El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado un auto en el que rechaza cinco recursos presentados por las defensas y confirma el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, y otros ex altos cargos de ese departamento.
Se les acusa del presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, que era educador social en el centro de la víctima.
Así lo ha acordado el juez en un auto emitido este jueves recogido por Europa Press. El magistrado, en su escrito, hace suyo el razonamiento del ministerio fiscal.
Este último, en su informe, concluía que, al haber sido todos los ahora procesados «investigados por su participación, mayor o menor, de una u otra manera, en los dos episodios en los que la Audiencia sostiene la existencia de indicios de criminalidad justificadores del ulterior curso de la causa, lo pretendido por los recurrentes -una repetición del sobreseimiento ya acordado y revocado- aparece como un imposible procesal«.
La decisión es la que se esperaba. Como viene informando este periódico, la reapertura del caso contra Oltra y otras 15 personas por la desatención administrativa que sufrió la víctima de abusos sexuales de su exmarido solo tenía un final posible: el juicio oral. Así lo advirtió el propio auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que avanzó que «debe ser el acto del juicio oral donde se dilucide».
Tras dicha resolución, el único escenario que libraría a la exvicepresidenta valenciana de sentarse en el banquillo era la retirada de todas las acusaciones, y la representación de la víctima de los abusos sexuales, así como las acusaciones particulares, mantuvieron sus acusaciones.
Ante el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia, el juez Vicente Ríos, según explicaron a EL ESPAÑOL las fuentes judiciales consultadas, tenía poca maniobra y «por imperativo legal», tal y como él mismo reseñó en su auto, debía de continuar el procedimiento y dictar auto de procesamiento.
La Audiencia estimó parcialmente los recursos de las tres acusaciones porque entendió que no puede «descartarse claramente» la existencia de infracción penal y que, en consecuencia, concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.
La decisión de reabrir el caso se produjo contra el criterio de la Fiscalía, que apoyó la decisión del juez Ríos de archivar la causa abierta contra la líder de Compromís por el supuesto ocultamiento del caso de abusos sexuales a la menor por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, que cumple 5 años de prisión por estos hechos.
El pasado mes de mayo, la Fiscalía rectificó su criterio inicial y rechazó los recursos presentados por las acusaciones contra el cierre del caso acordado por el juzgado. El posicionamiento de la Fiscalía y del juez apuntaba a un posible archivo definitivo, por el que Oltra dimitió de todos sus cargos en junio de 2022, y Compromís planteó su retorno a la primera línea.
Las acusaciones
Los abusos sexuales a la menor se cometieron cuando la líder de Compromís era la máxima responsable de Igualdad, la conselleria responsable de los menores tutelados. La niña acusó a Oltra de ocultar su caso después de que el líder de la formación de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, se ofreciera a defenderla.
La Fiscalía pidió en 2022 la impuestación de Oltra por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de socorro. Pero en el último informe aportado al juzgado a principios de mayo, el Ministerio Público no observó indicios de criminalidad en ninguno de los investigados.
El juez Ríos, quien en 2022 también solicitó la imputación de Oltra al considerar inevitable su interrogatorio en sede judicial por estos hechos, acordó el pasado 2 de abril el sobreseimiento provisional del caso.
Pero la Audiencia empujó después al juez a iniciar el proceso que finalmente llevará a juicio a Oltra pese a su oposición. Se trata de una situación más o menos habitual en los juzgados y que también se ha dado en otros procedimientos con un enorme impacto mediático.
Fue, por ejemplo, el caso de la tragedia del metro de Valencia, en la que 43 personas murieron y otras 47 resultaron heridas. La juez Nieves Molina archivó el caso y, contra su criterio, la Audiencia de Valencia ordenó su reapertura y llevarlo a juicio.
