El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que sienta las bases de la política energética y climática de España en los próximos seis años de cara a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, y que prevé remitir a la Comisión Europea este miércoles. La hoja de ruta, que oficializa las grandes cifras planteadas en un borrador presentado el año pasado, plantea un crecimiento de la demanda de electricidad del 34% hasta 2030 respecto a 2019. Es un crecimiento mucho más elevado del 5% que se planteaba en el PNIEC que se elaboró en 2021 y que ahora se actualiza. Además, si se compara con 2023, cuando el consumo de electricidad retrocedió a niveles de hace dos décadas, el nivel previsto por el plan para 2030 implica un aumento del 45%.
En conjunto, el Gobierno estima que la puesta en marcha del nuevo PNIEC servirá para impulsar un crecimiento del 3,2% del PIB en el horizonte de 2030 frente a un escenario sin medidas. Además, se calcula que el gasto energético medio de los hogares -del 7,8% de su renta en 2019- bajará al 5,7% en 2030, con mayor incidencia en los hogares de renta baja.
Más renovables e hidrógeno
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica atribuyen el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en los próximos siete años a «la cantidad de proyectos que se están presentando, en distintos grados de madurez, entre los que se incluyen proyectos relacionados con el hidrógeno verde, la descarbonización industrial, la digitalización, la inteligencia artificial o la electrificación de los puertos«, entre otros. Y para ello, el Ejecutivo defiende que pondrá en marcha un nuevo proceso de planificación con horizonte 2025-2030 para desplegar nuevas redes eléctricas, que se someterá a revisiones bianuales, además de ampliar los límites a la inversión impuestos a las empresas eléctricas, según las mismas fuentes.
En el lado contrario, para alimentar toda esa demanda, el Gobierno plantea que el parque de generación eléctrica crezca hasta los 214 gigavatios de potencia (GW), frente a los 127 GW actuales, de los que 160 GW corresponden a generación renovable, que incluyen 62 GW de eólica (de los cuales 3 GW son eólica offshore), 76 GW de fotovoltaica (de los cuales 19 GW son de autoconsumo) y 1,4 GW de biomasa, y 22,5 GW a almacenamiento, como se conoció este lunes a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración de impacto ambiental del plan.
Se mantiene el calendario de cierre acordado de plantas nucleares, que arrancará en 2027 con Almaraz, y que llevará a mantener 3,1 GW operativos en 2030 y el peso de los ciclos combinados de gas natural, que siguen sin cambios (26,6 GW). Además, se incluye una previsión de 12 GW de potencia de electrolizadores para producir hidrógeno renovable y 20 teravatios-hora (TWh) de biogás.
Menor dependencia energética
En total, el plan recoge 110 medidas con las que se busca alcanzar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990 del 32% (frente al 23% del PNIEC original), elevar el peso de las renovables hasta el 48% del consumo final de energía (frente al 42% del plan anterior) y el 81% en el caso de la generación eléctrica (frente al 74% de 2021) y mejorar la eficiencia energética hasta el 43% (frente al 41,7%).
Además, la nueva actualización prevé que la electrificación de la economía alcance el 35%, frente al 32% que estimaba el documento original, lo que favorece, a su vez, al citado aumento de la demanda eléctrica. Entre otras, espera alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en las carreteras y llegar a 1,37 millones de viviendas rehabilitadas. El documento también afirma que la producción de energía autóctona alcanzará el 50% del total, frente al 27% que marcaba el plan anterior, lo que proporcionará un ahorro de 86.750 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles durante todo el período.
Un 82% de inversión privada
«El PNIEC ofrece una orientación clara para la inversión en nuestro país en un marco estratégico que permite visualizar de qué forma la energía, la conciliación con las políticas climáticas y la vinculación a las políticas industriales son una gran oportunidad para generar desarrollo, empleo, innovación y transformar el sistema energético», ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros y la primera después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunciara su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva.
En total, el Gobierno calcula que el plan movilizará una inversión total de 308.000 millones de euros, de los que el 82% será privada y el 18% será pública (un 13% corresponderá a los fondos europeos. El 37% de esa inversión se destinará a energías renovables, el 28% a ahorro y eficiencia, el 17% a redes energéticas y el 17% a la electrificación de la economía.
