El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de manera cautelarísima el acuerdo del Gobierno de la comunidad autónoma del 2 de septiembre por el que ordenó a los responsables de los centros para menores llegados en patera que no aceptaran a ninguno más sin su autorización expresa. La Sala de lo Contencioso Administrativo toma esta medida de manera urgente, sin escuchar aún las razones del Gobierno de Canarias (que ahora dispone de tres días para alegar lo que estime) y como complemento del auto por el que hace dos semanas suspendió también el protocolo de acogida aprobado por la comunidad el 12 de septiembre.
El TSJC deja sin efecto provisionalmente ese acuerdo del Consejo de Gobierno que preside Fernando Clavijo a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, porque sus magistrados entienden que «puede comprometer los intereses de un colectivo especialmente vulnerable», el de los menores extranjeros solos.
