La familia de Nerea González, una joven de 14 años fallecida el 13 de marzo de 2023, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una reclamación patrimonial de 201.000 euros contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los «hechos gravísimos», según denuncian, acaecidos en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
La madre, Caridad, lo explica así: «Queremos justicia». Su hija llegó a Urgencias del referido hospital el 10 de marzo de 2023 porque llevaba dos días encontrándose mal. Nerea, según el informe médico, presentaba una serie de síntomas («fiebre, dolor de cabeza, vómitos, mareos, rigidez en la nuca y lenguaje ininteligible»).
Una médica y una enfermera, siempre según la demanda de los padres, hablaron con Nerea y le hicieron varias pruebas. Le realizaron un test para ver si había consumido drogas y le hicieron un análisis de orina tras ponerle una sonda «en contra de su voluntad, ocasionándole un daño innecesario», según apuntan los informes periciales a los que el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha tenido acceso.
Los médicos de Urgencias llamaron entonces a la policía judicial y a un médico forense para que realizaran una valoración ante la posibilidad de que la menor hubiera sido víctima de una agresión sexual. Los policías desmontaron rápidamente esa hipótesis.
Dos paradas cardiacas
Nerea cada vez se encontraba peor. Sufrió convulsiones y hasta dos paradas cardiorrespiratorias «como consecuencia del paso de un cuadro de sepsis a un cuadro de shock séptico», según indica el informe médico recogido en la demanda de sus padres.
Casi dos días después, fue trasladada de urgencia al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Los sanitarios de ese centro comunicaron a la familia que la menor presentaba a su llegada «fallo multiorgánico y muerte encefálica». Nada se podía hacer ya para reanimarla. Falleció poco después de ser diagnosticada de meningitis bacteriana.
«Se podía haber evitado», se lamenta su madre. Los informes encargados concluyen que el fallecimiento de la niña podía haberse evitado de no haberse producido una primera asistencia sanitaria «incorrecta e inadecuada», según apuntan los peritos contratados por la familia.
«Perdieron un tiempo de oro»
Así lo defiende el abogado de la familia, José Luis Ortiz, de Bufete Ortiz Abogados, que asegura a este medio que los médicos perdieron «un tiempo de oro» activando protocolos «que en nada tenían que ver con la situación de la niña».
Un informe pericial firmado por el doctor Miguel Ángel Vizcaya Rojas señala errores de diagnóstico, prescripción y tratamiento. «Al no hacerse un diagnóstico correcto, no se instaura el tratamiento oportuno adecuado al problema infeccioso que estaba sufriendo en esos momentos Nerea», señala.
Como consecuencia, «no se aplicaron con la debida diligencia las prescripciones médicas y no consta una evaluación durante el tiempo que estuvo la paciente en la sala común de espera del servicio de Urgencias del Hospital». Ese médico subraya que Nerea «no recibió ningún tipo de tratamiento, y el cuadro patológico que padecía siguió su evolución, agravando la situación del mismo».
Nerea, arriba, a la izquierda, junto a su hermana mayor y sus padres. / CEDIDA POR LA FAMILIA
«Cuatro horas perdidas»
«Ellos dicen que hicieron todo lo correspondiente. Los peritos que solicitamos ven fallos graves por todos lados«, señala el abogado de la familia. Según el informe del doctor Vizcaya, «el cuadro infeccioso padecido por Nerea no recibe un tratamiento adecuado durante cuatro horas», lo que conlleva a «un empeoramiento de la infección que padecía, con el desenlace de un shock séptico que acabó en fallecimiento».
La madre va más allá: «Pensaban que Nerea estaba intoxicada por droga y la tuvieron esperando en una silla sin hacer nada, solo la zarandeaban pidiéndole explicaciones. Le dieron hasta cachetadas», denuncia Caridad. «Nos dijeron también que el dolor constante que tenía en la nuca podía haber sido producido por un traumatismo causado en el forcejeo de esa supuesta agresión sexual. Incluso cuando mi hija entró en coma, seguían manteniendo la versión de que pudiera estar relacionado con un caso de violencia sexual», relata.
