El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, registró el viernes en el Tribunal Constitucional un total de 20 recusaciones contra el magistrado José María Macías, recién incorporado al TC a propuesta del Partido Popular, con el fin de que no intervenga en el enjuiciamiento de la polémica ley de amnistía.
El nombramiento de Macías para el TC fue parte del pacto alcanzado el pasado junio entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo pretende ahora apartar a este magistrado clave del asunto más comprometido para Pedro Sánchez que tiene entre manos el Constitucional.
La Abogacía del Estado ha recusado a Macías en las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por la Sala Penal del Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la amnistía de las responsabilidades derivadas del proceso soberanista catalán.
Las otras 16 recusaciones buscan apartarle de la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la amnistía del ‘procés’ -recurso cuya ponencia, además, ha recaído en Macías, que sería el encargado de proponer su estimación o desestimación- y las impugnaciones presentadas por 15 Gobiernos o Parlamentos autonómicos controlados por el Partido Popular.
Estas 20 recusaciones se suman a las seis interpuestas contra Macías por el expresidente catalán Carles Puigdemont en los recursos de amparo que tiene pendientes de fallo y a la recusación firmada por Álvaro García Ortiz, la primera promovida por un fiscal general contra un miembro del Tribunal Constitucional.
El nuevo juez del TC acumula ya 27 iniciativas para apartarle de cualquier decisión de fondo sobre la amnistía, toda una ofensiva jurídica al alimón entre el Gobierno, la Fiscalía y el expresidente catalán y que tensionará fuertemente al Constitucional, ya que está en juego la composición que el tribunal tendrá para enjuiciar la divisiva ley de amnistía.
Aunque el sector progresista del TC está integrado por siete miembros, la aceptación de la abstención de Juan Carlos Campo el pasado día 11 ha reducido a seis los magistrados a los que se atribuye una posición de partida favorable a la amnistía. Se daría, en mantenerse ese pronóstico, un resultado demasiado ajustado, seis votos frente a cinco, ya que el sector conservador tiene ahora un magistrado más gracias a la incorporación de Macías.
El apartamiento de este juez mediante la estimación de las recusaciones compensaría la baja de Campo y permitiría un resultado algo más holgado a favor de la controvertida ley.
Guerra de recusaciones
El pleno del TC convocado para mañana no verá las recusaciones pero sí aprobará la abstención de Campo en el recurso de inconstitucionalidad del PP, en las impugnaciones presentadas por 15 comunidades y asambleas autonómicas y en las tres cuestiones promovidas por el Tribunal Superior de Cataluña. Se trata de extender a estos procesos la abstención ya aceptada en la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo.
El PP, por su parte, ha recusado al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido y a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Los ‘populares’ presentaron el viernes un escrito para que TC acuerde el «inmediato apartamiento» de los tres recusados en todo lo referente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP.
El escrito se dirige particularmente contra Conde-Pumpido, porque el presidente del Constitucional figura en el orden del día del pleno como ponente de los autos que apartarán a Campo de los 19 recursos y cuestiones mencionados.
Sucede, sin embargo, que el primero de esos recursos es el del PP, cuyo ponente es Macías. Dado que se trata de la abstención del exministro de Justicia (y no de una recusación, que tiene un turno autónomo de ponentes), la ley indica que el ponente de un recurso lo es para el asunto principal y todas sus incidencias.
De esta forma, según algunas fuentes del TC, Macías debería ser el ponente de la abstención de Campo, al tiempo que éste, Conde-Pumpido y Díez no deberían intervenir en nada de lo relacionado con el recurso de inconstitucionalidad del PP. La mayoría del tribunal, en esa hipótesis, estaría en manos de los conservadores por cinco votos frente a cuatro.
Quién resuelve
Las recusaciones promovidas el mismo viernes por la Abogacía del Estado -y que, a diferencia de la del fiscal general, sí afectan al recurso del PP- hace decaer ese escenario porque el propio Macías también tendría que apartarse mientras se resuelve su recusación.
El actual presidente del TC sostuvo en un voto particular emitido en diciembre de 2022 que, conforme a la jurisprudencia y práctica del tribunal, del debate sobre la admisión a trámite de una recusación «han de quedar siempre excluidos los magistrados cuya imparcialidad se cuestiona».
«Quien ha sido recusado», añadía entonces Conde-Pumpido, «no interviene en la deliberación y decisión sobre la admisión de la recusación, con una única excepción«.
Esta excepción que permite a los magistrados recusados formar parte del tribunal que decide sobre su propia recusación es que «se vea afectado el quorum necesario para decidir», quorum que es de ocho magistrados.
Hasta ahora, el total de recusaciones, que superan la cincuentena, afectan a cuatro magistrados, por lo que sigue habiendo quorum para resolver, sin los recusados, si los incidentes se admiten o no a trámite.
