Todos ponemos el foco en el arrendatario cuando hablamos del grave problema de la vivienda, principalmente en la gente joven, pero muy pocos ponen el foco en la otra cara de la moneda: los arrendadores.
Esta pasada semana, vivíamos en el Congreso de los Diputados una alianza natural de nuestro espectro social: las derechas (PP y Junts) y la extrema derecha (Vox); las mismas que anteponen siempre el capital al trabajo, las que apuestan siempre por bajar los impuestos a los ricos y socializar las pérdidas (rescate bancario, aeropuertos deficitarios, desaladoras ruinosas, etc), votaron en contra de la tramitación, que no aprobación, de la ley para poner freno al abuso del alquiler de temporada.
La portavoz de la oligarquía catalana que representa el partido de Puigdemont, Míriam Nogueras, tuvo hasta la desfachatez de decir: «Hemos cambiado el sentido del voto, pero no de opinión». Lástima que no dijera nada de su compañera de escaño, Marta Madrenas, exalcaldesa de Girona, que antes de entrar en política era agente de la propiedad inmobiliaria (API), con responsabilidades en los puestos de mando de los profesionales al servicio de los propietarios de vivienda, y que, irónicamente, fue la encargada de defender la postura de Junts.
Hace unos días, contaba en este mismo medio la conversación de la que fui testigo en el tranvía de Murcia. En resumidas cuentas, venía a decir que una mujer había arreglado un piso que tenía vacío con el fin de alquilarlo a estudiantes por habitaciones: cuatro habitaciones, dos con baño propio y las otras dos con baño compartido. 600 euros por habitación las que tenían baño personal, y 550 euros las del baño compartido, en total 2.300 euros al mes. Eso sí, la señora lo cobraba ‘en b’, lo que antes denominábamos en negro. «Solo falta que hacienda se lleve parte de mi trabajo y mi inversión», dijo la mujer a su amiga.
El problema de la vivienda tiene fácil solución, o por lo menos eso venimos defendiendo los que apostamos por la construcción pública como alternativa al gran negocio de la vivienda, pero los intereses de los arrendadores, sobre todo los grandes, son muy superiores a los de los arrendatarios.
El negocio de la vivienda en España está al alza, más aún, a mayor desregulación del mercado, mayores son las ganancias, y los que defienden sus intereses, han vuelto a vencer.
A Junts, Vox y también al Partido Popular les preocupan mucho más las libertades de los arrendadores que los problemas de los arrendatarios, aunque nadie puede echarle en cara la más mínima incoherencia, siempre han antepuesto sus principios ideológicos (economía, libre mercado, desregulación normativa -simplificación administrativa se le denomina- y privatización) al interés general.
Ahora, los medios de comunicación quieren que nuestro principal problema sea la inmigración y que, de nuevo, la vivienda pase a puestos más bajos en nuestro nivel de preocupación, pero como dice el rico refranero español: «Donde hay patrón (arrendador), no manda marinero (arrendatario)».
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