Han pasado 15 años desde la última vez que el Partido Laborista celebró su conferencia anual ostentando el poder en el Reino Unido. Es quizás por este motivo que muchos de sus miembros esperaban con emoción un cónclave que debía cerrar filas en torno a su líder, el primer ministro Keir Starmer, y reforzar el mensaje de cambio tras más de una década de gobiernos del Partido Conservador. Pero la cita anual de la militancia se presenta en el momento menos oportuno para la formación, con un Starmer criticado por las donaciones recibidas como jefe de la oposición y primer ministro, un grupo parlamentario que ya ha evidenciado las primeras brechas internas y un futuro inmediato nada alentador para el país en términos económicos.
Estas son las cinco claves de una conferencia que comienza este domingo y que debatirá el futuro del país hasta el próximo miércoles.
Las polémicas donaciones recibidas por Starmer, principalmente en su etapa como líder de la oposición, han caído como un jarro de agua fría en algunos sectores de su partido e incluso de su propio Gobierno. A pesar de que gran parte de estas donaciones están declaradas desde hace tiempo y de que no hay ninguna investigación en marcha, algunos parlamentarios laboristas consideran que el mensaje de cambio y renovación defendido por el primer ministro durante la campaña electoral y tras la victoria en las elecciones no es compatible con la aceptación de regalos de donantes. O, al menos, no en las cantidades reportadas por el premier británico, superiores a los 120.000 euros en los últimos cinco años. Para intentar zanjar la polémica, Downing Street anunció el viernes que el jefe del Ejecutivo ya no aceptará más donaciones para comprar ropa.
Algunos ministros de Starmer, entre ellos el ministro de Exteriores, David Lammy, o el ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, han defendido las donaciones asegurando que se trata de una práctica habitual que ayuda a los líderes políticos a sufragar los gastos de representación y que es “parte del trabajo”. Pero otros miembros del Ejecutivo no han sido tan contundentes, entre ellos la secretaria de Estado de Interior, Angela Eagle, quien al ser preguntada sobre por qué Starmer no se compraba sus propias gafas, aseguró que ella no es “responsable de las decisiones del primer ministro”.
Algunos miembros del partido consideran que las donaciones dan un mal ejemplo en un momento de dificultad económica en el país, un momento que según el Ejecutivo obligará a tomar decisiones difíciles en los próximos meses.
El primer ministro ya alertó de que el próximo presupuesto de octubre será “doloroso”. El Gobierno ha anunciado su intención de recortar el gasto público y de subir algunos impuestos, aunque ha insistido en que no tocará los tributos más sensibles para las clases trabajadoras, entre ellos el impuesto de la renta, el IVA o las contribuciones a la Seguridad Social.
Pero las primeras medidas anunciadas por Starmer y por la ministra de Economía, Rachel Reeves –entre ellas la decisión de mantener las limitaciones en el acceso a prestaciones sociales para las familias a partir del tercer hijo o la eliminación de las ayudas en el pago de la calefacción y de la electricidad para la gran mayoría de los pensionistas–, son una muestra de que no sólo los más ricos se verán perjudicados por la delicada situación de las arcas públicas británicas. Una decisión que ha generado tensiones internas y que ocupará parte del debate en el cónclave del partido.
El Ejecutivo insiste en que la toma de decisiones difíciles para contener el gasto se debe al agujero económico heredado del anterior Gobierno conservador, estimado en cerca de 26.000 millones de euros. Las críticas a la deficiente gestión de los ‘tories’ serán una constante en la conferencia de este año, en un intento de justificar la política económica adoptada por Starmer, pero algunos diputados de su propio partido ya han mostrado públicamente su descontento con la dirección.
Siete miembros del grupo parlamentario laborista fueron suspendidos durante seis meses tras votar con la oposición a favor de recuperar las prestaciones sociales para las familias a partir del tercer hijo, un tema que ha sido objeto de debate en el partido durante años. Otros también escenificaron su descontento con la eliminación de las ayudas para los pensionistas en una votación en la Cámara de los Comunes a principios de septiembre. Más de 50 diputados laboristas –de un total de 404– se abstuvieron en esa votación y uno votó en contra, aunque en esta ocasión no hubo represalias por parte de la dirección del partido. Aún así, existe una creciente preocupación en el ala más izquierdista por el rumbo que el Gobierno tomará en los próximos meses en el plano económico.
Las discrepancias en el grupo parlamentario no son las únicas que han marcado los primeros meses del Gobierno laborista ni tampoco serán las únicas que se comentarán en los pasillos del Centro de Exposiciones de Liverpool. En las últimas semanas también se han evidenciado las tensiones en el círculo más cercano del primer ministro, especialmente con su jefa de Gabinete, Sue Gray, quien ha sido acusada de acaparar poder e influencia a base de relegar a otros miembros destacados del equipo de Starmer.
La última polémica ha salido a la luz esta misma semana, cuando la BBC reveló que Gray tiene un sueldo de 170.000 libras anuales (más de 200.000 euros), una cantidad ligeramente superior a la percibida por el propio primer ministro, de 167.000 libras anuales. La noticia, filtrada a la cadena pública británica por fuentes de Downing Street, ha puesto en evidencia el recelo que Gray genera en una parte del equipo de asesores y altos funcionarios del Gobierno poco más de dos meses después de la llegada de los laboristas al poder.
A pesar de la aparición de las primeras grietas internas en el partido, la holgada mayoría obtenida tras las elecciones ha dado a Starmer el crédito suficiente para mantener su liderazgo sin grandes sobresaltos. El primer ministro quiere aprovechar la conferencia laborista para lanzar un mensaje de esperanza a los suyos, más allá de las dificultades actuales, y presentar un proyecto a largo plazo centrado en el crecimiento económico y en la mejora de los servicios públicos.
Una de sus primeras decisiones ha sido cerrar un acuerdo con los sindicatos que seguían en huelga –entre ellos los médicos residentes– y poner fin a uno de los principales obstáculos que entorpecen el correcto funcionamiento de la sanidad pública y ralentizan el crecimiento económico. Starmer se ha propuesto «reconstruir» el país con inversiones en vivienda e infraestructuras, con la creación de una empresa pública de energía y con la nacionalización de los ferrocarriles. Un proyecto que quiere llevar a cabo en 10 años y que requerirá de una nueva victoria electoral en 2029. El primer paso para conseguirlo será mantener unido a su partido.
