La Conferencia de Presidentes iba a ser «convocada en septiembre». Las Comunidades Autónomas llevan exigiéndola desde el mismo día en que comenzó la legislatura, y Pedro Sánchez había desoído sus reclamos hasta que el pasado mes de julio anunció la cita del «mayor órgano de cooperación entre administraciones» para la vuelta del verano. Ahora, ya se puede confirmar que no será hasta, como  muy pronto, noviembre.

Este jueves, el Ministerio de Política Territorial ha enviado la primera comunicación a los gobiernos autonómicos: el Orden del día del comité preparatorio.

Se trata de un documento de apenas un folio, al que ha tenido acceso este diario, en el que se convoca a las autonomías el 28 de octubre, a las 12.30 del mediodía, en el edificio de la calle Santa Engracia, número 7, de Madrid; una de las sedes del departamento de Ángel Víctor Torres.

La Conferencia, que se celebrará en Cantabria, lleva sin convocarse desde hace más de dos años y medio, precisamente en la edición en la que se aprobó el Reglamento de la misma. Fuentes del Ejecutivo autonómico cántabro confirmaban este mismo jueves no haber recibido ni una llamada de Moncloa para busca la sede de la Conferencia, o cuadrar agendas para las fechas. 

En el citado Reglamento legal se impone que el órgano debe convocarse, «al menos, dos veces al año» y siempre que lo reclamen «diez Comunidades Autónomas». Pero el Gobierno no ha atendido ni a los requerimientos formales de las 12 autonomías del PP ni a los 11 recursos ante el Tribunal Supremo.

El orden del día tiene sólo tres puntos:

Primero, la «propuesta de nombramiento del secretario general de la Conferencia», de conformidad con el «apartado 3 del artículo 10 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes».

Segundo, la «propuesta de orden del día de la Conferencia de Presidentes», que Sánchez ya anunció que quiere centrar en políticas de Vivienda.

Y tercero, «ruegos y preguntas». En este punto, ya lo ha advertido este jueves Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo de Canarias, «tendrá que estar la inmigración, quiera o no Sánchez, porque éste es un problema de todos y el Gobierno no está poniendo los medios para resolverlo».

Es indudable, asimismo, que las once CCAA y las dos ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular exigirán incluir también la discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómico.

Sobre todo, por la «amenaza al modelo de Estado» que supone el acuerdo entre el PSC y ERC que dio la investidura a Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña, a cambio de una «financiación singular» que, para el PP es una «mutación constitucional por la puerta de atrás». Y que concita el rechazo de dos regiones gobernadas por el mismo PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias), además de las reticencias de otros tres barones (Extremadura, Madrid y Aragón).

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