La «paz total» diseñada por Gustavo Petro como una hoja de ruta virtuosa para Colombia acaba de tener su peor contratiempo. El primer Gobierno de izquierdas de ese país se vio obligado a suspender días atrás el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de su atentado contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, a 600 kilómetros de Bogotá. La muerte de tres uniformados y más de 25 heridos supone un punto de inflexión e incertidumbre. «La suspensión es, de lejos, el mayor golpe de autoridad del Ejecutivo al que hasta hace unos meses era el proceso estrella de las nueve negociaciones de la paz total del Gobierno Petro», sostuvo el diario El Espectador, de Bogotá. La confianza en su éxito ha sido dañada. El presidente fue a visitar a los soldados hospitalizados y advirtió: «Si el ELN no quiere romper el proceso de paz dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla».
El ELN nació a comienzos de los 60 y al calor de la consigna castrista de que la Cordillera de Los Andes debía convertirse en una gran Sierra Maestra para emular a la revolución cubana. En sus filas estuvo el sacerdote Camilo Torres, muerto en enfrentamiento con el Ejército en 1966. Para el portal La Silla vacía, más que un ejército rebelde, «ha funcionado durante más de medio siglo como una oenegé armada». Su propósito dejó hace tiempo de ser la toma del poder como lo soñaron en su momento las FARC. Intentan propiciar lo que han llamado «una gran conversación nacional» de efectos vinculantes entre organizaciones sociales sobre todos los aspectos claves del país y, de este modo, llegar a acuerdos que se materialicen en una nueva Constitución. «Dada la poca legitimidad y relevancia que tiene entre vastos sectores de la población, especialmente urbana, ningún Gobierno había accedido a esa pretensión. Salvo el actual, que en mayo firmó el primer punto de la agenda de diálogos sin que el ELN se hubiera comprometido a nada a cambio, ni siquiera a suspender el secuestro económico».
De ahí que el ataque provocó tanto estupor, enojo, desazón, pero no una completa sorpresa porque hace siete meses estaba en un limbo la mesa de diálogo.
Del optimismo a la desconfianza
El primer indicio de que las expectativas iniciales podían caer en el pantano del escepticismo llegó hace casi un año cuando, en pleno cese al fuego bilateral, decretado en julio de 2023, un comando insurgente secuestró a Luis Manuel Díaz, padre de la gran estrella del seleccionado colombiano, Lucho Díaz. La captura se extendió por casi dos semanas, suficientes como para extender un manto de desconfianza hacia un ELN reticente a cumplir con la exigencia de ponerle fin a ese tipo de actividades extorsivas. El 20 de febrero de 2024, el ELN congeló en los hechos las conversaciones alegando «incumplimientos» que el Gobierno desmintió con elocuencia y suspicacia. Se negó a responder al llamado del Ejecutivo a extender el plazo de silenciamiento de las armas, que venció en agosto. Lo que se exigió para volver a negociar fue considerado inaceptable para Petro: sacar al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). Desde entonces, señalaron distintos medios, entre las agencias de inteligencia del Estado había alerta por posibles acciones terroristas en Bogotá.
El horizonte se ve obturado a pesar del mensaje levemente conciliador de Petro: «Aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz».
La respuesta no convenció al Ejecutivo. «Aun en medio de las operaciones militares pueden continuarse los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción», dijo no obstante el comandante del ELN, Antonio García. Los analistas se preguntaban si el Palacio Nariño podía esperar de la insurgencia una señal más contundente sobre su voluntad de no echar por la borda estos dos años de negociaciones y si los propios colombianos encuentran razones para confiar en las posibilidades de éxito del camino emprendido. «El ELN le ha dado la razón a quienes han dicho que no tiene ninguna voluntad de paz», sostuvo León Valencia, director de la oenegé Pares, un antiguo comandante de esa guerrilla que entregó las armas en 1994.
Desconfianza y rechazo
«El país y la sociedad ya no aguantan que un grupo armado ilegal como el ELN presione al Gobierno con estos métodos y con estas acciones terroristas para la continuidad de una mesa», dijo Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz. Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte planteó a El Espectador una hipótesis más inquietante: «La guerrilla puede haber percibido que el Gobierno desgastó su capital político y eso en la práctica hace que no exista ninguna posibilidad de garantizar el cumplimiento de lo acordado».
Según el politólogo Jorge Mantilla, Petro necesita acelerar el proceso de negociación con la disidencia de la guerrilla. «Explorar y explotar las tensiones internas que seguramente provocará un eventual rompimiento del proceso al interior del ELN». Si eso no funciona, todo puede ser peor. Señala al respecto Mantilla: «las voces que más resuenan en el país son las de quienes llaman a la guerra total con el agotado discurso de cero concesiones al terrorismo, o la de quienes llevados por la candidez sin límite insisten en que hay que mantener el diálogo. Ambas perspectivas demuestran un desconocimiento sobre quién es el ELN, cómo opera y cuáles son sus debilidades».
El espejo venezolano
En un punto, la crisis en las negociaciones se mira en el espejo del conflicto interno venezolano. Nicolás Maduro es garante del proceso y conocedor al dedillo de las actividades del ELN a ambos lados de la porosa frontera común. Petro, en tanto, ha propiciado las negociaciones entre el madurismo y la oposición que terminaron en el fracaso. El presidente colombiano ha tomado distancia del Palacio de Miraflores al poner en duda los resultados de las elecciones que lo dieron por ganador. Los vínculos no atraviesan su mejor momento. De ahí que se haya señalado en Bogotá que la negociación con la guerrilla no avanzará lo suficiente mientras persistan los graves problemas políticos en el vecino país.
Mientras se esperan señales de encauzamiento, el Estado enfrenta el desafío de la presencia del ELN en regiones como Arauca, Chocó, el sur de Bolívar y Antioquia. En algunas comunidades han tenido lugar hechos de violencia e incluso combates con las disidencias de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016 y los narcotraficantes del Clan del Golfo.
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