Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes, para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar del 1 de noviembre de 2021, fecha que recoge ahora el texto original.
La ILP busca regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar quieren que se permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios
Para ambos partidos que conforman el Gobierno central, la reforma «permitirá acceder a un mayor número de personas y con mayor celeridad a la situación de regularidad» y añade que «será la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral de las personas migrantes».
En este sentido, agregan que a 31 de diciembre de 2023 había en España 210.334 personas con autorización de residencia inicial que se habían regularizado (84.983 personas más que en 2022). Además, matiza que las personas afiliadas a la Seguridad Social que se habían regularizado han aumentado en un 30,4% en ese mismo plazo. «Esta evolución de la figura de la regularización permanente, del arraigo, ha constatado que, con requisitos claros y posibilistas, decenas de miles de personas extranjeras pueden incorporarse al mercado laboral y lograr una inclusión plena en nuestra sociedad», subraya.
Por su parte, el Partido Popular ha presentado otra enmienda parcial en la que especifica que la regularización deber ser realizada de forma «individualizada», mantiene la fecha del 1 de noviembre de 2021, y especifica que los candidatos no pueden haber delinquido ni tener prohibida la entrada en el país.
Además, los ‘populares’ limitan el acceso a esta regularización a aquellos migrantes que puedan acreditar estar realizando o haber realizado una actividad económica continuada en España por al menos un año; contar con un proyecto permanente y viable de explotación o desarrollo de actividad por cuenta propia, de al menos un año; solicitantes de asilo o de protección internacional, cuya petición se encuentre en trámite y no haya sido objeto de resolución denegatoria; aquellos que cumplan con alguno de estos requisitos y puedan presentar ante la Administración la documentación necesaria que certifique la obtención previa de contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social; o los que hayan solicitado renovar sus permisos bajo determinadas circunstancias.
A juicio del PP, la acogida de las personas migrantes se tiene que llevar a cabo de una forma «ordenada y controlada», por lo que considera que «no puede ser universal ni tampoco imprecisa en el tiempo». «La regularización global, general y sin condiciones no sólo no presenta garantías a los derechos fundamentales de las personas migrantes, sino que también puede generar distorsiones muy significativas en cuanto a la planificación de los servicios públicos y para la seguridad del Estado», insiste.
Socios del Gobierno piden eliminar la fecha límite
Mientras, los socios del PSOE, ERC, BNG, EH Bildu y Podemos, han pedido en una enmienda conjunta a la ILP que se regularice a todas las personas que hayan llegado a España hasta la fecha de entrada en vigor de la iniciativa, erradicando así cualquier fecha de límite que se refleja en el texto y que se fija en noviembre de 2021.
Para los socios del PSOE, el límite temporal previsto en la ILP «resulta insuficiente, limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español».
Mientras, PNV ha presentado otra enmienda parcial para que sean los empresarios los que soliciten en el plazo de un año de la entrada en vigor de la norma que se otorgue una autorización de residencia y trabajo a migrantes que hayan llegado a España antes del 1 de septiembre de 2024, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos.
En paralelo, Junts ha presentado otra enmienda para que el Ejecutivo remita al Congreso su propuesta concreta de regularización para su aprobación y que se tenga en cuenta «lo cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de las competencias en inmigración a Cataluña».
Proceso parlamentario sobre la regulación migratoria
La Mesa del Congreso desbloqueó este martes la tramitación parlamentaria de la ILP para regular a más de millón de migrantes residentes en España, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se han venido sucediendo semana tras semana durante meses.
Después de que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas al articulado de la ILP, el siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de octubre.
La iniciativa fue respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.
