Las narcolanchas se apilan formando varios pisos en un recinto cercano al litoral de El Puerto de Santa María (Cádiz). Como medida de seguridad, una fina valla metálica, de esas que cercan parques y parcelas. A principios de 2024, en este espacio se acumulaban 150 motores y 80 embarcaciones intervenidos a los narcos, que se suman a las casi 300 que hay en el puerto de Algeciras, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Un material incautado que se amontona expuesto al sol y la lluvia durante meses, años, mientras la Justicia decide qué hacer con él.
«Casi todos los días llegan embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tanto narcolanchas como petaqueras, es muy habitual en los últimos meses», afirma una miembro de la Guardia Civil destinada en la Bahía gaditana. De hecho, solo en el pasado mes de agosto se intervinieron «cinco de alta velocidad y 30 de menor tamaño dedicadas al suministro de combustible» en el Guadalquivir y el Golfo de Cádiz, según ha informado el Ministerio del Interior.
El ciclo es siempre el mismo: las autoridades decomisan lanchas y barcas utilizadas en la logística del narco, se trasladan a un depósito provisional, se tasan y allí aguardan hasta que un auto judicial dicte su destrucción. «El problema es que el proceso es siempre muy lento», resume otro agente de la Benemérita. Y en ese tiempo que esperan varadas en tierra, los trabajadores de este submundo están al acecho.
«Riesgo comprobado de robos»
«El depósito de El Puerto lo protege una valla metálica que además está rota en algunos puntos», afirma este mismo guardia civil. «Muchos se han aprovechado de esto y, aunque no se llevan las embarcaciones enteras, sí que hay sustracciones de piezas: pantallas, GPS, colchonetas, bombas de achiques, direcciones…», asegura.
Sobre este mismo punto también advierte la Fiscalía General del Estado en su informe, donde apunta que la acumulación de las narcoembarcaciones en estos depósitos al aire libre «genera un riesgo comprobado de robos«. Estas sustracciones traen consigo «la vuelta al mercado de motores de gran valor«, tal como se detalla en la memoria anual.
Imagen de satélite del depósito de El Puerto de Santa María a finales de 2022 / / GOOGLE EARTH
«Esto lleva así muchos años, no es nada nuevo», cuenta un agente que presta servicio en el Campo de Gibraltar. «Se ha dado parte de esto al Ministerio de Interior en numerosas ocasiones. De hecho vino María Gámez, en aquel momento directora de la Guardia Civil, y se amplió la zona de almacenamiento, aunque siguen amontonadas»,
La eterna espera para su destrucción
Para intentar atajar este problema, la Junta de Andalucía adjudicó a una empresa privada por 797.511 euros las funciones de depósito judicial de narcolanchas en marzo de 2021, el único de toda la comunidad. La compañía «dispone de un local en San Roque (Cádiz) donde realiza las entregas y recogidas» y una nave en Mengíbar (Jaén) donde tiene las instalaciones necesarias para deshacerse de este género prohibido desde 2018, tal como detalló el Gobierno autonómico en una nota de prensa.
«La principal dificultad que tenemos es que necesitamos un auto judicial, y por lo general los juzgados tardan mucho en dictar que una narcolancha se requise», explican desde la Consejería de Justicia a El Correo de Andalucía. «El atasco se produce ahí, en el paso de la competencia policial a la judicial. Solo una vez que tenemos el auto de un magistrado podemos ir a recoger la embarcación de la zona donde está y llevarla a Mengíbar».
La zona del puerto de Algeciras donde se guardan las narcolanchas, en noviembre de 2022 / / GOOGLE EARTH
«Sin la orden de un juez no puedes justificar ese gasto de dinero público en peritaje, transporte y destrucción», informan desde la Consejería. «Una narcolancha intervenida en Cádiz cuesta sacarla del agua y llevarla al depósito unos 2.000 euros, y alrededor de otros 2.500 euros llevarla y trasladarla en el depósito de Jaén. Al final deshacerte de una embarcación de estas vale cerca de 5.000 euros«, dice uno de los agentes consultados.
De cargar hachís al desguace
Estas semirrígidas provienen en su mayoría del norte de Portugal, donde se fabrican de manera legal en narcoastilleros que las venden por un precio mínimo de 120.000 euros, tal como contó David López Frías en El Periódico de España. Una vez que las autoridades policiales consiguen intervenirlas, el único futuro que les espera es su desguace; las fuerzas de seguridad del Estado no las reutilizan con el fin opuesto para el que fueron creadas.
«Muchos compañeros se quejaron porque estas embarcaciones no tenían cabina ni cumplían con las medidas de seguridad exigidas», afirma un agente del Instituto Armado. «Además, hubo problemas entre Vigilancia Aduanera y nosotros porque cuando veían una narcolancha, no sabían si era de la Guardia Civil o de los traficantes«, añade.
Hace ya tres años y medio desde que la Junta puso en marcha el único depósito judicial de este tipo de vehículos, aunque desde la Consejería de la Justicia reconocen que «no se han podido desguazar muchas embarcaciones en este tiempo». A la espera de que los jueces dicten su destrucción, decenas de narcolanchas esperan en dos zonas valladas de la provincia de Cádiz, alejadas del mar que un día cruzaron repletas de droga.
