El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido este martes que la existencia de «instituciones imparciales» como el organismo que ha pasado a dirigir. «El buen funcionamiento de las sociedades democráticas requiere de instituciones imparciales que ejerzan poderes delegados bajo mandatos acotados, cuya delegación se justifica, o bien porque deben ser ejercidos con una orientación a medio plazo que trasciende los ciclos electorales, o bien por su carácter eminentemente técnico o por su función supervisora», ha sostenido durante el acto de toma de posesión de su nuevo cargo
El exministro no se ha referido de forma directa a su paso desde el Gobierno de Pedro Sánchez al organismo supervisor, inédita en España en democracia muy criticada por el PP. Pero ha parecido defender que actuará con independencia en sus nuevas funciones. Así, ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la recién creada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), «preservar la independencia de la institución de influencias y condicionamientos externos fue, singularmente, un reto desde el primer día».
No ha sido el único guiño. También ha defendido que «el rigor, la búsqueda de la objetividad basada en la evidencia y el ejercicio del juicio independiente son, entre otros, valores pivotantes dentro de la cultura de la banca central» que «siempre» han guiado su trayectoria profesional. También ha resaltado que todos los gobernadores y subgobernadores desde la ley de autonomía del Banco de España de 1994, a los que ha «conocido y tratado» supieron «en distintas circunstancias y en entornos más o menos complejos, entender que la independencia de iure del banco debía acompañarse de comportamientos y un estilo de dirección que también la preservarán de facto».
Escrivá, asimismo, ha aprovechado el acto para anunciar la creación de un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno y el Parlamento una reforma de la ley de autonomía. El gobernador ha encargado dirigirlo a Fernando Fernández, miembro del consejo de gobierno y la comisión ejecutiva a propuesta del PP. El objetivo será «reforzar todavía más» la independencia del organismo, pero también «potenciar los elementos de apertura, de comunicación con la sociedad, explicando y justificando» las actividades de la institución.
