Hace 20 años que la Generalitat Valenciana, con gobiernos de todos los colores en estas dos décadas, debería haber asumido la sanidad en las Prisiones. Por mandato legal. Pero no lo ha hecho, así que la población reclusa, cuya tasa de enfermedad es mucho más elevada que en el resto de la ciudadanía, recibe la asistencia sanitaria que recibe y que depende más de la buena voluntad y la colaboración de algunos centros, como el Hospital General, que de otra cosa.
Esa grave carencia, en un colectivo donde más de la mitad de sus integrantes tienen patologías físicas crónicas y el 80 por ciento sufre las consecuencias físicas y psíquicas de las adicciones, por no mencionar la salud mental -el 91 % de los internos sufre una o más patologías mentales a lo largo de su vida-, que no tengan la posibilidad de gozar de una asistencia sanitaria como el resto incide directamente no solo en la calidad de vida y capacidad de reinserción, sino en la propia seguridad de la población reclusa. En pocas palabras, otro palo en las ruedas de la actividad diaria de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias.
En ese contexto, no es de extrañar que esa reivindicación, la de urgir a las administraciones -en este caso, la autonómica- a hacer los deberes y asumir de una vez por todas la sanidad de las prisiones valencianas, algo que debió ocurrir, como muy tarde, en septiembre de 2004 como fijaba la Ley del sistema nacional de Salud, haya vuelto a ser una de las principales en el discurso del director del Centro de Inserción Social (CIS) de Picassent, Miguel Ángel Martínez, uno de los tres que forman el complejo penitenciario de València, durante los actos celebrados ayer en el Día de la Mercé, patrona de Prisiones.
Más de 2.000 internos y 600 ya listos para salir
Martínez aprovechó para recordar que los centros valencianos baten récord en cifras. Son los más grandes de toda España, cada uno en su modalidad. La cárcel ‘grande’, el Centro Penitenciario Valencia II-Picassent, alberga a más de 2.000 internos -apenas un 10 % son mujeres-, el CIS prepara a 600 para su adaptación a la libertad -500 hombres y 100 mujeres- y en el servicio de gestión de penas administra las condenas de 7.000 de los 10.000 valencianos que tienen en este momento alguna medida cautelar penal en vigor. Un dato para comprender el tamaño: ese servicio gestiona las mismas penas que las tres unidades juntas de la autonomía madrileña.
Además, el director del CIS, quiso poner en valor el trabajo diario de todos los trabajadores de Prisiones en su compleja labor por favorecer la reinserción de cada interno y convertir su estancia en la cárcel «en una buena ocasión para paliar las carencias» que les llevaron a estar en ella. Para ello, habló de mejorar la habitabilidad de los centros penitenciarios, destacó los programas de reeducación y educación y aplaudió los 40 años que se cumplen este 2024 de la incorporación de los trabajadores sociales al sistema de reinserción de Prisiones. «Su labor es esencial» para vencer la exclusión social de la población reclusa. En ese camino de regreso a la libertad, defendió «más terceros grados y dispositivos telemáticos para los socialmente más adaptados» y recordó que los reclusos «pierden parte de sus derechos, pero mantienen los demás, como el derecho a la educación, a la sanidad o a recibir las prestaciones económicas y sociales que les correspondan.
En definitiva, aprovechó para «visibilizar el sistema penitenciario español», agradecer a oenegés y empresas su colaboración diaria y, por encima de todo, «poner en valor al trabajador penitenciario, que afronta situaciones difíciles con gran valor y profesionalidad. La sociedad tiene una deuda con ellos», sentenció.
35 medallas y reconocimientos
Así, 35 funcionarios y personal ajeno a la institución recibieron ayer el reconocimiento a su entrega y dedicación en el desempeño de su trabajo con otras tantas medallas y menciones. Los encargados de su imposición fueron la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que presidió el acto; el director del centro penitenciario, Jesús Sánchez-Gadeo; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, Pilar de la Oliva; el director del CIS, Miguel Ángel Martínez; la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas Ten; y la alcaldesa de Picassent, Conxa García Ferrer.
El principal galardón, la medalla de plata al mérito penitenciario, fue para el subdirector de seguridad José Gallent, que mencionó a las unidades bajo su mando, con quienes quiso compartir el premio a sus más de 30 años de servicio, «desde la cárcel Modelo hasta aquí», rememoró. Mencionó, nombre a nombre, a los cinco funcionarios dependientes de él que también fueron premiados ayer «por su gran valor y profesionalidad» en dos situaciones de alto riesgo registradas en la prisión de Picassent en los dos últimos años.
Se trata de los dos funcionarios que redujeron a Pedro Lozano Jiménez, conocido como ‘El Rambo de Requena’, cuando el pasado 2 de julio atacó a tres guardias civiles, a uno de los cuales trató de arrancar la yugular a dentelladas, y de los tres que evitaron la fuga de un recluso que logró escalar a brincos la pared lateral de su pabellón, saltar por encima de las concertinas que cierran los muros y estar a punto de evadirse después de permanecer oculto durante horas en los tejados.
