El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ubicadas en el mar y que incluirá una fase de diálogo público entre los promotores de los proyectos y los sectores afectados, como la pesca, el turismo, la navegación o la investigación, entre otros, antes de convocar los concursos que adjudicarán los distintos espacios y capacidades. «Aprobamos hace un año el plan de ordenación de los espacios marinos y con este real decreto completamos un aspecto clave. El 0,46% del espacio marino podría llegar a ser superficie para desarrollar polígonos de energía eólica offhore», ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En la misma reunión, el Ejecutivo ha enviado el anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que segrega el regulador energético de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al Congreso de los Diputados, y aprobado la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que enviará este miércoles a Bruselas. Según esa hoja de ruta, España prevé instalar 3 gigavatios (GW) de eólica marina en 2030, que se suman a los hasta 60 megavatios (MW) de otras fuentes renovables marinas en el mismo horizonte.
Para alcanzar esa meta, el Ministerio para la Transición Ecológica ha creado una nueva regulación basada en un procedimiento de concurrencia competitiva (subastas) que permitirán otorgar al mismo tiempo el Régimen Económico de Energías Renovables, la reserva de capacidad a la red de electricidad en un nudo concreto y la prioridad en el otorgamiento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Las áreas donde se ubicarán las instalaciones deberán estar incluidas en las zonas definidas para esta finalidad en los planes de ordenación del espacio marítimo.
Cada procedimiento de concurrencia competitiva se regulará por una orden ministerial con las bases reguladoras, que incluirán elementos como dónde se van a ubicar las instalaciones, el cupo de potencia, los parámetros retributivos o el plazo de concesión. En el borrador del real decreto se preveía un plazo máximo de concesión de 30 años que ahora no se incluye debido a que una sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Costas anuló dicho artículo, según fuentes del sector.
Tras esa orden es cuando se celebrará un diálogo público entre promotores y agentes afectados «para incrementar las externalidades positivas, el desarrollo industrial de las regiones costeras próximas y la coexistencia de las instalaciones de generación con otros usos de las aguas, como la navegación». Ese intercambio de pareceres podrá atender a elementos como las áreas de ubicación y requisitos del concurso, elementos del diseño, construcción explotación y desmantelamiento de las instalaciones o los criterios de ponderación.
Y será después de que se produzca ese diálogo cuando se convocará la subasta, que podrá incluir modificaciones sobre los parámetros y criterios establecidos previamente. La evaluación de las solicitudes le corresponderá a una comisión técnica integrada por el citado Ministerio, así como por otros departamentos implicados, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
En la elección de las instalaciones se podrá tener en cuenta hasta un 30% de criterios que no tenga carácter económico, en línea con la nueva legislación europea, lo que permitirá ponderar aquellos proyectos con menor impacto ambiental y mayores beneficios locales, como la generación de empleo e industria.
Nuevo regulador especializado en energía
La Comisión Nacional de Energía existió hasta 2013, momento en el que el Partido Popular decidió unir la CNE y otros reguladores especializados –la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión Nacional del Sector Postal– y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para crear un ‘superregulador’ con el argumento de ganar eficiencia y poder tratar de tú a tú con las compañías que debe supervisar. Desde entonces y a pesar de haber cumplido el año pasado solo una década, la CNMC ha sido objeto de debate de distintos gobiernos sobre su segregación. La última vez, en el año 2017, cuando llegó a formar parte de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que entonces dirigía Mariano Rajoy, pero que finalmente no llegó a término.
El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la escisión de la pata energética, tras acordarlo así en el pacto de investidura con Sumar, y lo justifica con que esta materia requiere una regulación y una supervisión mucho más especializada que la que puede dedicar la CNMC. El nuevo regulador será un organismo independiente adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica –la CNMC está asociada al Ministerio de Economía– que tendrá como objetivo seguir el funcionamiento de los mercados energéticos «para garantizar precios competitivos a los consumidores y señales claras para la inversión»; funciones consultivas «de asesoramiento y resolución de conflictos», así como funciones de inspección, como por ejemplo «velar por la resolución de las quejas de los consumidores».
«España, como todos los países, tiene que desplegar con éxito la transformación del sistema energético y, por tanto, la recuperación de un órgano especializado y focalizado en la actividad de energía es capital para agilizar la tramitación y disponer de servicios que vean en detalle la manera en que funciona el mercado e impulsar de forma inteligente las oportunidades vinculadas a la descarbonización», ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la primera tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de nombrarla como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión.
Se abre, ahora, un nuevo periodo de negociación en el Congreso de los Diputados, después del análisis pertinente de la CNMC y del Consejo de Estado. El Gobierno y la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevan semanas trabajando de forma conjunta a través de un grupo de trabajao interno para «analizar de forma detallada los recursos materiales y humanos» para que cada uno de estos órganos cumpla con sus funciones, según aseguró la semana pasada la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante la Comisión del ramo en el Congreso de los Diputados. «Lo fundamental es que la función de supervisión de los mercados energéticos no sufra», según añadió Fernández.