«Sentimos mucho abandono y maltrato por parte de los profesionales», se lamenta la madre. Cuando, después de su muerte, fuimos a pedir el triaje de Nerea nos dijeron que no lo tenían, que se eliminaban a los pocos días, cuando según la Ley del Paciente, los datos tienen que guardarse mínimo cinco años», argumenta.
«Nos llaman oportunistas»
«El hospital siempre se mostró a la defensiva. Nos dicen que somos unos oportunistas y que solo queremos sacarles dinero», añaden. «No entendemos como un servicio de urgencias no sabe detectar este tipo de casos a tiempo. Decían que había que esperar a que se le pasaran los efectos de lo que se hubiera tomado. Ni siquiera había mucha gente en urgencias aquel día. Fue puro abandono”, insiste Caridad.
Un segundo informe pericial que consta en la demanda y fue realizado por el perito urgenciólogo Pablo Lloret Jiménez, dictamina que Nerea «no fue diagnosticada a tiempo» y señala que hubo «un retraso en el tratamiento de la menor».
Este peritaje refleja la vulneración de una serie de protocolos a la hora de detectar una posible meningitis. Y concluye: «Se trata de una menor de 14 años sin patologías previas, por lo cual no está considerada paciente de riesgo. En consecuencia, es más que probable que un diagnóstico precoz de la enfermedad le hubiese salvado la vida.»
Hasta dos meses después del fallecimiento, la familia de Nerea no denunció el caso. «Nos culpábamos a nosotros. Piensas que podrías haber hecho más, llevarla antes al hospital… Hasta que encontramos a gente que nos animó a sacarlo a la luz, convenciéndonos de que había algo que no se había hecho bien».
Nerea González, durante una procesión religiosa. / CEDIDA POR LA FAMILIA
«Omisión de pruebas diagnósticas»
El abogado de la familia señala, amparándose en el escrito de la demanda, que «hubo una total omisión de pruebas diagnósticas que están protocolizadas, incluso en primeros auxilios». «A Nerea se le tendría que haber hecho un TAC y proceder a un vaciado de líquido cefalorraquídeo que le hubiera salvado la vida» asegura. El informe médico del SAS reconoce que no se realizaron dichas pruebas.
El informe pericial presentado en la demanda contra el SAS concluye que «la asistencia sanitaria prestada (a Nerea) fue incorrecta e inadecuada, con múltiples errores, incluyendo el tratamiento antibiótico administrado. En su consecuencia se produce una pérdida de oportunidad y la vulneración de varios protocolos y guías clínicas.»
Según señala la demanda: «La supervivencia de esta enfermedad en la primera hora es de un 80 por ciento, según las estadísticas, y va disminuyendo conforme pasa el tiempo». Los dos médicos que firman los informes entienden que no se puso a disposición de la paciente «la totalidad de medios diagnósticos y terapéuticos que podrían haber permitido el correcto abordaje del tratamiento».
En mayo de 2023, la familia de Nerea presentó una reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que fue desestimada por silencio administrativo transcurridos seis meses. Ahora, la demanda ante el TSJ de Andalucía ha sido admitida a trámite después de que el SAS haya presentado un informe en el que responde a los informes periciales presentados por la familia.
El SAS responde
Según la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS, «desde el comienzo de la asistencia, los facultativos de urgencias fueron conscientes de la gravedad de la situación«. Añaden que las pruebas de droga «se realizaron ante el cuadro de confusión y agitación que presentaba la paciente» y que, al contrario de lo que denuncia la familia, «ya en el primer diagnóstico establecido en el libro de registro de urgencias se habla de ‘posible meningitis'».
El informe del Servicio Andaluz de Salud aportado al juzgado concluye que «tras el análisis médico legal del caso, se considera que la asistencia sanitaria prestada (a Nerea) fue correcta y adecuada, no siendo consecuencia de la misma los hechos y daños reclamados».
Mientras llega el juicio, Caridad y su familia claman justicia. «Solo queremos que los responsables de atender a Nerea en urgencias acaben en la calle. Tienen que pagar por lo que han hecho. A mi hija la dejaron morir”.