Gallent coincidió con Martínez en reivindicar el reconocimiento social que merece el trabajo en las prisiones: «No somos un cuerpo oscuro dentro de la Administración».
«No somos mamporreros. Aquí hay grandes profesionales»
Con otras palabras pero el mismo espíritu agradecieron el resto de los galardonados los distintos reconocimientos. El más incisivo fue Jesús, instructor de defensa personal que forma a sus compañeros y que la fortuna hizo que estuviese en el momento en que el Rambo de Requena se abalanzó sobre los agentes, justo cuando iban a colocarle los grilletes para conducirlo a la Ciudad de la Justicia. Jesús y su compañero, Jorge, reaccionaron en una fracción de segundo e inmovilizaron a Lozano, aunque para entonces ya había arrancado un trozo del antebrazo de uno de los agentes a mordiscos. «Si no llegan a intervenir, mata al guardia», afirman los compañeros. Ambos recibieron ayer sendas menciones honoríficas por servicios de especial relevancia por esa actuación.
«No somos mamporreros», defendió Jesús ante el numeroso público que asistió al acto. «Aquí dentro hay enormes profesionales con un elevadísimo nivel académico, desde arquitectos a psicólogos pasando por muchas otras titulaciones universitarias. Y sin nosotros, los pretorianos [en referencia a quienes desempeñan las labores de vigilancia en el interior de los módulos], sería muy complejo para las prisiones. Estamos normalizando situaciones de violencia que no son normales», clamó. La cerrada ovación demostró el sentir de un colectivo del que pocas se habla fuera de fechas o incidentes señalados y que se siente poco reconocido socialmente.
La fuga abortada en los tejados
La misma mención recibieron los tres funcionarios, dos hombres y una mujer, premiados por evitar la evasión del recluso. «Fue ella la que se subió al tejado y dio la voz de alarma tras descubrir al interno», matiza un orgulloso Gallent. Se siente el equipo. Son una piña.
Además de ellos cinco, recibieron esa mención once funcionarios, entre ellos dos trabajadoras sociales y una enfermera. Otras 17 menciones honoríficas por los 25 años de servicio fueron concedidas en el mismo acto a diez mujeres y siete hombres.
Junto con esos reconocimientos, fueron premiados con la medalla de bronce al mérito penitenciario dos funcionarios. Además, se le impuso la medalla de plata al mérito social al párroco de Soternes y delegado de Migraciones en la Archidiócesis de Valencia, Olbier Hernández, mientras que hubo tres de bronce: una para el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital General de València, Miguel García del Toro; otra para el director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega; y la tercera para la coordinadora en la C. Valenciana de la ONG Concaes, Claudia Sornosa.
«Seréis autoridad. ¡Por justicia! ¡Porque os lo merecéis!
El acto lo cerró quien lo presidía, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien, con un discurso efusivo y cercano, agradeció el trabajo de quienes «sois capaces de tejer un círculo virtuoso para hacer de este centro un espacio más humano y luminoso que les haga [a los internos] mirar hacia la calle». Una metáfora de la reinserción social que debe primar a la hora de trabajar con cada recluso y para la que, admitió, es fundamental la cantidad y calidad de las plantillas. Por eso, sacó pecho del aumento en un 90 % del presupuesto en formación para los trabajadores penitenciarios y garantizó que la plantilla aumentará en 1.000 personas «con la macrooposición que se convocará este año».
Bernabé no dejó pasar la oportunidad para recordar y reivindicar a la pionera Victoria Kent, «que quiso poner alma y la mirada de las mujeres» como directora general de Prisiones que fue. La delegada, que también destacó el visible y sincero compañerismo que fluyó a lo largo de todo el acto, y que vivió su momento cumbre cuando todos los trabajadores presentes se alzaron para aplaudir a uno de los suyos cuando lo condecoraban, cerró su breve pero intensa alocución recordándoles que «el Gobierno al que represento» tiene listo el anteproyecto de ley por el que los funcionarios de Prisiones pasarán a tener la categoría de agentes de la autoridad. «Será una realidad», garantizó. Y retó: «Espero que todos los partidos políticos que estamos aquí representados se sumen a la aprobación de esta ley». Después, elevó el tono y la emoción: «Es una reivindicación vuestra. ¡Por justicia! ¡Y porque os lo merecéis!», terminó.
El acto, al que asistieron, entre otros, el fiscal superior de la C. Valenciana, José Ortiz; el arzobispo de València, Enrique Benavent; y representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía de la Generalitat, finalizó con el habitual vino, en el que buena parte de los entrantes y postres fueron elaborados y servidos por los internos del CIS adscritos al servicio de cocina de la prisión o a alguno de los talleres culinarios, demostración de que la reinserción es el mejor y más merecido camino para quienes en algún momento y por razones no siempre individuales han acabado privados de libertad.
