El acceso a la vivienda es uno de los grandes objetivos del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y crear 50.000 nuevos pisos públicos una de las principales medidas de su gobierno. Casi dos meses después de su investidura, la consellera de Territorio de la Generalitat, Silvia Paneque, visita Madrid para reunirse por primera vez con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el objetivo de obtener más financiación para Catalunya en materia de vivienda.
Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, la comunidad catalana ha recibido más de 1.200 millones de euros por parte del Gobierno central para más de 26.000 viviendas, de las cuales 9.000 fueron de nueva construcción y 16.900 rehabilitadas, según ha informado la ministra Rodríguez. Ahora, busca obtener más dinero. En concreto, Paneque ha afirmado que para alcanzar esa meta de 50.000 viviendas, necesitan movilizar 8.300 millones hasta 2030.
Y una de las maneras de alcanzar esa cuantía será a través de la financiación estatal. El punto de partida es bueno dado que, a diferencia de muchas comunidades, Catalunya ha aplicado la Ley de Vivienda al declarar zonas tensionadas en 140 municipios «y ahora ampliaremos a 131 municipios más, que significan el 90% de la población catalana», según Rodríguez. «Esto implica que en Catalunya podamos estar tomando acciones extraordinarias para dar respuesta al problema», ha dicho.
Unas horas antes, Rodríguez había advertido a las regiones insumisas, que no cumplen la legislación de vivienda, como la comunidad de Madrid, que el Gobierno central puede negar las ayudas públicas según el artículo 18.5 de la citada ley. Sin embargo, en Catalunya «el Gobierno de España va a seguir adoptando medidas extraordinarias para revertir esa situación de areas tensionadas para que dejen de serlo», ha añadido.
Promoción directa y cesión de suelo
Según ha avanzado Paneque, el grueso de las 50.000 construcciones anunciadas por el presidente Salvador Illa, unas 35.000 viviendas, serán de promoción directa, mientras que las 15.000 restantes se realizarán a partir de la cesión de suelo público durante 75 años.
Además, el propósito del nuevo gobierno catalán es evitar los errores del pasado con el compromiso de que no pasen más de 30 meses desde que se asigna una vivienda a una familia hasta que puede entrar a vivir en ella. Y por eso, en la reunión con el Ejecutivo la consellera también planteó «agilizar» los trámites administrativos y urbanísticos de las nuevas promociones para evitar una extensión de los tiempos.
