Protestar, incluso pacíficamente, está a punto de convertirse en delito en Italia. El Parlamento italiano, por iniciativa del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, trabaja en un proyecto de ley -el decreto ley 1660- que introduce nuevos delitos, sanciones y agravantes en penas relacionadas con protestas callejeras contra las instituciones, actos de resistencia (también pacífica) en cárceles y la ocupación irregular de viviendas, entre otros. La medida, considerada como una «criminalización del disenso» propia de un «Estado policial» por la oposición de centroizquierda y amplios sectores de la sociedad, ha sido aprobada en estos días por el Congreso transalpino y está ahora siendo discutida en el Senado.
La implementación de lo que el Gobierno italiano llama «disposiciones en materia de seguridad pública» prevé, en las partes más relevantes de su versión actual, la posibilidad para las autoridades de imponer penas de cárcel de hasta dos años para manifestantes que bloqueen calles o estaciones ferroviarias y propone 20 nuevos delitos y agravantes que penalizan el comportamiento en manifestaciones. Además, también aumenta las facultades de la policía, permite el aplazamiento de la detención de madres embarazadas o con hijos menores de tres años y prohíbe la venta de tarjetas SIM a migrantes irregulares. Se introduce asimismo el delito de «revuelta» en cárceles que, según analistas, también penaliza la resistencia pasiva en disturbios.
El paquete de medidas -que la Liga de Matteo Salvini, uno de los socios principales de Meloni, se ha mostrado dispuesta a aprobar con «prioridad absoluta»- se produce después de que Amnistía Internacional (AI) alertara sobre un aumento de la represión en las protestas pacíficas en Europa y de que diversos episodios de enfrentamientos entre jóvenes y la policía levantaran ampollas en Italia. Un ejemplo de ello fue una dura carga policial, también con balas de goma y gases lacrimógenos, contra estudiantes desarmados atrapados en callejones en Pisa a principios de este año. Pero hay más casos.
Prohibir vender SIM a inmigrantes
En este contexto, y con mayor énfasis en los últimos meses, sindicatos, juristas, asociaciones de voluntarios y de protección social, profesores universitarios, jueces y ambientalistas han criticado reiteradamente al Gobierno de Meloni (que controla el Parlamento) por sus medidas, lo que se ha vuelto a producir con el proyecto de ley actualmente en discusión. El principal sindicato del país (la CGIL), por ejemplo, ya ha convocado manifestaciones. «Es un compendio de propaganda y populismo institucional, planteado solo como acción represiva de los conflictos sociales y como política punitiva, de justicia y cárcel”, han denunciado las secretarias Daniela Barbaresi y Lara Ghiglione.
Un proyecto de ley que ha alarmado incluso a sectores católicos. Lo demostraba un amplio artículo aparecido esta semana en el semanario religioso ‘Avvenire’ y las quejas de Cáritas Italia por la prohibición de vender SIM a inmigrantes irregulares. Esta medida «obstaculiza el derecho a comunicarse con sus familiares en los países de origen y, al mismo tiempo, podría alimentar el mercado negro de tarjetas SIM, con inevitables consecuencias en términos de seguridad», ha denunciado Oliviero Forti, responsable de Inmigración de Caritas Italia. «Hay miles de personas afectadas por el decreto, incluso aquellos que están a la espera de recibir un permiso de residencia, a pesar de cumplir con todos los requisitos y haber completado los procedimientos correspondientes”, ha añadido.
Ilógico
Expertos como Antonello Ciervo, profesor de Derecho Público en la Universidad Unitelma Sapienza de Roma, han sido aún más duros. Según Ciervo, el paquete de medidas es un intento de responder a problemas sociales con la creación de un «Estado policial», además de ser «un claro intento de penalizar las protestas ambientalistas». Y más aún, sobre los agravantes previstos cuando se protesta contra el Gobierno, «es ilógico” que se considere violencia o amenaza contra funcionario público cuando las manifestaciones tienen como objetivo impedir la realización de una obra pública o una infraestructura estratégica”. “¿Por qué protestar contra la realización de un puente debería ser más grave que protestar a favor de la liberación de Palestina?”, cuestionó Ciervo.
Tema aparte son las cárceles. Ahí el riesgo es que «se aumente aún más la tensión, ya hoy muy fuerte, en las prisiones», según Maria Cristina Ornano, presidenta del Tribunal de Vigilancia de Cagliari (Cerdeña). En particular, castigar también a aquellos que se resisten pasivamente en disturbios «levanta dudas sobre la constitucionalidad» de esta medida, asegura.
Lo mismo con la norma que permite aplazar la detención de mujeres embarazadas y madres con hijos menores de tres años, convirtiéndola en opcional y no en obligatoria. «Con las nuevas normas, también podrían ser encarceladas personas sin tener en cuenta la verdadera peligrosidad», dice Ornano, sobre esta medida que algunos consideran que afectaría sobre todo a comunidades marginadas, como la de los gitanos.
