el consejero del PP al que pidió pilotar la reforma de la ley del BdE renuncia al encargo

José Luis Escrivá ha llegado al Banco de España con la intención de reformar la norma que regula al supervisor, la cual ya ha cumplido 30 años. Entre los objetivos declarados está el refuerzo de la independencia de esta centenaria institución. Sin embargo, otras materias clave de la reforma serán la forma de elección del gobernador y la extensión del mandato del mismo.

Durante su discurso de toma de posesión, el nuevo líder del supervisor bancario ha propuesto revisar la Ley de Autonomía del Banco de España, que data de 1994. De hecho, Escrivá ya había encargado la creación de un grupo de trabajo que iba a estar dirigido por Fernando Fernández.

Sin embargo, su renuncia ha llevado a que sea Lucía Rodríguez, alguien que trabajó con Escrivá cuando este puso en funcionamiento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En cualquier caso, los plazos que se manejan son ajustados. El grupo de trabajo tendrá que presentar esas reflexiones o recomendaciones al Consejo de Gobierno del supervisor. Después, se elevarán al ámbito parlamentario y al propio Gobierno, en tanto que la reforma de una ley es materia política.

La elección de Escrivá como gobernador del Banco de España ha generado una sonada controversia y, a la postre, otro punto de fricción entre el Gobierno y la oposición. Pero lo cierto es que el proceso de nombramiento de la máxima autoridad del supervisor bancario acostumbra a generar polémica. Por eso mismo, una revisión del método de elección del gobernador entra dentro de las claves de una posible reforma de la ley.

En la actualidad, se trata de una decisión del presidente del Gobierno, quien sólo tiene que comunicar el nombre al rey. El trámite parlamentario es mínimo: el ministro de Economía informa del candidato propuesto en el Congreso de los Diputados, aunque no media ninguna votación. En suma, una decisión directa y que no requiere de consensos o acuerdos políticos.

Es cierto que, tradicionalmente, Gobierno y oposición han pactado los nombres: mientras que el Ejecutivo se encargaba de encontrar al gobernador, la oposición hacía lo propio con el subgobernador. El objetivo era que, si bien cada nombre pudiera ser más cercano a unos u otros, existiera consenso sobre ambos.

No obstante, no se trata de una fórmula infalible, en buena medida porque no deja de ser una tradición. Ya con el nombramiento de Pablo Hernández de Cos en 2018 el PP de Rajoy se saltó ese proceder al elegirlo sin acuerdo poco antes de ser desahuciado de La Moncloa por la moción de censura de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, habrá que esperar para conocer si una de las reflexiones a las que pueda llegar el grupo de trabajo constituido a instancias de Escrivá sea una revisión del proceso de elección de la cúpula del Banco de España.

Ocurre lo mismo con la duración del mandato de los gobernadores del supervisor español. Según la norma de 1994, el mandato es de seis años, sin posibilidad de renovación o prórroga. De hecho, cuando finalizó el de Hernández de Cos, el puesto quedó vacante hasta que el Gobierno se decidió a terminar el proceso de renovación.

Dentro del entorno europeo, el caso español es una rara avis. Los mandatos de los gobernadores de los bancos centrales de Francia y Alemania son también de seis años, pero en ambos casos, renovables.

Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) tiene un mandato más prolongado, de ocho años, aunque no renovable. Por su parte, el mandato presidente del Bundesbank (Alemania) también alcanza los 8 años y, además, es renovable.

Así las cosas, otra propuesta de reforma en el horizonte sería una ampliación del tiempo en que los gobernadores del Banco de España ejercen sus funciones, ya sea mediante un periodo más largo de por sí o posibilitando la renovación.

Con el actual panorama de fragmentación política, la aprobación de cualquier norma se antoja complicado, aunque se han llegado a acuerdos puntuales. Otro debate sería si una ampliación del mandato de los gobernadores afectaría también a José Luis Escrivá. Es decir, si, en caso de cambiar la ley, el exministro podrá alargar su estancia en el principal despacho de Alcalá, 48.