la misma que ya fue analizada y rechazada en la segunda exposición pública de la evaluación ambiental. Y que la última tramitación del plan urbanístico no hace mención a los aspectos del plan que se modificaban y que derivaron en la última exposición pública. La alegación considera que se debería preservar este espacio como una oportunidad para generar un corredor verde entre el paisaje protegido y futuro parque natural de Sierra Escalona y el Mar Menor.
La alegación considera insostenible este plan en la «ya sobreurbanizada y castigada franja litoral de la Vega Baja», tanto por proponerse la urbanización de un ámbito que debe excluirse de los procesos urbanizadores en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel) como el Patricova (riesgo de inundación).
Además «ignora» valores ambientales del suelo -ejemplares de la especie protegida de jarilla cabeza de gato y palmitos, pinos y garroferos de gran porte-. Pero también culturales como la presencia de al menos cinco estructuras de muros atulazados de piedra seca, con piedras de grandes dimensiones empleados en su día para contener las aguas de la rambla y reutilizarlas para el riego.
Y reitera que la urbanización bloquea la propuesta de corredor ecológico de carácter supraautonómico (infraestructura verde entre la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia) entre los espacios protegidos de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor (LIC, ZEPA y Paisaje Protegido) y del Mar Menor y su entorno a través del Parque Regional de las Salinas y los Arenales de San Pedro del Pinatar.
Última versión del plan presentada por la promotora / INFORMACIÓN
La propuesta de reclasificación de suelo se inició a mediados de 2015 por Santamar. Firma oriolana que urbaniza un plan parcial en San Miguel de Salinas para 2.000 viviendas y con proyectos en Orihuela y Torrevieja para desarrollar zonas comerciales, además de promover los rascacielos de Los Náufragos en Torrevieja. El procedimiento de evaluación ambiental ha pasado tres veces por información pública en estos ocho años. De 2015 a 2020 apenas hay tramitación.
ETCV
La Generalitat Valenciana no vio clara la dimensión del proyecto en dos ocasiones. Sobre todo porque no cuadraban con las previsiones de crecimiento ya contempladas con suelos urbanos previstos en el Plan General. En sus primeros informes de 2017 indicaba que se incumplía la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), que limita el crecimiento de los municipios en función del cálculo de la ocupación máxima de suelo para uso residencial. Y señalaba que para sortear este tope el municipio debería desclasificar de forma simultánea suelos urbanizables del planeamiento para que el sellado de suelo -lo que está ocupado con viviendas y zonas comerciales sobre el suelo disponible total- pudiera considerarse sostenible.
Localización de la reclasificación de suelo rústico. En amarillo la zona de escorrentía que los promotores descartan que sea una rambla. En el límite norte la urbanización Río Mar y Mll Palmeras y la río Seco. Al sur la urbanización Lo Monte. Al este Pueblo Latino y el mar. Al oeste la N-332. / INFORMACIÓN
El procedimiento se aceleró en plena pandemia. Fue el Ayuntamiento el que desbloqueó este rechazo para permitir el impulso del proyecto de Santamar. No pasó por la exigencia de desclasificar suelo si se pretendía reclasificar otro. Fue más creativo teniendo en cuenta que no es nada sencido eludir las ETCV -que el actual Consell quiere suprimir y que fueron aprobadas en 2011 por la Generalitat bajo la gestión del presidente Alberto Fabra (PP) adaptando la legislación urbanística europea-. Comunicó a la Generalitat que renunciaba al desarrollo de otros planes urbanísticos que sí están en suelo urbano -Sectores R/I y R/VII- mientras Lo Monte Playa no estuviera construido. Y la Generalitat lo aceptó.
Pero los propietarios de esos sectores afectados, que también tienen suelo sin «valor ambiental», que se tienen «que rellenar», y además clasificados como urbanos según el PGOU del año 200, comenzaron a pleitear.
El límite norte del plan en la avenida de Federico García Lorca / Tony Sevilla
El Plan de Acción Territorial
Pero la reclasificación, que recuerda a las que se tramitaron en el boom de los años 2000 pero con una aparente mayor fiscalización por parte administración, se encontró otro obstáculo: la suspensión de licencias derivada de la elaboración del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja.
Esa suspensión fue levantada por el actual Gobierno del Consell en noviembre de 2023 y el documento para intentar de equilibrar el desarrollo urbanístico de la comarca desde el punto de vista supramunicipal en el que los técnicos de la Generalitat y una empresa externa trabajaron desde 2018, y que ya estaba herido de muerte durante el anterior mandato del Botànic.
Las presiones del sector de la construcción turístico residencial a los cargos públicos de los ayuntamientos de la Vega Baja y la gran dependencia económica que se deriva del mantenimiento de esa actividad económica en esas poblaciones generó una oleada de alegaciones en contra de la versión preliminar. El documento ha quedado arrumbado y paralizado sine die.
Garrofero de gran porte afectado por la reclasificación / ASE
Ahora la empresa, en este tercer intento que va a pleno, dice que cumple la ETCV pero la propuesta no deja claro en qué medida ha cambiado su planeamiento para ajustarse a esas disposiciones, sin que el municipio haya desclasificado suelo a cambio del que se va a liberar.
Solo habla de la necesidad de dar continuidad al proceso de urbanización de la costa porque ya está consolidado en un 70% en el resto del ámbito cercano al plan.
