El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha autorizado a la Fiscalía de Mónaco a abrir su propia investigación por los supuestos sobornos que habría recibido el político valenciano del PP Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia bajo el mandato de Rita Barberá.
El juzgado valenciano se dirigió a las autoridades del Principado de Mónaco en el marco de las diligencias del Caso Azud, el caso que investiga 20 años de pillaje en el Ayuntamiento de Valencia.
Unos meses después, el ministerio fiscal de este país respondió a la petición y pidió autorización al juzgado de Valencia para abrir diligencias tras hallar documentos relacionados con un posible blanqueo de capitales.
«Tengo el honor de informarle de que los hechos mencionados en su solicitud pueden justificar la apertura de una investigación paralela en territorio monegasco por blanqueo de capitales», consta en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Por todo ello, «tengo el honor de solicitar a las autoridades judiciales españolas autorización» para que el Ministerio Fiscal monegasco «pueda utilizar la información contenida en la solicitud de asistencia judicial en materia penal, a los efectos de abrir una investigación espejo separada, sin perjuicio del procedimiento español».
«Por último, quisiera asegurarle que las autoridades monegascas se comprometen a prestarle asistencia a este respecto, sobre una base de reciprocidad, si se diera el caso. Agradeciéndole su ayuda en este asunto, le ruego acepte», concluye el documento.
El juzgado de Valencia, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, respondió que «no existe inconveniente en que el ministerio fiscal monegasco pueda utilizar la información incluida en nuestro escrito de asistencia judicial en material penal, al objeto llevar una investigación espejo».
El Principado de Mónaco confirmó que en el pais hay cuentas y productos bancarios a nombre de la familia de un reconocido promotor valenciano, Miguel Montoro, fallecido en 2016 y padre de la empresaria Mónica Montoro, investigada por el supuesto pago de comisiones a cargos del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Montoro es el mismo promotor que compartía una cuenta en Suiza con el exconseller valenciano del PP Rafael Blasco, condenado por otros casos de corrupción.
Red internacional
Alfonso Grau sempeñó entre los años 2002 y 2015 el cargo público de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia y fue presidente de la entidad pública Aumsa, la empresa pública de la vivienda y actuaciones urbanas de la ciudad.
En ese periodo de tiempo, «Alfonso Grau Alonso fue sobornado por varios empresarios que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos», según concluyó la magistrada instructora. La información se ha hecho ahora pública tras alzar en los últimos días el secreto de sumario la jueza.
Según esta información, uno de los principales empresarios que procedió al soborno de Grau con grandes cantidades de dinero en metálico como comisiones, además de la familia Montoro, fue el valenciano Jaime María Febrer Rovira.
La investigación ha podido constatar la participación de Alfonso Grau «en al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime María Febrer Rovira y de empresas de su grupo (Grupo Axis) desde el año 2003 al año 2013″.
Por tal actividad, «Jaime Maria Febrer Rovira abonaba a Alfonso Grau Alonso grandes cantidades de dinero de origen oculto y cuyo destino ocultaban para no detectarse la actividad delictiva que ambos llevaban a cabo».
En la investigación resulta que «el empresario cohechador Jaime María Febrer no sólo realizaba los sobornos a Alfonso Grau, sino que dichos sobornos alcanzaban a otros funcionarios públicos o intermediarios en el amaño de las contrataciones públicas».
Los investigadores descubrieron que, a través de manifestaciones testificales, como las de su secretaria, «que el investigados Febrer poseía dinero y cuentas en el extranjero».
Para ello, «tanto Jaime Maria Febrer Rovira como Alfonso Grau Alonso se servían de sus familiares directos».
Así, «Alfonso Grau Alonso hacia participar en la tarea de ocultación y transformación del dinero procedente de los sobornos a sus hijas y los maridos de estas, a saber, María Ángeles y Sofia Grau González y a Kent Lawrence Baker y a Eugenio Cámara Alberola».
Y Jaime María Febrer Rovira, según las diligencias practicadas, utilizaba a su esposa y sus hijos.
«Como consecuencia de la recepción por parte de Alfonso Grau de esos sobornos o comisiones ilícitas, éste faltando a su deber de lealtad como funcionario público, procedió a amañar varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de la empresas propiedad de Jaime María Febrer», denuncia la juez.
La misma mecánica habría usado la familia Montoro, pues en Mónica han aparecido cuentas y productos a nombre de los hijos del empresario fallecido.
Del estudio de todas los movimientos de las cuentas de todo tipo, declaraciones de renta, transferencias o abonos, «Alfonso Grau Alonso realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas y de su hija por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades, que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo (inferiores a 3000 euros)».
Por ello, «para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas, Alfonso Grau alquiló tres cajas de seguridad en las entidades bancarias BBVA y Bancaja, en las que autorizó a sus hijas».
Los fondos obtenidos en cuentas españolas eran derivados «realizando transferencias a una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos».
Dichas transferencias, según las evidencias halladas, «fueron ordenadas desde CitiBank Online y llevadas a cabo evidentemente bien por María Ángeles Grau bien para Kent Lawrence Baker».
A partir de aquí, «se realizaron varias transferencias y al facilitarnos la entidad bancaria su destino, resultó que el beneficiario de las mismas fue la entidad financiera Guardian Credit».
Además, dice la juez, «se nos ha informado que se trata de una entidad financiera cuya red principal de sucursales se encuentra en el estado de Wisconsin, estado donde reside María Ángeles Grau González con su marido».
Ambos son titulares de una cuenta abierta en Estados Unidos en la entidad JP Morgan Chase Bank.
Dicha cuenta «fue la utilizada por el empresario investigado Jaime María Febrer para pagar a Alfonso Grau Alonso una comisión que por importe de 1 millón de euros, pactaron ambos para que Alfonso Grau propiciara una de las operaciones urbanísticas en las que favoreció al empresario en perjuicio de los intereses públicos».
«Ni su hija ni el ciudadano estadounidense con quien está casada tienen relación comercial alguna con el empresario, ni relación comercial en España que justifique la percepción de metálico», subraya la jueza.
