La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón será la encargada de determinar si se reabre la causa de Tsunami Democràtic a partir de la denuncia presentada por los dos policías nacionales que resultaron heridos de gravedad durante las protestas que se vivieron el 18 de octubre de 2019 en Barcelona tras la sentencia del ‘procés’. Ambos agentes, que tuvieron que tuvieron que jubilarse de forma prematura debido a las lesiones que sufrieron, quieren que los hechos se investiguen como terrorismo.
La denuncia, de 11 páginas, fue presentada a finales del pasado julio y le ha correspondido a Tardón, porque se está ocupando del Juzgado Central de Instrucción número 6, mientras se nombra a un sustituto para Manuel García Castellón, que se jubiló el pasado día 2. Como este juzgado abrió la causa contra la plataforma, la denuncia le ha correspondido «por antecedentes».
La magistrada ha pedido informe al fiscal antes de decidir sobre si admite o no el escrito presentado por los policías que resultaron heridos y que con el archivo de la causa original -por haberse prorrogado un día fuera de plazo en 2021- han visto cómo los actos en los que resultaron lesionados llevan camino de quedar impunes, pese a que se consideran víctimas de «una masa perfectamente estructurada al estilo ‘kale borroka'».
Tras explicar que su actuación respondía a las órdenes recibidas de sus superiores «con el objetivo último de proporcionar seguridad a los civiles y a las instituciones más elementales del país, haciendo respetar la legislación vigente y la Constitución», pasa a describir lo que para ellos fueron «ataques terroristas por parte de sectores radicales y violentos«, que acturaron de forma «planeada premeditadamente para atentar contra las principales estructuras del sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar la economía y aislar al país del continente europeo».
Para los agentes no hay dudas de que «la plataforma organizadora de todos estos actos radicales, violentos, organizados y terroristas es Tsunami Democràtic», y que sus responsables fueron identificados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los informes que envió al juzgado, en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont y la líder de ERC Marta Rovira, entre otros.
Uno de los agentes resultó herido en los alrededores de la comisaría de Via Laietana en Barcelona, donde «los grupos radicales comenzaron a lanzar todo tipo de objetos contundentes», como «botellas de cristal llenas, piedras, tornillería pesada, rodamientos metálicos, latas de cervezas llenas, adoquines, etc».
«Sorprendió a nuestra unidad la organización que había entre los grupos radicales, pues se dividían en células de trabajo que se comunicaban entre ellas, se hacían señales para atacar o defender, tenían un material avanzado para ello, incluso explosivo. Cuando un grupo se quedaba sin provisiones aparecía otro y le dotaba del material necesario», relata la denuncia.
El agente fue alcanzado por una botella rota en la mano. Pero el lanzamiento de objetos era tan continuo que no pudo retirarse y aún recibió un segundo impacto con un objeto que le hizo desplomarse en el suelo y quedar inconsciente durante al menos cinco minutos.
El otro agente estaba en los alrededores del aeropuerto de El Prat, donde «había grupos radicales violentos que trataban de asediar el edificio y los alrededores atacando a los compañeros mediante el lanzamiento continuado de objetos con capacidad lesiva y barricadas». A él le alcanzaron en la cara y el brazo.
Los dos, que ya ejercían la acción particular en el caso Tsunami Democràtic, bajo la representación de José María e Ignacio Fuster Fabra, quedaron incapacitados para ejercer su profesión «sin indemnización alguna por los daños sufridos en acto de servicios», lo que denuncian que les dejó en «situación de desamparo total«.
